La guerra del 4G para profanos


Por: Ricardo Galán.—

En Colombia hay más celulares que gente. Eso significa que los colombianos llevamos a todas partes por lo menos un teléfono celular que nos sirve, en su función más básica, para hablar con la familia y los amigos, estudia y trabajar.

De esos más de 40 millones de aparatos, unos 5 millones son “SmartPhones” como se denomina a unos teléfonos que además de hacer y recibir llamadas nos sirven para navegar por Internet, enviar y recibir correo electrónico, chatear, participar en redes sociales, tomar fotografías, editarlas y publicarlas en Internet, escuchar música y disfrutar videos y televisión, entre otras cosas.

Para poder hacer todo eso, los usuarios debemos pagar por lo que las operadoras de telefonía celular llaman UN PLAN DE DATOS adicional a la tarifa que pagamos por la función básica de hablar por teléfono.

Para que esos datos viajen de un sitio a otro las empresas de celular requieren que el Estado les permitan usar una especie de autopista que técnicamente se denomina espectro radioeléctrico. Un recurso natural escaso que, según la Constitución Colombiana es un bien público que no se puede vender porque nos pertenece a todos, pero que se puede alquilar a particulares por términos fijos de tiempo a cambio de que le presten un servicio útil a toda la comunidad y le paguen al Estado una compensación por la explotación comercial de un bien público.

Por esa autopista es que nos llegan la radio y la televisión. A través de ella es que podemos llamar a la Policía, los Bomberos o las ambulancias. Conseguir un taxi o llamar por celular.

La aparición de nuevas tecnologías ha generado una demanda mundial de espectro radioeléctrico para atender nuevos usos y necesidades. Los gobiernos de todo el mundo, como administradores de ese bien público en cada uno de sus países, deben hacer grandes esfuerzos para sacarle el mayor provecho posible.

Colombia no es la excepción. Hace 5 años, con la adopción de la televisión digital y otras acciones el Estado liberó una porción de espectro radioeléctrico que entregará en concesión a particulares a finales de este año para que lo exploten comercialmente en la prestación de servicios que permiten la adopción de nuevas tecnologías.

Una de esas tecnologías es la llamada 4G cuyo nombre se debe a que es la cuarta generación de la telefonía móvil y cuya principal virtud consiste en permitir la transmisión de grandes cantidades de datos a altas velocidades y de manera inalámbrica. En lenguaje coloquial, Internet móvil de banda ancha.

La guerra del 4G

El anuncio del Gobierno Colombiano de entregar para su explotación comercial de una buena porción de ese espectro radioeléctrico mediante subasta pública desencadenó una feroz competencia entre operadores de telefonía celular, Internet y telecomunicaciones que quieren obtener la tajada más grande posible en el nuevo negocio de la transmisión de datos.

Guerra a la que se han sumado nuevas empresas que quieren entrar al negocio, empresas publicas de telecomunicaciones, líderes políticos, medios de comunicación y gremios especializados, pero en la que muy poco interés han mostrado los ciudadanos de a pie a pesar de estar en juego su propio bolsillo pues según como el Estado juegue sus cartas podría favorecer la creación o fortalecimiento de monopolios que más tarde que temprano sentirán la tentación del abusar con las tarifas, la continuidad y la calidad en la prestación del servicio, la garantía y la capacidad real del Estado de proteger a sus usuarios.

Con el ánimo de promover el conocimiento y debate público de un tema vital para el futuro de las comunicaciones de todos los colombianos, Libreta de Apuntes decidió crear una sección especial dedicada a “La Guerra del 4G” en la cual sus visitantes tengan a su disposición la mayor cantidad de información disponible sobre el tema, las posiciones del Gobierno y el Congreso; las decisiones de los entes reguladores y los organismos de control. Las opiniones de expertos y profanos.

El espectro radioeléctrico es un bien público limitado. Los ciudadanos tenemos el deber y el derecho de estar bien informados, participar en las decisiones que se tomen sobre él y vigilar que su explotación por empresas privadas o públicas no permita la creación de monopolios que terminen por ahorcarnos.

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