¡Atención! Suspenden licencia de tránsito a 977 vehículos de carga

El gobierno colombiano no estaba cañanando cuando anunció que cancelaría licencias de transito, operación y conducción a las empresas, vehículos y conductores que obstruyeran vías e impidieran el libre tránsito de personas en todo el país.

Hoy anunció la suspensión de las primeras 977 licencias de tránsito a igual número de vehículos, 321 licencias de conducción y anrió proceso contra los gremios que organizan la protesta.

La Supertransporte ordenó la medida preventiva luego de analizar los informes de la Policía de Tránsito y Transporte, en los que se evidencian vehículos obstruyendo y bloqueando vías durante las últimas semanas en algunos puntos del país.

Para evitar la obstrucción y el bloqueo de vías, así como la alteración en la prestación del servicio público de transporte en todo el país, la Superintendencia de Puertos y Transporte ordenó suspender las licencias de tránsito de 977 vehículos de carga cuyas infracciones fueron registradas y remitidas a la entidad por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

“Esta medida preventiva se extenderá mientras persista la alteración en la prestación del servicio público de transporte y hasta tanto no se supere la afectación de la movilidad en las vías públicas en todo el país”, indicó Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte.

El listado con las 977 placas –que puede ser consultado en el portal www.supertransporte.gov.co– fue remitido al Ministerio de Transporte, con el fin de realizar el registro de estos vehículos en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

El Superintendente Jaramillo advirtió que bloquear las vías es una infracción de tránsito, ya que se impide la libre movilidad. El funcionario agregó que hacer uso indebido de las bermas viales también es una conducta que se está sancionando con esta medida.

Investigación a conductores y propietarios de vehículos

El análisis de comparendos emitidos por la Ditra permitió a la Supertransporte ordenar medidas cautelares consistentes en la suspensión de la licencia de conducción –mientras persistan los bloqueos viales– a 321 conductores de vehículos de carga vinculados a infracciones que presuntamente alteraron la movilidad en el país durante el último mes.

Además, la entidad abrió investigaciones en contra de seis propietarios de vehículos de carga que presuntamente facilitaron la violación de las normas de transporte al obstruir las vías públicas –infracciones documentadas– impidiendo así la prestación del servicio público de transporte de carga, valiéndose de la infraestructura de transporte para afectar el derecho a la movilidad.

Los propietarios de vehículos de carga investigados se exponen a sanciones hasta de $482 millones.

Gremios de transporte de carga, investigados por presunta afectación en la prestación del servicio

La Superintendencia de Puertos y Transporte investiga a gremios de transporte de carga por convocar, promover, facilitar e incitar a empresas y propietarios de vehículos de servicio público de transporte terrestre de carga –y demás personas que utilizan la infraestructura de transporte– a abstenerse de prestar el servicio e impedir su prestación por parte de otros.

Hasta el momento, una vez evaluadas las pruebas recaudadas por la Supertransporte se halló mérito para abrir investigación en contra de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), y se espera que en los próximos días se abran nuevos procesos administrativos, luego de finalizar la revisión de todo el material probatorio.

“Hay muchas empresas de transporte de carga que quieren trabajar, pero están siendo amenazadas si cumplen con su obligación de salir a prestar el servicio por las vías del país. No vamos a permitir que eso siga sucediendo”, advirtió Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte.

Jaramillo enfatizó que el Gobierno Nacional respeta el libre derecho a la protesta social, pero no puede permitir que se alteren la prestación de este servicio público de transporte ni la movilidad –derechos fundamentales de todos los ciudadanos– en ningún lugar del país.

Los gremios infractores se exponen a una sanción hasta de $482 millones, si una vez finalizada la investigación se comprueba que facilitaron la afectación del servicio público de transporte terrestre de carga en Colombia.