Entre víctimas y revictimización

Por: Carlos Alberto Baena López

Bogotá, 18 de abril_ RAM_ Uno de los debates sociales y humanitarios más importantes que debe asumir el país, es el relacionado con las víctimas. No puede verse como un asunto simple; menos como un requisito por cumplir para ganar en “legitimidad”; sino que se debe convertir en una discusión seria, responsable, que aborde el problema desde sus raíces, procurando con ello encontrar, proponer e implementar, medidas consistentes y concretas.

En el año 2011 fue expedida la ley 1448 conocida popularmente como la “ley de víctimas”. Gracias a ese trabajo conjunto de aquel entonces entre la sociedad en general, el Congreso y el Ejecutivo fue posible contar en Colombia con una norma que estableciera entre otras cosas, una serie de medidas a cargo del Estado, encaminadas a fortalecer los mecanismos de protección y reparación de las víctimas que el conflicto ha dejado por años.

No obstante, llama la atención que durante los últimos 4 años cerca de 600.000 familias hubiesen tenido que presentar tutelas, para que las ayudas humanitarias a las que tienen derecho, les fuesen otorgadas. De acuerdo con las investigaciones que sobre este particular ha realizado la Bancada del Partido MIRA en la Cámara de Representantes especialmente, esa es la cifra oficial que tuvo que manejar la Unidad de Víctimas a este respecto.

Otros datos que indican la necesidad de plantear nuevamente la problemática de las víctimas en el país, se pueden hallar en las sanciones que pesaban, por ejemplo, sobre la anterior directora de esta entidad al momento de apartarse del cargo en enero del año anterior. Se estima que sobre ella se encontraban vigentes 111 órdenes de arresto y una serie de multas que, sumadas todas, llegaban al monto de 461 millones de pesos. Es más, al momento de su salida de la dirección, estaban en trámite alrededor de 10.000 acciones judiciales entre desacatos y otras causas.

Naturalmente, registrar 8.405.265 personas y brindar algún tipo de asistencia o reparación a 6.366.598 de ellas, según la información del Registro Único de Víctimas a la fecha, es una tarea del mayor significado. No obstante, para quien fue obligado en virtud de las circunstancias a padecer un hecho victimizante, tener que acudir luego al sistema judicial para hacer valer sus derechos, se constituye en una carga adicional que no debería soportar. En tal sentido, un ajuste institucional aún más humanitario, sería más que bienvenido.

@Baena 

 

 

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