Ese doble rasero de “la lucha contra la corrupción” en Colombia

Las denuncias sobre el pago de sobornos por parte de la firma brasileña Odebrecht a servidores públicos de distinto nivel para obtener a cambio jugosísimos contratos con el Estado, soportadas en la confesión de quienes los pagaron, tramitaron o recibieron despertaron una inusual ola de indignación en Colombia.

A través de las redes sociales, blogs, artículos y llamadas a los medios centenares de ciudadanos de a pie y líderes de opinión claman por castigo ejemplar para los responsables e invitan a sus audiencias a no reelegir a los políticos involucrados.

Es tan fuerte la indignación contra los corruptos que algunos de ellos desde entidades gubernamentales, legislativas y judiciales se han sumado a la ola de protesta como si el asunto no fuera con ellos.

El expresidente, Ernesto Samper dice estar muy preocupado por el ingreso de dineros de Odebrecht a las campañas del Presidente, Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga en las elecciones de 2014. Como si al país ya se le hubiera olvidado que él fue elegido Presidente en 1994 tras recibir millones de dólares del narcotráfico.

Que políticos corruptos funjan como adalides de la lucha contra la corrupción no sorprende en Colombia. El cinismo de nuestros dirigentes es tan habitual como el doble rasero que nuestro sistema de justicia aplica cuando de investigar y castigar a delincuentes de cuello blanco se trata.

La valoración de pruebas testimoniales, por ejemplo, depende de la calidad de acusado y no de la veracidad de los hechos denunciados. Si un testigo compromete a líderes de la oposición su versión es aceptada como una prueba irrefutable y suficiente para aplicar sanciones ejemplarizantes y a cambio se le reconocen recompensas y beneficios.

Si, por el contrario, el mismo testigo compromete a miembros del gobierno o alguno de sus amigos la versión es descalificada por imprecisa, insuficiente o por haber sido aportada por un “delincuente” que busca beneficios personales.

Ni hablar de los hechos que son un delito grave cuando se le atribuyen a miembros de la oposición o críticos del gobierno, pero se convierten en simples infracciones cuando las cometen agentes gubernamentales, parlamentarios de su bancada o gerentes de sus campañas electorales.

En un Estado en el que la separación de poderes es muy difusa y cuyas cabezas se amangualan para protegerse unos a otros ese doble rasero se explica, pero no se justifica. Esa falla en los pesos y contrapesos del poder debilita la democracia y la confianza del pueblo en sus líderes e instituciones.

Pero no es el Estado el único que está fallando. También los medios de comunicación.

Desde el Proceso 8000, como se llamó a la financiación de Ernesto Samper por el narcotráfico, medios y periodistas cayeron en la trampa de tomar partido a favor o en contra de los gobernantes de turno a todo nivel por simpatía personal, afinidad política, intereses políticos, económicos o comerciales.

Fue entonces cuando aparecieron prácticas contrarias al libre ejercicio de las libertades de información y expresión como la censura o la autocensura directa o disimulada. La descalificación y veto de columnistas y analistas. El despido de reporteros y periodistas. El cierre de periódicos, revistas y programas de radio y televisión.

Poco contribuyen a la democracia y la libertad de prensa dueños, directores, editores o reporteros para quienes la transparencia depende del cristal con que se mire o creen que el equilibrio informativo consiste en asumir el papel de jueces y fiscales y transformar los medios en tribunales para absolver a los amigos de sus amigos y condenar a los enemigos de sus amigos sin más formula de juicio.

Mientras en Colombia el Gobierno, el Congreso, la Justicia y los Medios de Comunicación sigan aplicando ese doble rasero, no importa lo que digan y prometan, la lucha contra la corrupción no será más que una colección de frases de cajón, eslogan y clichés propios de una campaña electoral como la que acaba de empezar.

 

 

 

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