“Ministerio de Transporte, en contra de la movilidad en la era digital” Cabify

Por: Camilo Sarasti *

Cabify llegó a Colombia en 2015 con ansias por ofrecerle a Colombia una alternativa de transporte que hiciera más eficiente la movilidad de sus ciuda *danos. Hoy ya son más de 2.000 las compañías vinculadas a Cabify como clientes corporativos y miles los socios conductores que tienen un ingreso digno y trabajo formal por cuenta nuestra. Mensualmente revisamos que cada conductor pague su seguridad social y estamos contribuyendo a la formalización del país, eje fundamental del gobierno actual.

Aun así, pareciera que a cada esfuerzo realizado por empresas como Cabify para dar cumplimiento a lo que la norma (no actualizada) dice, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte se esfuerza aún más por emitir nuevas políticas restrictivas, excluyentes y contradictorias, en vez de buscar una adaptación legislativa coherente y actualizada, como lo han hecho muchos países a nivel regional y mundial.

Cuando Uber llegó a Colombia en 2013, inició su operación con vehículos de servicio especial y generó una burbuja de inversión, en donde muchos colombianos decidieron participar adquiriendo, desproporcionadamente cupos y vehículos. En este punto, el Ministerio de Transporte omitió, no solo su función de reglamentar la actividad debidamente, sino también de evitar que el mercado y sus oferentes crecieran sin control. Más adelante Uber decide lanzar UberX, y en esta categoría encuentra un mercado que, a pasos grandes, le fue quitando demanda al negocio de las camionetas blancas.

En 2015 llega Cabify y encuentra una gran cantidad de propietarios y conductores cesantes o trabajando en la informalidad. Aprovechando esa realidad, se constituyó como empresa de transporte, debidamente habilitada, y le ofreció a todos ellos la oportunidad de formalizarse como una alternativa de trabajo legal ofreciendo, exclusivamente, servicios corporativos.

Infortunadamente, el pasado 14 de marzo, el Ministerio de Transporte expidió el decreto 431, en el que se establece, entre otras implicaciones, elevar exageradamente la obligación de cumplir con mínimos de flota propia, atentando contra la libertad de empresa y la libertad de asociación. Este decreto no aborda la necesidad de cambio exigida por el mismo consumidor del servicio de transporte ni reglamenta el alcance de la intermediación digital de la actividad haciendo que nuestro modelo de negocio sea inviable y que miles de personas pierdan su principal fuente de ingreso. Un retroceso para el país.

Ahora, no se trata de una simple norma o reglamentación que mantenga el statu quo de los prestadores históricos de servicios de transporte, menos, si al hacerlo se están ignorando completamente los deseos del usuario que, al fin y al cabo, son los intereses por los que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte debe velar.

Los principios generales del transporte son calidad, seguridad, libre locomoción, eficiencia y accesibilidad, palabras que están muy lejos de ser encontradas hoy en el servicio de transporte público tradicional. No tiene sentido mantener posiciones de extraña resistencia al cambio a la hora de homologar y actualizar una política pública, cuando es el mismo ciudadano, Constituyente Primario, quien está pidiendo, casi exigiendo, que se permita la dinamización de la actividad comercial a través de medios y formas que le mejoren su calidad de vida.

Hoy somos muchos los actores del transporte que no entendemos por qué, después de tres años, no hay una reglamentación clara que privilegie el servicio de la tecnología y le genere mayor bienestar tanto al usuario como a los conductores. Nuestra razón de ser es ayudar a mejorar la movilidad en las ciudades de Colombia donde operamos, pero el Ministerio de Transporte está haciendo imposible que podamos seguir operando con la expedición del decreto 431.

Si bien no pretendemos que se eliminen figuras tan importantes en la legislación actual como aquella de la “habilitación” a empresas de transporte o el cumplimiento de garantías, pólizas de cubrimiento o debida capacitación a conductores, sí hemos querido instar al Ministerio de Transporte a que acepte las realidades que el mercado del transporte exige en materia digital, así como las necesidades y deseos de los ciudadanos.

Nosotros buscamos igualdad de condiciones para todos los jugadores y poder ofrecer un servicio de calidad para que los ciudadanos no tengan que tener vehículo propio. Gobierno nacional: trabajemos en conjunto por el beneficio de la movilidad urbana de nuestras ciudades.

 

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