Investiguen también al ex juez Baltasar Garzón

Por: Eduardo Mackenzie.–

Baltasar Garzón está en todo. De un conciliábulo semi clandestino con jefes exaltados de la etnia nasa (o páez) en el sur de Colombia,  salta a un avión que lo lleva a Quito y, después, a Londres, para ofrecer sus servicios al siniestro Julián Assange, el hacker que trata de escapar a un proceso por varios delitos sexuales en Suecia.

Garzón atrajo la atención de los medios al dictar, en 1998,  una orden de captura contra el ex jefe de Estado chileno Augusto Pinochet, bajo el pretexto de la “lucha contra la impunidad en Latinoamérica y en el mundo”. Ahora, cuando el despótico patrón de Wikileaks  es detenido, declara que su cliente es víctima de “abusos y arbitrariedades del sistema internacional”. Garzón pasa de una situación a otra, de una doctrina a otra, incluso contraria, con agilidad.  El hombre es versátil y audaz.

Una conocida página web de Bogotá lo admira. Acaba de decir que el ex magistrado es “el amigo de los indígenas” colombianos. Error. Garzón  no es amigo de nadie. El gesticula, es cierto,  ante  jefes indígenas y asambleas campesinas y les hace creer que él es el consejero político de “alto nivel” de todos ellos. Sin embargo, él hacía eso en 2001 para redorar su blasón de juez justiciero e influyente, y lo hace ahora, en 2012, para tratar de reconstruir la imagen deteriorada del juez “más célebre de Europa” venido a menos tras la pérdida de su investidura en España por haber ordenado las escuchas ilegales del caso Gürtel.

Los humos neocoloniales de Baltasar Garzón son evidentes y detestables.  El adopta la postura del eminente europeo que va al Tercer Mundo para inventar las soluciones que las “masas oprimidas” del subdesarrollo no han siquiera vislumbrado.

Con esas ínfulas mesiánicas, Garzón trata de vender una idea a los dirigentes políticos colombianos, y al actual presidente de la República: que él puede conseguir  “el fin del conflicto con las Farc”. Parece que Garzón estaba en el Cauca gestionando esa obra magna por pedido de Bogotá. El balance de su injerencia es desastroso.

Todo eso, claro está, se hace a costa de la paz de un país democrático y pluralista como Colombia que cometió el error de acogerlo y confortarlo precisamente en el peor momento de su vida, cuando el tribunal supremo lo investigaba por la comisión de varios delitos. Baltasar Garzón  fue posteriormente condenado a once años de inhabilidad tras ser vencido en juicio.

Aunque no lo diga, el presidente Juan Manuel Santos debe estar horrorizado al ver a su propio consejero de gobierno, nombrado en julio de 2010, azuzando gente peligrosa en Toribio y Miranda y fomentando uno de los más duros problemas que tiene el Estado en el sur del país: los amigos del ex magistrado español exigen que el Ejército se retire de amplias regiones que ellos consideran, sin razón, “ancestrales”  y “de ellos”.

Nunca antes los líderes indigenistas habían planteado así las cosas. Después de haberlas martirizado, las Farc están utilizando esas comunidades  como ariete en su lucha por el control del Cauca. El juez destituido y ex diputado socialista  no ha hecho nada para proteger  esas comunidades de semejante crimen. ¿En qué consiste la asesoría “amistosa” de Baltasar Garzón ante los indígenas? ¿Decirles que el narco-terrorismo es lo mismo que el Ejército colombiano y que ambos deben salir de allí?

No es solo Piedad Córdoba la que fue a azuzar a los indígenas del Cauca en estos días. Baltasar Garzón también estaba allá y no precisamente para calmar los ánimos. La ex senadora destituida será sin duda investigada penalmente por sus incendiarios discursos allá, donde pide el levantamiento indígena y la realización de un golpe de Estado contra el gobierno de Santos. La actuación del ex magistrado español también debe ser objeto de investigaciones penales. ¿Dónde están acaso los consejos de Garzón que podrían evitarle a los jefes indígenas hundirse en el lodazal en que se metieron desde cuando agredieron violentamente a los soldados colombianos en el cerro Berlín, cerca de Toribío?

La actividad de Garzón en extraños conciliábulos en el Cauca  antes de que su auditorio desatara esos brutales disturbios  diseñados para  erosionar la presencia legitima de la fuerza pública en el norte del Cauca, es un llamado de atención para todos: el juez destituido, asesor de Santos, está fomentando problemas de orden público en Colombia de manera cada vez más desaforada. Pese a la  desautorización pública que le hizo el ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, Garzón sigue metiendo sus manos en ese expediente. El silencio del Fiscal General acerca del protagonismo de Baltasar Garzón en las tristes jornadas de julio es asombroso.

¿La desestabilización de la frontera sur de Colombia es la nueva cruzada de “derechos humanos” de Baltasar Garzón? ¿No le preocupa eso al fiscal general Eduardo Montealegre? La vanidad de ese activista de alto vuelo es insaciable. ¿Por qué Colombia debe pagar los platos rotos?

Baltasar Garzón es visto como la eminencia gris de la politización de la justicia en varios países. Sin duda él ha pagado un precio por ello. Su deseo de llegar a la Audiencia Nacional, de España, o al Tribunal Internacional de La Haya, fracasó. Pero había motivos. Todos sabemos en qué terminaron los procesos Botín y Gürtel. Peor, Garzón  proyectaba investigar los crímenes del franquismo, excluyendo la investigación de los crímenes del bando republicano, tan aciagos como los del franquismo. El trató, así, de pasar por encima de la ley de amnistía de 1977 y quiso utilizar la memoria histórica de los españoles para aumentar su poder  personal.

¿Con sus gesticulaciones en el Cauca, Baltasar Garzón está tratando de pervertir la memoria histórica de los colombianos, al excitar, como hacen Piedad Córdoba y Feliciano Valencia, jefe de los cabildos del norte del Cauca, el espíritu sectario y separatista y hasta un odio por  la fuerza pública colombiana entre los indígenas?

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