Diez medidas para dinamitar la justicia

Por: Eduardo Mackenzie.–

Desde antes de que se hundiera la llamada “reforma a la justicia” en manos de la comisión de conciliación, el representante a la Cámara Iván Cepeda, dirigente del partido Polo Democrático (comunista), había sentenciado: “Hay que hacer una verdadera reforma a la justicia, que democratice el acceso a los tribunales, que cuente con los fondos necesarios para que haya justicia pronta y eficaz”.

La orden del líder extremista fue acatada sin tardar por tres juristas de prestigio quienes se pusieron a trabajar un texto que resumiera las ideas principales de un nuevo proyecto de “verdadera reforma” a la justicia que conviniera al jefe de Colombianos y Colombianas por la paz. Todo indica que los acuciosos juristas, Yesid Reyes Alvarado, Julissa Mantilla y Rodrigo Uprimny, firmaron un texto que resume esas ideas.

Juanita  León, directora de una conocida página web, dice que ellos entregaron al Gobierno su “informe final” hace un par de semanas, pero que éste no le ha parado muchas bolas, hasta hoy. Parece que los tres juristas hacen parte de una recién creada “Comisión Asesora del Estado para el Diseño de la Política Criminal”.  La directora de La Silla Vacía resumió las ideas de esos asesores en un artículo que muestra el alcance y el peligro de lo que ellos pretenden hacer.

La Silla Vacía se presenta como un observador alerta de la realidad política colombiana.  Esa página web debería haber criticado abiertamente ese nuevo adefesio, pero no lo hizo. La única audacia cometida por ella fue decir que esa propuesta, de ser adoptada, “cambiaría radicalmente la forma en que Colombia aborda el delito”.

La propuesta de los tres juristas es más que eso. En la ya larga lista de desafortunadas, laxistas o francamente cínicas y pro criminales reformas de la justicia que Colombia ha conocido y padecido en estos últimos años la de ahora es la más escandalosa pues busca desproteger de una manera que no puede ser más explícita  a la sociedad y al Estado, y proteger obviamente, por la vía de unas garantías exorbitantes,  los intereses de las variantes criminales que azotan el país.

Dejando de lado la jerga justificadora utilizada por los redactores de la propuesta esto es lo que allí aparece, punto por punto, a menos, claro está,  que Juanita León haya malinterpretado y mal resumido lo firmado por los tres eminentes juristas.

1. El artículo primero del “informe final” entregado al Gobierno pretende congelar la creación legislativa colombiana en materia penal. Aunque la delincuencia tome nuevas formas y agrave sus crímenes el país no debe crear nuevos tipos de delitos, ni adoptar nuevas sanciones, dicen los tres juristas. No podrá aumentar las penas existentes.

2. Despenalización total del aborto. El derecho a la vida de los seres más preciosos e indefensos, el embrión humano y/o el bebé en el seno materno, será abolido en Colombia. Esa propuesta es una expresión más de la cultura de muerte que se ha venido apoderando de los círculos que se creen “progresistas”.

3. Los crímenes y otros delitos cometidos por el narco-terrorismo colombiano no serán, en cambio, objeto de sanciones penales. Esos crímenes serán catalogados como “delito político” (las atrocidades cometidas bajo el pretexto de avanzar hacia un futuro socialista-totalitario) y deben quedar, por lo tanto, exentos de sanción.

4. Este artículo propone expropiar al poder legislativo colombiano, al Congreso de la República,  de sus facultades constitucionales para legislar en materia penal. El Senado y la Cámara de Representantes serán convertidos en los esclavos de una misteriosa “comisión superior de política criminal”, no elegida por nadie, que dependería únicamente del poder presidencial y del ministro de justicia. Este artículo insiste contra la creación de nuevos delitos y tipos penales.

5.  Este artículo busca abolir definitivamente el fuero militar. El grupito de juristas  dice estar contra el proyecto de ley que cursa en el Congreso  y que busca reforzar el respeto y el empleo de la norma constitucional sobre el fuero penal militar para proteger jurídicamente a los militares y policías que combaten el crimen en todas sus formas en Colombia. Los tres juristas pretenden desproteger jurídicamente aún más a los servidores del Estado y a los miembros de la fuerza pública. Con ese artículo los tres juristas pretenden consolidar la presunción de culpabilidad de todos los miembros de la fuerza pública que existe de hecho hoy en Colombia.

6.  Creación de un arsenal jurídico anticapitalista. Las sanciones se deben extender, según los tres juristas, a las empresas públicas y privadas y no sólo a los representantes legales de éstas. Los tres juristas pretenden crear (contra lo que ellos mismos preconizan) un nuevo delito: la “muerte corporativa”.  Toda empresa acusada (con falsas pruebas o no, como se estila hoy en Colombia) de practicar la “corrupción” será desmantelada, o será puesta bajo tutela o bajo la influencia del ente acusador, sin hablar de las sanciones impuestas a su representante legal.

7. Respaldo vigoroso al llamado “marco para la paz” del presidente Santos y de su escudero Roy Barreras.  Pero los tres juristas quieren ir más lejos. Los criminales de guerra y los criminales autores de crímenes de lesa humanidad  deberán ser, según ellos, eximidos  de juicio y de condena. Este artículo pretende abolir el sistema penal colombiano y substituirlo por la llamada “justicia transicional” (consagración del principio aberrante de que la sociedad democrática puede prescindir o poner entre paréntesis la justicia).

8. Abolir la actividad represiva contra los cultivos ilegales de donde se extraen la cocaína, la heroína y la resina de cannabis. Sobre todo, abolición de la erradicación manual de esos cultivos y de las operaciones de aspersión aérea de los narco cultivos.  Reemplazar eso con una declaración verbal en la que se indica que quedan “prohibidas” las exportaciones de cocaína. Los traficantes de droga quedarán paralizados ante tal declaración verbal. Los llamados “laboratorios” y “cristalizaderos” si podrán ser destruidos. ¡Uf !

9.  Este artículo pide que el personal diplomático de Colombia en las capitales extranjeras abogue por la abolición de las sanciones contra el narcotráfico, adoptando la falsa retórica del “fracaso” de la lucha contra el narcotráfico. Convertir a Colombia, de hecho, en vocera de los narco-traficantes y de los narco-Estados que buscan el cese de la actividad de los organismos del sistema internacional que coordinan la lucha contra el tráfico de drogas. No sancionar ni criminalizar a los distribuidores de droga bajo el pretexto de que sus stocks son “dosis personales”.

10. No juzgar ni sancionar la delincuencia juvenil. Las ciudades colombianas donde el fenómeno de la delincuencia juvenil sirve de vivero y de sector de reclutamiento de las guerrillas y de las  bandas terroristas de todo calibre verán con interés este artículo último, aparentemente anodino.

Si usted no cree que estas lindezas hayan podido ser escritas y propuestas al alto Gobierno le ruego leer entre líneas el artículo de Juanita León intitulado “Las 10 recomendaciones-bomba de la Comisión Asesora de Política Criminal”.

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