Por: Ricardo Galán.—

En la era analógica, cuando un oficial de la Policía o del Ejército era retirado antes de tiempo, es decir sin derecho a pensión, salía a trabajar o montar una empresa de vigilancia privada.

El negocio consistía en reclutar soldados recién salidos del servicio militar, ojalá campesinos sin educación, uniformarlos y ponerlos a vigilar las puertas de centros comerciales, empresas, conjuntos residenciales y edificios de apartamentos a cambio de un pago mensual. 

Eran esos celadores a quienes llamábamos “guachimanes” un término platanizado del inglés Watchmen qué significa vigilantes y que aquí sirve para burlarse de esos porteros que se creen los dueños del edificio. 

Veladores a quienes Jaime Garzón inmortalizó con su personaje de Néstor Elí, el tipo mejor informado del Edificio Colombia gracias a su poderosa red de informantes conformada por empleadas del servicio internas y de por días, nanas, aseadoras, limpiavidrios, choferes de carro de familia, mensajeros de droguería, escoltas, Secretarias, esposas, amantes y novias celosas de los residentes.

Algunos, más audaces y con ínfulas de Simón Templar o Remington Steele se autodenominaban investigadores privados y se dedicaban a seguir a maridos y esposas infieles, identificar ladrones de supermercado o a detectar empleados sospechosos de filtrar invaluables secretos industriales como la fórmula de una buena bandeja paisa. 

Definitivamente otra época. Porque como toda industria que se respete y quiera sobrevivir a la llamada 4ª Revolución Industrial la vigilancia privada entró en un acelerado proceso de transformación digital que empezó por la globalización de sus marcas. De Vigilantes Anónimos LTDA o Seguridad Total SA pasaron a llamarse Quarkom, Global Log Security o VIP Security.

Su portafolio escaló a otro nivel. De cuidar puertas, espantar cobradores y monitorear cámaras de seguridad ascendieron a chuzar Smartphones, obtener y recuperar información de aplicaciones inviolables como WhatsApp o Waze. Y de fotografiar maridos en tránsito a recién separados, a espiar a distancia y en tiempo real al mismísimo Fiscal General de la Nación y su esposa. ¡Todo un avance!  

Antes, el valor de sus servicios dependía de la tradicional fórmula SM, que en Colombia traduce “Según Marrano”. Ahora las tarifas son fijadas por un algoritmo de acuerdo con la complejidad del servicio solicitado, la tecnología a utilizar, el número y categoría del o los chuzados y su duración en el tiempo. 

Así por ejemplo, obtener los datos biográficos de una persona cuesta $ 400.000. El reporte de llamadas de un celular varia según el tiempo contratado y cuenta con interesantes planes de descuento. “Por tres meses, un millón; por seis meses, un millón y medio, y por un año dos millones”, según informa el diario El Tiempo.

Pero eso no es todo. La estructura corporativa de la vigilancia privada también se modernizó. Antes esas empresas operaban desde viejos edificios repletos de oficinas y puestos de trabajo que hacían de todo por si mismas o a través subsidiarias en el esquema conocido como integración vertical.

Ahora adoptaron los modelos de Coworking y Teletrabajo en dónde una empresa de Medellín consigue un cliente, otra de Bogotá diseña la estrategia de infiltración y una tercera desde Bucaramanga contrata a una espía en Ipiales para que la ejecute bajo la supervisión de un experto que opera desde Cali.  

Es el uso de la tecnología en todo su esplendor para aprovechar sinergias, reducir costos, optimizar procesos, ampliar coberturas, mejorar eficiencias e incrementar el retorno, pero y por sobre todo, para diluir riesgos y responsabilidades a la hora de enfrentar a la justicia pues casi todos esos nuevos productos y servicios que hoy les ofrecen a personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales o internacionales son ilegales. 

Si. Ilegales. Aunque quienes los contratan crean que no o que tienen una razón válida para espiar a sus clientes, empleados, directivos o competidores. 

Chuzar, como aquí llamamos a espiar, aún es ilegal en Colombia. Subrayo que aún es ilegal porque recientes pronunciamientos y actuaciones de la Corte Suprema de Justicia indican que muy pronto principios constitucionales y legales como el derecho a la privacidad, la reserva del sumario o la presunción de inocencia serán protegidos y respetados en Colombia como en los viejos tiempos, según el marrano.

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