Tribunal rechaza demanda contra Cabify

Bogotá, 4 de mayo de 2017. Luego de comunicar en días anteriores la recepción de la notificación que avisaba sobre una demanda instaurada por el conductor de taxi Jorge Eliecer Úsuga, quien exigía el cierre inmediato de Cabify, hoy la plataforma anuncia que la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín denegó dicha acción de tutela por improcedente.

No existen hechos u omisiones que den lugar a la supuesta vulneración de derechos fundamentales a los que hace alusión la demanda”, manifestó Camilo Sarasti, director general de Cabify, agregando que “en Cabify siempre hemos entregado un mensaje de respeto y tolerancia hacia todos los actores del sector, incluidos los taxistas”.

En el documento inicial, que ya fue denegado, el taxista Jorge Eliecer Úsuga manifestaba sentirse vulnerado porque “muchos usuarios, por la moda de la era digital y las telecomunicaciones, han decidido acudir a estos servicios de transporte ilegales”, afirmando además que “el servicio no está respaldado por una empresa habilitada y que la aparición de la plataforma ha hecho que se reduzcan los ingresos de los conductores de vehículos tipo taxi, afectando así el derecho fundamental al trabajo”.

Según expresa Sarasti, “estamos causando disrupción en sectores que jamás se habían preocupado por innovar, así que es normal que se genere controversia o rechazo, pero con más opciones de movilidad siempre se verá beneficiado el usuario y es él quien tiene la potestad para escoger qué servicio se acomoda a sus necesidades. No es un asunto de moda”.

La notificación de la improcedencia expresa que “para la sala, en este específico caso no se advierte que el perjuicio sufrido por el actor sea inminente y grave, teniendo en cuenta que las denominadas aplicaciones móviles para el servicio de transporte público de pasajeros, como el mismo actor lo dijo, aparecieron en el mercado desde hace 4 o 5 años aproximadamente. En ese sentido no se avizora que se requieran medidas impostergables y urgentes por parte del juez de tutela, teniendo en cuenta que la afectación a que alude el actor se viene presentando desde aproximadamente 4 o 5 años atrás y no existe prueba alguna que demuestre la proximidad de un daño grave e irreparable a los derechos fundamentales del accionante, como el trabajo, la vida en condiciones dignas y el mínimo vital”.