Seguridad Privada reclama actualización de la legislación que la regula

Bogotá, 27 de noviembre de 2018.– La Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, Fedeseguridad contrató con Fedesarrollo, uno de los centros de pensamiento más importantes del país, un estudio sobre el estado del arte de esa Industria en Colombia. El estudio, realizado y presentado por Camila Pérez, subdirectora de Fedesarrollo encontró que la Legislación vigente reclama una actualización urgente para que avances de la tecnología como los drones y y las armas no letales puedan ser puestos al servicio de los clientes y usuarios de una industria que emplea a más de 250 personas y que a diciembre de 2017 reportó ventas por $9.2 billones.

Escuche aquí la presentación completa del informe.

El informe, liderado por la actual subdirectora del centro de investigación, Camila Pérez, explica que el sector se mueve al ritmo de la economía y por tal razón, en los últimos 2 años la significativa reducción en la tasa de crecimiento de Colombia, producto de la caída del precio del petróleo, que se tradujo en una fuerte contracción de las exportaciones, la devaluación del peso y una reducción de la inversión extranjera se tradujo en una importante disminución en el número de servicios prestados de seguridad y vigilancia privada.

Los bajos resultados de los últimos años van en contravía con la tendencia mundial e incluso con los números recogidos en Colombia durante la última década,  cuando el crecimiento anual de los ingresos del sector fue cercano al 10%. Para el 31 de diciembre de 2017 las empresas de vigilancia y seguridad privada habían reportado $9,2 billones de pesos en ventas, con un crecimiento de 7% frente al año anterior.

Sin embargo, según la investigación, que cuenta con componentes cuantitativos y cualitativos, con la dinamización en el mediano plazo del crecimiento del sector de la construcción, especialmente el componente de obras civiles, del sector agrícola y de la minería, es de esperar que la demanda de servicios de seguridad y vigilancia privada se recupere, pero con tasas de crecimiento inferiores a las observadas a comienzos de esta década. Así mismo, el proceso de urbanización y crecimiento de las ciudades en el país impulsarán la demanda del servicio hacia futuro.

“El sector cuenta con importantes retos, especialmente en materia regulatoria, por lo que la actualización del marco normativo debería ser una prioridad”, resalta Pérez.  En efecto, hoy en Colombia no existe una regulación adaptada a los cambios tecnológicos (seguridad electrónica, drones, armas no letales, por mencionar algunas) que permita que el sector avance y ofrezca una mayor gama de servicios. Así mismo deben llenarse algunos “vacíos” legales que llevan a la existencia de servicios como el transporte de valores en motos, que no cumplen con los estándares de calidad ni de seguridad adecuados.

A pesar de que el sector de seguridad privada tuvo origen en Colombia hace más de 50 años, su legislación fue posterior. Los primeros pasos para su formalización se dieron en la década de los sesenta y es hasta 1994, con el decreto 356, que se implementa un marco regulatorio específico que aún sigue vigente. “Aun cuando se han expedido más de 50 decretos reglamentarios y resoluciones de la Superintendencia con el fin de modificar o complementar la normatividad existente, ésta no alcanza a cubrir los cambios que se presentan en el mercado, y varias de las numerosas propuestas radicadas en el Congreso han sido archivadas”, explica Pérez.

Así mismo, destaca el informe, el fortalecimiento institucional de la Supervigilancia debe ser prioritario, toda vez que resulta fundamental mejorar los sistemas de reporte y procesamiento de información del sector, los cuales están desactualizados y presentan inconsistencias. Así mismo, es importante simplificar y racionalizar los trámites de licencias y capacitaciones que deben surtir las empresas del sector y procurar que éstos sirvan para mejorar el servicio que brindan.

Si bien en Colombia existe una estructura establecida para estas capacitaciones, la investigación devela varias fallas de este sistema: el curso de reentrenamiento anual siempre tiene el mismo contenido, no existe una malla curricular definida para quienes prestan el servicio de transporte de valores, el contenido de los cursos no tiene supervisión por parte del Ministerio de Educación, no existe un perfil establecido para los docentes de las academias de capacitación (lo que conduce a que no haya estándares de calidad en la educación que se imparte) y dentro de las academias que realizan la capacitación existe mucha informalidad.

“Es urgente e importante, que la Superintendencia mejore su capacidad técnica al interior de la organización, con el fin de lograr una adecuada labor de control”, señala la investigadora.

Percepción del sector

Con el objetivo de conocer la percepción sobre la situación actual del sector, en el marco de la investigación, Fedesarrollo realizó una encuesta dirigida a empresas dedicadas a la prestación de servicios de vigilancia, transporte de valores, blindadoras y seguridad electrónica. La encuesta se envió a 1.000 empresas, de las cuales 187 diligenciaron el formulario.

Dentro de los resultados más destacados se resalta que las empresas tienen la percepción de que existen dificultades para la contratación de servicios de seguridad con el Estado, principalmente por temas relacionados con falta de transparencia en los procesos.

Por otro lado, se encontró que el ingreso básico de los trabajadores del área operativa es mayor a un salario mínimo en el 75% de las empresas encuestadas. Además, el 78% de ellas ofrece beneficios extralegales. Al clasificar por tamaño de empresas, las microempresas son las que presentan unos salarios más bajos para quienes prestan el servicio de vigilancia y seguridad.

En cuanto al marco normativo, existe una inclinación de los encuestados a que la tarifa de los servicios de vigilancia y seguridad privada continúe siendo regulada. Un porcentaje importante de empresas considera que toda la normatividad dificulta la prestación de su servicio y todos los encuestados coinciden en que una nueva normatividad debe convertirse en la principal misión del sector.

Igualmente, uno de los hallazgos identificados en las encuestas es que existe una percepción de las empresas de que la Superintendencia de Vigilancia cuenta con poca capacidad de gestión, lo que perjudica el correcto desarrollo del sector. Igualmente, se evidenció que esta entidad debería ejercer más control sobre aquellas empresas que no funcionan legalmente en lugar de enfocarse sobre aquellas que sí lo hacen.

Se demanda una adecuada regulación de la seguridad privada en el país, ya que es un sector que necesita y se está modernizando constantemente. “El marco normativo tiene hoy más de 20 años de vigencia, aun cuando las necesidades y alcances del sector se han trasformado con el tiempo y nuevos elementos como la tecnología han entrado a jugar un papel relevante en la gama de servicios que se ofrecen. La adecuación de la regulación requiere de especial atención”, concluye Pérez.

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El Sector de Seguridad y Vigilancia Privada

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