Corte Constitucional avala pensión para invalidez de aviadores civiles

En comunicado emitido el pasado 27 de junio de 2016, la Corte Constitucional de Colombia determinó que no hubo exceso en el desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas por la ley 100 de 1993, para ajustar y armonizar el régimen de pensiones de los aviadores civiles y tampoco vulneró el debido proceso ni el derecho a la igualdad.

La Corte estableció que no se vulneraba el derecho a la igualdad entre los aviadores civiles y la generalidad de los afiliados al sistema de pensiones, en cuanto se refiere a la pensión de invalidez por pérdida de la licencia de vuelo, la cual equivale a una incapacidad del 100 por ciento. Advirtió que “se trata de dos grupos de personas cuyos regímenes pensionales en principio no son comparables; si bien ambos son trabajadores beneficiarios de la pensión de invalidez por pérdida de la capacidad laboral, pertenecen a regímenes pensionales distintos”.

La Corte encontró que el trato diferenciado aplicado al aviador civil en materia de pensión de invalidez está justificado y la imposibilidad de continuar piloteando aeronaves, dado que la pérdida de la licencia significa una exclusión de la profesión, permite hablar de una verdadera incapacidad absoluta.

Las normas acusadas fueron los artículos 11 y 12 del Decreto 1282 de 1994, por el cual se establece el Régimen Pensional de Aviadores Civiles y la Junta Especial de Calificación de Invalidez respectivamente, y el artículo tercero del Decreto 1302 DE 1994, por el cual se adiciona el Régimen Pensional de los Aviadores Civiles.

En el artículo 11 del Decreto 1282 de 1994, se considera inválido a un aviador civil si éste pierde su licencia para volar por causa de origen profesional o no profesional, no provocada con intención, lo que le impide ejercer la actividad de la aviación. Esta situación es definida por la Junta Especial de Calificación de Invalidez, la cual está conformada por un representante del Gobierno Nacional, uno del gremio que agrupa los aviadores civiles y uno de sus empleadores, de ternas de expertos de medicina aeronáutica presentadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) y la Asociación de Transportadores Aéreos Colombianos (Atac).

Por su parte, el artículo tercero del Decreto 1302 de 1994, afirma que la invalidez de la que trata el artículo 11 del Decreto 1282 de 1994, se considerará como incapacidad laboral del 100 por ciento.

Frente a los Decretos 1282 y 1302 de 1994, la decisión de la Corte Constitucional fue declararlos exequibles, es decir, vigentes y ceñidos a la constitucionalidad de las normas que concedieron las facultades extraordinarias para su expedición.

La corporación debía resolver cuatro cargos de inconstitucionalidad: los dos primeros, relativos a la conformidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 1282 de 1994 y del inciso primero del artículo 3º del Decreto 1302 de 1994, para armonizar y ajustar las normas sobre pensiones que rigen para los aviadores civiles.

El tercer cargo, con respecto a la garantía del debido proceso, donde se especifica la declaración del estado de invalidez en única instancia por parte de la Junta Especial de Calificación de Invalidez. En el cuarto cargo, la Corte analizó el establecimiento de que la pérdida de la licencia para volar genere la incapacidad laboral del 100 por ciento.

La normatividad internacional y nacional sobre las licencias de vuelo destaca la importancia de la seguridad que debe brindar el profesional que conduce una aeronave. Por esta razón, para la Corte es evidente el ajuste y la armonización del régimen de pensiones de los aviadores civiles, respecto a la ley 100 de 1993, acorde con la situación particular del ejercicio de su profesión.