Nuestra campaña por el No

Por: Álvaro Uribe Vélez.–

El Gobierno, las mayorías del Congreso, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral pretenden que la ciudadanía vote por el Sí al Plebiscito a partir de suprimir el derecho eficaz a la abstención, que carecerá de espacios oficiales de publicidad. Me parece que fue ayer cuando en 2003, grupos de maestros, con todas las garantías, hacían publicidad televisiva por la abstención contra nuestro referendo que reducía el gasto público, recortaba el número de congresistas y combatía la corrupción. En este Plebiscito también niegan el derecho de votar en blanco que carecerá de renglón en el tarjetón.

Solamente nos queda la opción de decir Sí a la paz votando No al Plebiscito. Es una reacción de coraje de la sicología colectiva que considera que el Plebiscito trae una paz de corta vida, con riesgos de derogación, como en El Salvador, cuyo proceso fue respaldado de manera unánime en la Comunidad Internacional, con Naciones Unidas a la cabeza, a pesar de lo cual la ley de impunidad total de 1993 cayó hace pocas semanas. El Salvador vive afectado por una de las tasas de violencia más altas del mundo. Los gobiernos de la ex guerrilla han paralizado la economía. Este caso acredita que los responsables de delitos atroces se quedan sin refugios en el planeta.

Es una reacción de coraje de quienes sin opciones debemos votar No al ilegítimo Plebiscito. Ilegítimo porque solamente trae una pregunta y baja el umbral del 50% al 13%, con la disculpa que será por una sola vez y con el precedente de que después harán algo parecido para el ELN, las bandas criminales o cualquier invento dictatorial.

Plebiscito ilegítimo que con una sola pregunta prohíbe a los ciudadanos decir que quieren la paz, pero rechazan la impunidad.

Plebiscito ilegítimo que con una sola pregunta utiliza el estandarte cautivante de la paz para que en su nombre los ciudadanos tengan que aceptar condiciones al terrorismo generadores de nuevas violencias.

Aprobar el ilegítimo plebiscito no evita la decisión del Gobierno de sumarle más impuestos a una comunidad agobiada por una administración presidencial incapaz de rectificar a fondo, que cambió la confianza de inversión por el populismo tributario y abandonó el diálogo popular por la claudicación ante el terrorismo. Gobierno incapaz de rectificar a fondo, que derogó la austeridad e implantó el derroche, que con la amenaza de las nóminas burocráticas y los fusiles intimidantes del terrorismo en acuartelamiento, pretende nuevamente coaccionar la voluntad electoral.

Negar el ilegítimo plebiscito daría luz verde a restablecer la confianza de las Fuerzas Armadas de la Democracia, necesaria para recuperar la seguridad, a través de un alivio judicial para sus integrantes, sin impunidad, sin igualarlos al terrorismo y sin exponerlos a ellos ni a los civiles a reconocer un delito, incluso no cometido, para evitar el riesgo de ir a la cárcel por sentencia del Tribunal de la FARC, cuyos jueces serán nominados por entidades y de acuerdo con los perfiles convenidos entre las partes de La Habana.

De las reiteradas declaraciones de los cabecillas de la FARC queda claro que con este Tribunal pretenden el protocolo de su absolución y el encarcelamiento de soldados, policías y civiles que les han estorbado el propósito de destruir a Colombia.

En lugar de reformar a nuestra justicia crean en su remplazo el Tribunal de la FARC; en lugar de generalizar la segunda instancia en nuestras cortes, con la justicia del efecto retroactivo, este Tribunal será de única instancia. Tendrá atribuciones para sustituir a la Procuraduría y a la Contraloría. Con la provisión de impedir la revisión futura de sus fallos se incurre en la pretensión inaceptable de negar el principio universal e intemporal de la favorabilidad.

Aprobar el ilegítimo Plebiscito equivale a aceptar la impunidad total, que en lugar de disuadir al crimen lo consagra campeón y sienta el ejemplo para más y nuevas violencias. Por respeto a la comunidad colombiana, a su reputación internacional, por los valores de familia, el Gobierno que presidí extraditó casi 1200 personas por el delito de narcotráfico. Lo hicimos en el pensamiento de evitar a las nuevas generaciones el señalamiento de la permisividad frente al narcotráfico. Pero resulta que el Gobierno acepta que en el caso de la Farc, el cartel de cocaína más grande del mundo, este delito, financiador de las mayores atrocidades, se considere político, esto es, sin extradición para los máximos responsables, sin cárcel doméstica y siempre con elegibilidad política.

Y la impunidad premia masacres, carros bomba y delitos como el reclutamiento de niños y los vejámenes relacionados.

En las cárceles colombianas hay muchas personas por actos sexuales abusivos, nuestra legislación se ha endurecido en busca del respeto a la mujer y al niño.

Contrasta lo anterior con la impunidad total a la FARC, que deja sin cárcel a los máximos responsables de violación de niñas, obligadas a entregar sus cuerpos a los cabecillas, embarazadas y con fusiles presionadas a abortar.

Y el Gobierno suma a esta tragedia la propuesta de confundir la tolerancia y el respeto con el adoctrinamiento de la supuesta libertad sexual del niño, negando que la decisión sexual depende de la naturaleza y que la familia, su ejemplo y sus valores, son imprescindibles.

Rechazamos el ilegítimo Plebiscito que acepta que la política de género, de defensa de la mujer y de las minorías, se negocie con la FARC que se ha distinguido por la violación a la mujer y la destrucción de la familia.

El Gobierno dice que hay justicia porque investigarán, juzgarán e impondrán sentencia en estos casos atroces. Pero oculta que no habrá cárcel para aquellos que acepten la responsabilidad, y siempre gozarán de elegibilidad, todo lo cual equivale a amnistía o indulto prohibidos para delitos de lesa humanidad. El estatuto de la Corte Penal Internacional exige reclusión para estos delitos. Por su lado la Convención Americana de Derechos Humanos exige sanciones severas. Las ambiguas restricciones de vivienda y de movilidad,  que se contradicen con la libertad que predica la FARC para hacer política, en los textos acordados están expresamente excluidas de cárcel o de medida de aseguramiento.

En resumen, para los delitos de lesa humanidad no hay reclusión, no hay sanción severa, no hay cárcel, no hay pena adecuada, lo que hace que la justicia disfrazada no sea justicia.

Nosotros aceptamos que los guerrilleros rasos no vayan a la cárcel, que sean objeto de una reinserción solidaria y generosa. Pero la falta de cárcel, así sea de tiempo reducido, para los máximos responsables, será la partera de nuevas violencias y creará riesgo jurídico a la estabilidad de los acuerdos, sin que exista período de prescripción que pueda subsanarlo.

Los cabecillas que se desmovilizaron entre 2002 y 2010 fueron a la cárcel, otros que escogieron continuar en el crimen serán premiados sin cárcel; qué esperar hacia adelante!

Decían mis contradictores que ocho años de cárcel a los paramilitares era muy poco, tenían razón, sin embargo, hoy muchos defienden cero cárcel para la FARC. No hay teoría política ni interpretación sociológica capaz de demostrar que las masacres de los unos son buenas y malas las de los otros.

La impunidad declara el triunfo del crimen que aumenta el desprecio por la ley, humilla a las víctimas y el dolor se acompaña de rencor, que no de perdón.

Votar No al ilegítimo Plebiscito es evitar la elegibilidad política de criminales responsables de delitos de lesa humanidad, es evitar que quienes asesinaron a la comunidad de Bojayá se conviertan en sus autoridades. Nuestra democracia ha vivido en permanente mejoramiento, la guerrilla pidió la elección popular de alcaldes y de gobernadores, tan pronto se incorporó empezaron la coacción y el asesinato de las autoridades elegidas. ¡Qué le dirán a quienes carecen del derecho de elegibilidad como los miles de presos que en promedio han cometido delitos menos graves que los de FARC, como los políticos que han perdido la investidura o los paramilitares que tampoco pueden ser elegidos! Nuestra democracia merece no premiar con elegibilidad a quienes la han bañado en sangre.

No entendemos que quienes sufren y combaten al terrorismo en Estados Unidos, Francia, Bélgica, acepten la impunidad y la elegibilidad del Acuerdo de La Habana. ¿Por qué políticos y medios de comunicación de España presionan darle a FARC la impunidad que nunca dieron a Eta?

Votar Sí al ilegítimo Plebiscito es aceptar que FARC, el tercer grupo terrorista más rico del mundo, no aporte un solo centavo para reparar a las víctimas, haga política con caudales de dinero ilegal y compre las armas que remplacen a las entregadas.

Está bien que se hable de entrega de armas, pero hoy promueven sus acuerdos con uniformes y armas, siguen en la extorsión, ejercen control territorial, continúan en el narcotráfico, y con su dinero podrán adquirir cualquier armamento. Los plazos indican que el Plebiscito coincidirá con la FARC armada. Y hay temas que parecen menores pero flagelan el corazón de muchos colombianos como los monumentos que serían construidos con las armas entregadas.

En cuanto a las zonas de concentración nos oponemos a que operen en sitios como el Catatumbo, allí la FARC somete a la comunidad desprotegida, impone el narcotráfico y aprovecha el corredor de frontera que la refugia en la tiranía vecina. Nos oponemos a que las zonas de concentración sean establecidas en zonas como Ituango, allí la FARC se nutre del narcotráfico, de la minería ilegal y de la extorsión a los ingenieros que construyen las obras carreteables, complementarias de la hidroeléctrica.

En cuanto a las zonas de concentración nos oponemos a la presencia de soldados castristas, la dictadura cubana estimuló las guerrillas colombianas hasta que éstas se enriquecieron con el narcotráfico y tuvieron autonomía, también ha invadido a Venezuela y asesora a la tiranía de Maduro para enfrentar la crisis humanitaria con el escalamiento de la represión.

Preguntamos: ¿Por qué la vigilancia de la comunidad internacional prescinde de la OEA? ¿Será por el designio chavista de remplazarla por la CELAC, institución que excluye a Estados Unidos y a Canadá?

Las zonas de concentración no pueden ser los enclaves socialistas anunciados por los voceros de la FARC.

¿Qué pasará con los milicianos urbanos de la FARC, irán a las zonas de concentración?

¿Por qué mientras no hay claras garantías para la población civil, se eleva a la FARC a la categoría de socio del Estado, o grupo paramilitar para combatir paramilitares?

La mezcla de instituciones con criminales con el pretexto de combatir a otros criminales es autorización a que cada quien se sienta autorizado a ejercer violencia.

Votar si al ilegítimo Plebiscito es labrar un porvenir entre el mínimo progreso o la destrucción como en Venezuela, donde hay más pobreza que en 1998 cuando empezó el Socialismo Siglo XXI, doctrina política que en Colombia el terrorismo no pudo imponer por las vías del asesinato y del secuestro.

La destrucción de Venezuela empezó con el indulto al golpista Coronel Chávez, su elección y la imposición de su socialismo, que como candidato ocultó. Sin embargo, la FARC no oculta su doctrina de Socialismo Siglo XXI. Todo terrorismo exhibe fachada ideológica. Y el Gobierno le allana el camino. En efecto, nuestras libertades de iniciativa privada han sido puestas en negociación en el preámbulo de los acuerdos, en la carta presidencial de disposición de analizar el chavismo, bastante celebrada por la FARC, en las referencias a la minería, al comercio, a la agricultura. La ley de tierras, cuota inicial a la FARC, ha desatado una lucha a “machete” y muchos  propietarios se niegan a devolver lo adquirido de buena fe. El medio ambiente y la adecuada explotación se esgrimen como disculpas como apoderar a la FARC como co-gobierno en el agro. Y nos quieren hacer olvidar que ha sido su verdugo. Las zonas de reserva campesina condenan al campesino a ser siempre pobre, a carecer de socios que promuevan agro industrias. Han sido paraísos de narcotráfico y feudos de fusiles terroristas. Dejarán de ser discrecionales y pasarán a ser obligatorias en virtud de los acuerdos. El fondo de tierras no excluye propiedades de personas honestas del campo, que si las presionan harán fila en las oficinas públicas para vender sus inmuebles, con el costo de reducir más los decrecientes sectores productivos del campo.

El Socialismo chavista expropió el emprendimiento productivo y dejó a Venezuela sin alimentos, con rastrojos improductivos, sin industrias básicas ni estratégicas, con escasez crónica por falta de exportaciones. Anularon la economía privada y el petróleo no les alcanzó. Todavía peor, Venezuela ha pasado de la crisis económica a la crisis humanitaria.

Votar No al ilegítimo plebiscito es notificar al Gobierno que el agravamiento de los problemas nacionales, a consecuencia de sus decisiones, no se soluciona dejando a Colombia bajo conducción de la FARC.

Votar No al ilegítimo Plebiscito es iluminar el camino del progreso social de la Nación a través de la seguridad, el empuje del emprendimiento privado incluyente e innovativo, todo acompañado de educación universal, de calidad, y de la transparencia en la actividad pública y privada. Es iluminar el camino de la solidaridad que es la pareja inseparable del crecimiento económico.

Para reivindicar a nuestros campesinos no requerimos el Gobierno del narcoterrorismo sino el Gobierno de la democracia, de las libertades, que es superior a las elecciones compradas, controladas y con los fusiles ordenando a los votantes.

El Socialismo chavista expropia la libertad de prensa, el Gobierno de Colombia con contratos paga a algunos periodistas, con amenazas trata de atemorizar a otros.

Aseguran que el Gobierno no es castro chavista, creo que su acervo doctrinario no lo es, sin embargo lo permite y le abre al terrorismo las avenidas del 2018 y por tarde las del 2022. Todo en su afán de lucimiento y de oscurecer tanto desacierto.

Votar No al ilegítimo Plebiscito es rechazar que el Gobierno y la FARC se auto designen constituyentes, con la aprobación previa del Congreso a la pretensión de elevar los acuerdos a Norma Constitucional inmodificable. Para ello han publicado que utilizarán los Acuerdos de Derecho Humanitario de Ginebra, no obstante que estos son para mitigar la crueldad en los enfrentamientos, no para aprobar lo Divino y lo humano que el Gobierno le ha concedido a la FARC. ¡Qué injusticia utilizar los Acuerdos de Ginebra para intentar asegurar la impunidad a la FARC que en su violencia se ha negado a cumplirlos como lo acreditan secuestros a aviones comerciales, a pasajeros de ambulancias o ataques utilizando seres humanos con collares bomba, etc, etc!

Negar el ilegítimo Plebiscito permitirá escribir una memoria histórica que reconozca, como dijera Alberto Lleras, que la Nación “ha tenido ruinas y cimientos, que nuestros padres han vivido, trabajado y sufrido sobre ella”. Cosa distinta a la memoria histórica que se avecina a desconocer que esta democracia ha construido progreso a pesar del terrorismo; memoria histórica próxima a decir que la luz se hizo por el Acuerdo, que en nombre de la Paz, pone a Colombia en la senda del fracasado Socialismo siglo XXI.

Compatriotas:

Con mis errores y faltantes los gobiernos que presidí avanzaban en seguridad, inversión y política social. Desmovilizamos a 53 mil integrantes de paramilitares y guerrillas, sin impunidad, sin alterar las reglas de elegibilidad, sin negociar la agenda nacional, todo lo cual hacía innecesaria la consulta plebiscitaria con sus tentaciones de engaño.

En esta causa de la paz estable, a partir del No al Plebiscito, seremos obreros al lado de campesinos y agricultores, de trabajadores que saben que la tiranía de Venezuela no es el camino; al lado de aquellos empresarios que se niegan a vender el lazo a quien pretende ahorcarlos.

En esta causa seremos alegres obreros en el empeño de una batalla dura, de difíciles presagios y presiones indebidas para enfrentar el riesgo que nunca pensamos el Gobierno actual pudiera crearle a Colombia.

El camino de los años nos da luces para mantener el mismo nivel de compromiso con más claridad en las acciones y objetivos, y con la ilusión en las virtudes de quienes asumen la tarea de conducir estas banderas.

Con entusiasmo patriótico emprendemos otro Viaje a Pie, en el ejemplo de Fernando González o de aquel de La Vorágine, desde La Guajira hasta el Amazonas, desde la piedra del Cocuy hasta Cupica en el Pacífico. Y cruzando el archipiélago de San Andrés, defendido por el Gobierno sin fortaleza por el temor a la alianza entre Maduro, Daniel Ortega y la Farc.

Será otra integración con los colombianos como lo hemos hecho en el diálogo para solicitar las firmas de la Resistencia Civil, Pública, Pacífica, Argumentada, Persistente, que nos dio la oportunidad de ratificar en cada compatriota la razón que explica que el país no se hunde a pesar del Gobierno.

Será otra oportunidad de caminar por las calles y caminos de Colombia, como en las marchas del dos de abril, sin dejar rasguños en las paredes ni heridas en las memorias de los ciudadanos:

Escribió Fernando González que “La vida no es un sueño, es un viaje: un viaje a pie. Y para viajar hay que estar despierto, ¿no?” .

Para este viaje tenemos que curarnos la costumbre de dormir para no tener la peste de los 56 años del Castrismo, o los 16 del Chavismo, que se han sentido más extensos que los Cien Años de Soledad.

Votar No al ilegítimo Plebiscito  y reorientar el diálogo contribuiría a dar confianza a ciudadanos, que por obra del Gobierno y temores a La Habana, emprenden viaje al extranjero, con sus haberes, además. Varios alcaldes de Estados Unidos afirman que hasta hace tres años despachaban colombianos, con sus recursos, de regreso al país, y que ahora los reciben en flujo a la inversa.

Negar el ilegítimo Plebiscito permite reorientar el diálogo, darle garantías a la Nación entera y también a la FARC. La FARC concentrada, cumpliendo la promesa de cesar el delito y rodeada de garantías, facilitaría que la reorientación del diálogo avance y que la Nación pueda dedicarse a trabajar, a producir, a generar empleo de calidad y a superar tantas dificultades.

Emprendemos la campaña por el No al Plebiscito porque con la impunidad no muere el odio sino que nacen más violencias; porque estas niegan a las víctimas el derecho a la no repetición de la tragedia; porque la FARC con sus delitos premiados, justificados y sin arrepentimiento, impide a muchos colombianos sentir el alivio espiritual del perdón.

Manos a la obra, pulso y buena letra.

Álvaro Uribe Vélez

 

Bogotá, 3 de agosto de 2016

 

 

 

About [email protected]

View all posts by [email protected]