Guerra intestina en Mamertolandia

Por: Eduardo Mackenzie

¿Qué está esperando el Fiscal General Eduardo Montealegre para abrir una investigación y una acusación destinadas a declarar ilegal el movimiento “Marcha Patriótica”? ¿Qué está esperando el Consejo  Nacional Electoral para pronunciarse sobre esa materia, como se lo exigen los artículos 108 y 265 de la Constitución Nacional?

¿El Fiscal Montealegre y el CNE pueden quedarse sin reaccionar ante lo que le acaba de revelar al país sobre ese horrible movimiento político el propio ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón?

Este, en efecto, denunció de la manera más clara, el pasado 9 de agosto,  ese movimiento político. Dijo que la “Marcha Patriótica” es un brazo del movimiento narco-terrorista FARC. Más exactamente, el ministro declaró lo siguiente: “Esas organizaciones terroristas han optado por tratar de movilizarse hacia lo que llaman el movimiento de masas y han aparecido temas como la tal Marcha Patriótica. Yo aquí puedo decirlo con claridad: eso está financiado en buena medida por la organización terrorista de las FARC”.

El ministro de Defensa hizo ese enunciado durante su intervención en la asamblea anual de industriales que se reunió el jueves pasado en Cartagena. Juan Carlos Pinzón reiteró que las FARC “están tratando de hacer utilización y penetración de cualquier movimiento de protesta social, para integrarlo en su actividad”. Según la pagina web de Radio Caracol, el alto funcionario agregó que esa misma guerrilla “viene fomentando las protestas en el Cauca, para tratar de mover a la fuerza pública y de esta manera facilitar el transporte de cocaína”.

¿Puede  el poder judicial quedarse callado ante la denuncia del ministro de Defensa?  ¿Puede ese brazo de las FARC existir, actuar, reclutar militantes, recopilar dinero, hacer propaganda, pedir “garantías”, disfrazarse de “movimiento político”, sin que las autoridades se lo impidan?

Si el poder judicial no actúa contra ese nuevo engendro subversivo, que es precisamente el que organizó las recientes asonadas indígenas contra el Ejército en el norte del Cauca, y quien es el que está probablemente detrás de la ola terrorista que sacude en estos momentos el sur del país (Buenaventura, Piendamó, Tuluá, Guacherne, Toribío, Las Brisas, Tumaco, Popayán, Caloto y Puerto Tejada), la culpabilidad por omisión de  las autoridades judiciales quedará plenamente establecida.

Como van las cosas, más informado que la Fiscalía General parece el Polo Democrático Alternativo quien acaba de reaccionar, intempestivamente, contra la tal “Marcha Patriótica” al expulsar de sus filas a un centenar de miembros del Partido Comunista, formación que llama abiertamente a respaldar la acción de la “Marcha Patriótica”.

 

El mismo día de las declaraciones del ministro de Defensa, el comité ejecutivo del PDA anunció que había decidido expulsar a los miembros del Partido Comunista que cohabitaban en su seno por haber confirmado su participación en el movimiento Marcha Patriótica.

 

En su comunicado, el PDA precisa que el Partido Comunista, en su 21 congreso,  “ratificó participar e impulsar la Marcha Patriótica, y simultáneamente permanecer en el Polo Democrático Alternativo”. En otras palabras: de un momento a otro, la dirección del PDA se dió cuenta que tal orientación del PCC viola la ley (prohibición de la doble militancia), así como las  “normas estatutarias y las resoluciones del PDA”.

 

El 23 de abril de 2012, la ex senadora destituida Piedad Córdoba, acompañada por un señor que se hace llamar Andrés Gil, ante los periodistas Yamid Amad y María Isabel Rueda, defendió el movimiento Marcha Patriótica y negó que éste fuera financiado por las Farc. Córdoba, sin embargo, deslizó que ellos “confluyen en plataformas políticas” respecto de las Farc. (1) La víspera, un grupo samperista, Izquierda Liberal en Marcha, se había sumado a la Marcha Patriótica.

Es obvio que para protegerse de las eventuales consecuencias judiciales y electorales que a mediano y largo plazo puede tener contra ellos su antiguo y conocido contubernio con el PCC (que data no solo desde la fundación del PDA, en noviembre de 2005, sino desde mucho antes), los jefes del PDA expulsaron, en buena hora, a ese temible grupúsculo marxista que insiste en buscarle formas de legitimidad al accionar violento de la Marcha Patriótica. ¿Cuándo hará lo mismo el Partido Liberal?

 

Llama la atención que los jefes visibles del Partido Comunista de Colombia, sobre todo Iván Cepeda y Jaime Caicedo,  rechazaron esa expulsión y ratificaron que seguirán apoyando la Marcha Patriótica. Al mismo tiempo, el PCC advirtió que  seguirá incrustado en el PDA para tratar de destruir desde dentro la actual dirección del PDA, la cual debe, según él, “rectificar el rumbo”. Los jefes mamertos estiman que el PDA se ha convertido en una “fábrica de avales e instrumento de alianzas  sin principios”, cuando debería ser una especie de costal en el que pueden meterse todas las fracciones extremistas del país, incluidas las que practican el juego diabólico de la “combinación de las formas de lucha”.

Ante las posiciones asumidas por los jefes del PCC, sobre todo por su respaldo irrestricto a la Marcha Patriótica, la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué está esperando el Consejo  Nacional Electoral para estudiar la posibilidad de retirarle la personaría jurídica al Partido Comunista?

Otra pregunta, que no debe ser respondida únicamente por los jueces y los juristas sino por todos los estamentos de la sociedad, es: ¿la defensa a ultranza que hace el PCC de la Marcha Patriótica no es un acto más de Farc-política?

Ningún país democrático del mundo acepta que un partido político se arrogue ventajas ilegales para imponer sus ideas mediante la violencia. En la democracia los partidos ganan  el electorado por medio de la persuasión pacifica y argumentada. Ninguna tesis política puede ser impuesta mediante el crimen y la mentira, como hacen las Farc y sus compañeros de ruta.  Por  vacilar ante el respeto de esa importante exigencia de la democracia, por tolerar las formas de agitación y propaganda que hacen los aparatos armados bajo el disfraz de partidos que buscan “la paz”, Colombia ha tenido que vivir más de 50 años de atrocidades cometidas sin interrupción en nombre de la Guerra Fría, del socialismo y del comunismo. ¿Hasta cuándo seguirá vigente esa infamia?

 

 

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