Roy Barreras insiste en impunidad para jefes de las Farc

Por: Eduardo Mackenzie.–

El Tiempo confirmó ayer  que el llamado “marco jurídico para la paz”,  pensado para atraer a una hipotética mesa de negociación a los jefes del terrorismo comunista en Colombia, contempla una serie de “beneficios” para éstos  como la excarcelación y la plena libertad para “reunirse y movilizarse políticamente”.

La ponencia, que va para su séptimo debate bajo la batuta del senador Roy Barreras, contempla, según el citado diario,  la posibilidad de que los grupos ilegales que entren en una negociación con el Gobierno tengan “vocería política”, y que tal “vocería” podría ser ejercida por “los altos mandos de esas organizaciones”. Estos, únicamente, serían excluidos de la posibilidad de ser elegidos a cargos públicos, salvo si demuestran que no son “responsables de delitos atroces y de lesa humanidad”.

Hasta hoy ignorábamos que puede haber jefes de las Farc que no están acusados ni condenados por haber cometido delitos atroces y de lesa humanidad.

El planteo de Roy Barreras es, pues, más complicado y más preocupante de lo que parece.

El senador santista estima, en efecto, que los jefes de las Farc tendrán derecho, si se llega a aprobar la reforma constitucional que el Gobierno impulsa en el Congreso,  a ejercer plena “vocería política”.  Esta vez, en una declaración, Roy Barreras agregó una distinción con la cual pretende seducir definitivamente a la prensa y, sobre todo, a los senadores y representantes que se oponen hasta hoy a su nefasta iniciativa.

Barreras promete, en efecto, que los jefes de las Farc se podrán pasear por todo el país, discursear, crear partidos y movimientos políticos, viajar al extranjero, pedir y obtener apoyo financiero, local y exterior, para sus proyectos, pero que todo eso, al final, no se sabe para qué servirá. Pues ellos, los jefes sangrientos de las Farc, “no podrán ser elegidos a cargos públicos”.

Tal es el tinglado discordante y absurdo que Barreras está tratando de montar con ayuda del poder ejecutivo. Timochenko, Iván Márquez y los demás jefes del tenebroso “secretariado” de las Farc, podrán hacer la farsa de dialogar con el Gobierno y perder, al mismo tiempo, toda su saliva en actos políticos públicos y privados, donde criticarán acerbamente las actuaciones del gobierno y de los líderes, partidos y grupos, sindicatos, Ongs, centros de estudios, etc. que defienden la democracia representativa. Y,  al final de eso, ninguno de ellos podrá recoger el fruto de ese tremendo “trabajo político” pues no podrán ser elegidos a cargos públicos, como si pudieron hacerlo en la época de la Unión Patriótica.

Si esos personajes turbios podrán agitar, mentir, amenazar, insultar e incendiar políticamente el país y, llegado el momento crucial, no podrán  llamar a votar por ellos ¿para qué  Barrera les quieren dar, de todas formas, la posibilidad de dedicarse al más frenético  activismo contra las instituciones democráticas?

Aquí hay gato encerrado.

El senador Barreras cree que su proyecto tiene la vía despejada pues le pondrá una talanquera a las ambiciones de los jefes de las Farc: no ser elegidos.

Si se lee a Barreras con atención, eso no es muy seguro.

Con la “justicia transicional”, enfoque atípico utilizado en algunos estados fallidos africanos, donde la justicia era una noción inaplicable, los jefes terroristas más  avezados y sanguinarios de Colombia podrían no ser jamás declarados culpables de haber cometido delitos atroces y/o de lesa humanidad. Y no lo serán pues  el “marco legal para la paz” está redactado de tal manera que  los jueces, u otro tipo de actor, incluso de origen no judicial, podrá decretar el cese de la acción contra esos señores. Y si éstos ya han sido objeto de condenas penales, la ejecución de tales penas podría ser también declarada sin vigencia.

Estamos pues ante una nueva operación destinada a ocultarle a la opinión pública el alcance verdadero de la reforma que  la administración Santos quiere sacar adelante para entrar en una negociación sobre el futuro del país con los jefes de las Farc.

Con ese curioso esquema –uno nuevo, pues el senador, desde que está al frente de ese asunto,  suele modificarlo cosméticamente sin afectar el fondo–, la inmensa mayoría del país,  que es la que sufre la violencia cotidiana de las Farc, no quedará tranquila.

No es inútil recordar que el senador  Roy Barreras explicó a El Tiempo que “cualquier ciudadano en democracia” puede tener participación política, “incluidos los altos mandos de las Farc”.  

¿Los altos mandos de las Farc? Curiosa formulación.  ¿Para el senador Barreras las Farc son acaso un Ejército? ¿Cuándo adquirieron ese estatuto?  ¿Barreras las considera, sin decirlo (o diciéndolo por alusión), una fuerza beligerante?

Algo debe existir de eso pues él afirma, sin inmutarse, que los jefes de esa organización terrorista pueden ser vistos como “cualquier ciudadano”.

Un individuo que sigue siendo miembro de las Farc, durante la supuesta “negociación de paz”, y que actúa como tal hasta el punto de ser etiquetado como “alto mando de las Farc”, no puede tener las libertades que tienen los colombianos honestos, pues esos “altos mandos de las Farc”, por ser lo que son, son el más absoluto peligro para la sociedad.

¿Cómo se le puede otorgar a un personaje de esos la posibilidad de ir y venir libremente por todas partes, organizar reuniones políticas para arengar e intimidar a la población (pues el “marco para la paz” no le exige a las Farc desarmarse ni entregar sus arsenales y sus cultivos de drogas antes de ir a una negociación de paz)?

La única limitación, por ahora, es que los jefes de las Farc, según Barreras, “no podrán acceder a cargos públicos o de elección popular si están condenados por delitos de lesa humanidad, de crímenes atroces, de crímenes de guerra o de genocidio”. Tal limitación podría ser ilusoria.

Oigamos lo que dice Barreras acerca de un “nuevo artículo” que está preparando para incluirlo en el “marco legal para la paz”: “Una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política”. Y agregó que “el texto que hemos incluido lo que permite es que una ley estatutaria en el futuro establezca con claridad cuáles son los delitos conexos al delito político”.

Es decir, que una ley futura podría remover el último obstáculo legal que impide a los jefes de las Farc ser elegidos al Congreso o a la más alta jefatura del Estado.  

Así van las cosas en Colombia: un proceso por etapas, confuso y entre bambalinas destinado a dejar en la más absoluta impunidad los crímenes cometidos por los jefes y por las bases de las Farc.

El pretexto de fondo para todo eso es que el aparato de justicia en Colombia está a punto de explotar, como en los Estados fallidos africanos. Ese aparato no estaría en capacidad de juzgar a todos esos criminales y habría que buscar una salida rápida que los absuelva a todos para que un proceso de paz pueda ser viable.  No otra cosa es lo que acaba de exigir el Fiscal General Montealegre, a través de Radio Santafé, al decir que el gobierno nacional debe “emprender un proceso de paz” pues al sistema judicial colombiano le queda “físicamente imposible soportar la tremenda carga de un conflicto de violencia que lleva más de 50 años y que se agudiza cada vez más en el país”. El Fiscal, en su discurso derrotista, agregó: el sistema penal colombiano “ha recibido más de 300 mil denuncias por graves violaciones a los derechos humanos y al mismo tiempo, más de 2 millones de casos de delincuencia común, lo cual significa una verdadera catástrofe humana, solo comparable a los conflictos del Medio Oriente y algunos países africanos”.

En vista de eso habrá que dejar en la más total obscuridad, en un limbo eterno, sin absolución ni condena, esas 300 mil denuncias por crímenes y delitos. Eso es lo que el Fiscal Montealegre llama “solucionar el conflicto armado”. El “marco legal para la paz” está, pues, para hacer eso. En esas condiciones,  Colombia está condenada a entrar en una fase larga de reflujo político, económico, moral, intelectual y cultural  pues un país que renuncia a sacar adelante su aparato de Estado y su sistema de  justicia no tiene la menor posibilidad de figurar al lado de las naciones más civilizadas.

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