Nuestra principal propuesta: Un Acuerdo  Nacional para la Paz

Por: Álvaro Uribe Vélez.–

El Centro Democrático, como integrante de la coalición del No, ha entregado unas páginas a los delegados del Gobierno, Bases de un Acuerdo Nacional para la paz, que contienen unos lineamientos generales sobre aspectos de fondo. En las discusiones con el Gobierno, antes del Plebiscito, después, en nuestras publicaciones, hemos hecho propuestas concretas. Hace dos días discutimos varias de ellas con el equipo encabezado por el doctor Humberto de la Calle, mañana jueves está previsto otro encuentro para examinar, frente a frente, puntos concretos de los diferentes capítulos.

En materia de víctimas, de protección de valores de familia, de niños, apoyamos las proposiciones del ex Procurador Alejandro Ordoñez, la senadora Sofía Gaviria, Diana Sofía Giraldo, Herbin Hoyos, los jerarcas católicos y los pastores de las iglesias cristianas.

Con los anteriores compatriotas, y con grupos de trabajo como aquellos que encabezan el ex Presidente Andrés Pastrana, Marta Lucía Ramirez, Jaime Castro y otros, seguiremos en la insistencia para que se corrijan aspectos de fondo de los textos de La Habana.

La prórroga del status de no violencia entre el Gobierno y la FARC, más la positiva voluntad de acompañamiento expresada por Naciones Unidas, es una buena noticia que permite la reflexión sobre los correctivos a temas de fondo de los acuerdos.

Reiteramos que este no es un tema de retoques cosméticos.

En un país de instituciones, como COLOMBIA, la justicia transicional no debe ser de falta de sanción adecuada a los responsables de delitos atroces. Este tipo de justicia debe operar dentro de la justicia ordinaria y definirse de acuerdo con las altas cortes, la fiscalía general y los órganos de control.

La elegibilidad política a los responsables de delitos atroces crea un grave precedente.

Reiteramos el compromiso con los soldados y policías de la Patria, presos o acusados, para que sin igualarlos con la FARC, y sin impunidad, puedan tener la mayor y más pronta libertad posible, y ser objeto de revisión de sentencias que les permitan luchar por la recuperación de la honra.

Los acuerdos de La Habana deben corregir los riesgos a la estabilidad macroeconómica, a la regla fiscal, a la autonomía de alcaldes y gobernadores, a la competitividad, productividad y confianza de la iniciativa privada. Lo acordado en La Habana no puede atentar contra las gentes honestas del campo.

Decimos a los jóvenes que el futuro de oportunidades para ellos  depende de que la paz no afecte los valores democráticos ni la creatividad del ser humano en el contexto de una economía privada pujante.

Nuestra principal propuesta es la construcción de un Acuerdo Nacional que proteja a la FARC y proteja los valores democráticos.

Sin faltar a la prudencia necesaria, recordamos a los colombianos del Sí y a los del No, a quienes se abstuvieron, que la victoria del No, que defendemos sin vacilaciones, evitó que hoy nuestra Constitución estuviera sustituida por las 297 páginas acordadas entre el Gobierno y la FARC, con el agravante de que dichos textos formarían parte del Bloque de Constitucionalidad, o parte de muy difícil modificación.

Lea aquí bases-de-un-acuerdo-nacional-de-paz

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