¿Legislación de paz concertada con las Farc?

  •  En los dos últimos dos años el Gobierno de Juan Manuel Santos ha logrado que el Congreso le apruebe un paquete de normas encaminadas a facilitar un eventual proceso de paz. Ahora que sabemos que el Gobierno y las Farc llevan dos años conversando surge una pregunta: ¿Esa legislación fue concertada con las Farc?

Por: Ricardo Galán.–

El presidente, Juan Manuel Santos confirmó este lunes que su Gobierno adelanta “conversaciones exploratorias” con las Farc desde el inicio de su mandato y que esas conversaciones se adelantan bajo tres principios básicos:

  1. Aprender de los errores del pasado para no repetirlos.
  2. Cualquier proceso que se realice debe conducir al fin del conflicto y no a prolongarlo.
  3. Las operaciones y presencia de las fuerzas militares del Estado continuarán en todo el territorio nacional.

El Presidente Santos anunció que en los próximos días dará a conocer los resultados de los acercamientos con las Farc y les pidió a los colombianos confiar en que su gestión de paz avanza con prudencia, seriedad y firmeza.

El Presidente no les contó a los ciudadanos que lo siguieron a través de la radio y la televisión que las conversaciones con las Farc versan sobre 5 puntos:

1. La participación en política de los subversivos después de su eventual desmovilización y entrega de las armas.

2. El compromiso del Estado de hacer una reforma agraria que vaya más allá de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aprobada por el Congreso.

3. La negociación de sentencias judiciales que en la práctica equivalgan al indulto y amnistía prohibidos en la Constitución colombiana.

4. Una Reforma Política que permita la participación de actores de izquierda que han apoyado al grupo subversivo y que no cuentan con recursos para realizar sus campañas.

5. El lugar de negociación que quedó definido en Oslo, Noruega con una segunda fase en Cuba.

Santos tampoco les contó a los colombianos que aún les falta definir si el proceso será público, como lo piden las Farc o privado como lo propuso el Gobierno, que a diferencia de anteriores procesos de paz este cuenta con la bendición de la comunidad internacional, especialmente de los Estados Unidos y con la voluntad tanto del Gobierno como de las Farc.

Si quedó claro en cambio que esta vez el país debe ser consciente de que el diálogo se desarrollará en medio de las balas.

Tras escuchar al Presidente y conocerse los 5 puntos sobre los cuales giran las conversaciones es inevitable recordar que en los primeros dos años de la administración Santos el Congreso de la República ha expedido una serie de normas que vistas en conjunto podría constituir el marco jurídico exigido por las Farc para sentarse a negociar.

En diciembre del 2010, Santos sancionó una nueva prórroga de la Ley de Orden Público que fija los alcances de los procesos de paz hasta el 21 de diciembre del 2014 y faculta al Presidente de la República para autorizar “representantes” para adelantar diálogos con grupos armados ilegales.

Esa prórroga le retiró al Presidente la facultad de ordenar la desmilitarización de cualquier zona del territorio colombiano. Es decir, cumple con dos de los tres principios con los que, según Santos, avanzan los diálogos con las Farc: no repetir los errores del pasado y mantener la presencia y acción militar en todo el territorio nacional.

Amnistías e indultos

El gobierno colombiano no puede conceder amnistías, indultos o leyes de perdón y olvido. Los crímenes de lesa humanidad tienen que ser judicializados. Pero el gobierno si puede ofrecer la posibilidad de pagar “penas alternativas” a las contempladas por la normatividad Penal gracias al llamado “Marco Legal para la Paz” que sembró el principio de justicia transicional en la Constitución.

La norma ya fue aprobada por el Congreso y puede ser activada en cualquier momento por el Presidente de la República mediante la presentación de una Ley que lo reglamente.

Así el Presidente puede iniciar diálogos con grupos ilegales, darles un trato diferente como actores del conflicto, priorizar y reconocerles vocería política a quienes inicien un proceso de paz.

El Marco Legal para la Paz establece como la obligación de que la guerrilla libere a todos los secuestrados para que se pueda activar.

En la Ley de Víctimas y Reparación el Estado Colombiano reconoció la existencia de un conflicto armado lo cual despejó el camino hacia una salida política a la guerra.

Como se ve la creación de “un ambiente favorable para búsqueda de la paz” ha sido una tarea que en forma dedicada, coherente y consistente viene ejecutando el gobierno de Juan Manuel Santos desde antes de su posesión.

Sería bueno que el día cuando el Presidente nos entregue los resultados de sus ahora públicas conversaciones con la guerrilla, también nos cuente si todo ese andamiaje legislativo fue concertado en secreto con las Farc o es parte de una estrategia inteligente para neutralizar desde ya las disculpas que las Farc suelen usar en la mesa para dilatar sus decisiones y poner contra la espada y la pared a los Gobiernos para los que el tiempo vuela, mientras para la guerrilla es eterno.

 

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