En defensa de María Jimena Duzán y Cecilia Orozco

Por: Eduardo Mackenzie

No comparto las opiniones políticas de mis colegas periodistas María Jimena Duzán y Cecilia Orozco. La visión que ellas tienen de la problemática colombiana no coincide con la mía.  Estamos, si se quiere, en polos opuestos en esa materia. Sin embargo,  considero que  ellas tienen  derecho a expresar sus puntos de vista, a investigar, a hacer sus demostraciones, a publicar sus columnas, a pensar libremente, sin recibir castigos o amenazas de nadie y mucho menos del poder judicial.

Esa ha sido siempre mi posición. Dije lo mismo cuando una magistrada amenazó a Fernando Londoño Hoyos y a William Calderón de montarles sendos procesos por “concierto para delinquir agravado” por  haber criticado algo. Dije lo mismo cuando unos magistrados pidieron que le quitaran a María Isabel Rueda y a José Obdulio Gaviria la posibilidad de escribir en un diario. Cuando Rodrigo Pardo y Mauricio Vargas fueron procesados por haber hecho un comentario que le molestó a un magistrado.

Le atribuyen a Voltaire esta frase: “No estoy de acuerdo con lo que usted dice pero lucharé hasta la muerte para que usted tenga el derecho de decirlo”. Apócrifa o no, esa tesis merece todo mi respeto, sobre todo en estos momentos.

El anuncio hecho ayer por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, como cuerpo (eso es lo más curioso) de que demandará penalmente  a Cecilia Orozco (no se sabe qué suerte le reserva esa sala  a María Jimena Duzán) por haber criticado  ciertas actuaciones oficiales de ciertos magistrados suscita también mi sorpresa y mi repudio. Me uno pues a todos aquellos que, de izquierda, de centro y de derecha, han criticado ese pronunciamiento. Por una razón: con su  actitud, la sala penal pone en tela de juicio uno de los pilares de la democracia colombiana: la libertad de expresión.

La sala penal debería retirar sin demora ese comunicado que no contribuye a mejorar la maltrecha imagen de tiene esa institución.

Obviamente, la sala penal tiene el derecho a rechazar las afirmaciones de un periodista o de un ciudadano en general. Tiene derecho a decir que tal afirmación fue errónea o exagerada, que tal conducta  fue valorada de manera equivocada, etc. Otra cosa es amenazar al periodista con un proceso penal por haber emitido una opinión, por haber criticado la actuación de un juez. El comunicado de la sala penal habría sido perfecto si le hubiera omitido el punto 7, en el que ella anuncia, la sala, que “procederá a instaurar denuncia penal en  contra [de Cecilia Orozco] por los delitos de injuria y calumnia, ante la Fiscalía General de la Nación”.

Al incluir ese punto la sala violó el precepto que ella le exige respetar a las dos periodistas, es decir “actuar con mesura, objetividad, responsabilidad y respeto por los derechos ajenos”.

Pues la sala, con su amenaza de proceso penal, no actúa con mesura ni con responsabilidad. Ella incurre en la violación de un derecho principalísimo de los periodistas. Estos tienen el derecho a denunciar, criticar, incluso a criticar fuertemente, las actuaciones de los magistrados.

El derecho de expresión, y todo el derecho de prensa en general, puede ser comparado con un delicado mecanismo de relojería: toda intrusión brutal puede arruinar su mecanismo.

Los magistrados tendrían que aproximarse a ese tema con mucha parsimonia. Pues no hay democracia sin derecho, efectivo, real, de prensa y sin libertad de expresión. Ellos, los magistrados quejosos no pueden dejar de valorar las circunstancias, el momento social o político, en que tal crítica, aún la más viva, aún la más caricaturesca,  fue formulada.  Incluso las palabras duras, vehementes, pueden ser excusadas si son el resultado de la justa cólera del periodista. Pues la crítica del periodista suele estar, entre nosotros, sobre todo en estos momentos de enormes sobresaltos políticos y judiciales, a la altura de la violación o del delito que él pretende revelar o exponer ante la opinión pública.  Una revelación, una información que causa molestia a un funcionario puede no ser  injuriosa ni calumniosa si se trata de una opinión.

Desde luego todo intento de destruir el honor  o la respetabilidad de una persona constituye un delito. Empero,  antes de sancionar ese delito el juez debe mirar si el periodista probó su buena fe.  Si éste ha falsificado la realidad, deformado una declaración, si no ha verificado los hechos, si ha robado la información, etc., tendrá dificultades para probar su buena fe.  ¿Ese es el caso de las colegas Orozco y Duzán? No, claro que no.

La realidad probable del hecho imputado o denunciado también debe ser tenida en cuenta por el juez al calificar una afirmación de “injuria” o “calumnia”. La exactitud del hecho revelado o comentado es un gran eximente. ¿A cuento de qué vamos a echar por la borda esos principios?

Por otra parte, el magistrado debe establecer si el periodista, con su denuncia o su escrito, pretende  no alimentar la curiosidad malsana del público  sino defender un interés de la sociedad. ¿Lo que dijeron Duzán y Orozco, sus comentarios, eran socialmente necesarios?  ¿Lo que dijeron no se desprende  acaso de una situación particular, de un hecho notorio y anómalo que había que denunciar? Si ello es así, esa denuncia, ese comentario,  debe ser disculpado aún así sea muy molesto para alguien, pues la sociedad hace suya esa información a causa de la legitimidad de su objetivo.  Como dice una célebre jurisprudencia francesa en  materia de difamación: el interés social prima sobre las razones subjetivas de la presunta víctima.

Los periodistas no podemos dar el brazo a torcer respecto de la libertad de expresión y de información. En estos momentos hay una fuerte ofensiva en Latinoamérica contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa. Siguiendo el triste ejemplo de los hermanos Castro en Cuba, la tiranía chavista golpeó y golpea a los periodistas y a los media en Venezuela. Esa infamia ha llegado a otros países, del brazo de déspotas como Rafael Correa, Evo Morales y Cristina Kirchner, entre otros. En Colombia hay gente que quisiera ver reducida a polvo nuestra libertad de expresión, una de las más auténticas del continente (y aún más viva y real que la de algunas democracias europeas).

¿No ha dicho acaso la Corte Constitucional colombiana que en el país “se protegen tanto las expresiones socialmente aceptadas como las que son inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono”?

No obstante esa jurisprudencia, la cual debemos conservar como un tesoro, en Colombia hay gente que quiere imponer la creencia  de que toda verdad que no viene de ellos es una mentira y debe ser castigada.  Si dejamos que ellos destruyan la libertad de expresión,  veremos cuán  rápidamente acaban hasta con la libertad de pensar. Así habremos perdido, entre nosotros,  la mayor conquista del hombre: la de saber que  no hay verdad sagrada, es decir una verdad vedada al pleno raciocinio y escrutinio del hombre.

 

  • luzyluna

    Los funcionarios publicos deben ser imparciales, gozar de toda sapiencia y concluir neutralmente. Que pesar nuevamente la violencia contra la mujer, como seran en sus casas, ahi demuestran que no respetan ni a su familia. Los magistrados son los que menos se esfuerzan para llegar a esos cargos, son escogidos por los congresistas y los congresistas por el voto popular, luego entonces los magistrados le deben respeto a los electores, al pueblo, y no actuar emocionalmente, faltan a la etica, deberian ser denunciados por faltas a la etica profesional de abogados y por abuso de funciones publicas, injuria y calumnia. Es muy raro el magistrado- a que sea transparente, I sorry.