Prohibir o regular la pirotecnia o por qué las soluciones fáciles no son efectivas

Por: Carlos Andrés Carvajal *

La cifra de lesionados por pólvora en Colombia para este fin de año ya ronda los 750 casos. Aunque la reducción en relación al año pasado es del 7%, este es en realidad un progreso marginal. La gente del común, a pesar de un fuerte bombardeo de campañas y mensajes para satanizar estos productos y desincentivar su uso, los sigue comprando en donde pueda encontrarlos. Esto contrasta de manera significativa con la casi nula inversión en mercadeo y publicidad de la industria pirotécnica del país y hace evidente cómo la cultura de celebrar con pirotecnia está arraigada por décadas de fiestas patronales y populares en los colombianos.

Como Representante de los Pirotécnicos del país, debo decir que a mí y a todos los pirotécnicos formales nos duelen todas estas personas lesionadas y asumimos la responsabilidad que nos compete frente a estos eventos. Sin embargo, tras años de reflexión he podido concluir que el problema es mucho mas complejo que empujar prohibiciones legales y campañas que estigmatizan la actividad. Por eso, independientemente de si ud. esté de acuerdo o no con la pirotecnia legal, lo invito a reflexionar, ¿es realmente la prohibición la estrategia más efectiva para transformar positivamente una realidad cultural? Ese debería ser el debate, en vez de asumir una posición sobre si la pirotecnia en sí misma es buena o mala.

Para responder esta pregunta, hay que empezar con que la cultura de la pólvora se volvió un tabú en Colombia. Desde hace años los debates que se dan en medios no son técnicos sino morales, y por ende la discusión no puede explorar las complejidades del problema para llegar a una solución efectiva de los lesionados. Se habla de estar a favor de la vida si no se usa pólvora y de castigar socialmente a aquel que le gusta y la utiliza, reduciendo la realidad a una discusión de buenos contra malos. Esta se vuelve una causa atractiva para muchos políticos en el corto plazo, pero rara vez trasciende a un escenario de largo aliento.

Ejemplo de este tabú es que este fin de año en Medellín y Pereira, los alcaldes ofrecieron recompensas a los ciudadanos que denunciaran el uso, la comercialización y/o producción de pólvora. La respuesta de la ciudadanía fue mínima a pesar de los incentivos económicos. Así mismo, los Contralores de Antioquia y Sucre emitieron un comunicado a los alcaldes de estos departamentos de que serían investigados si invertían recursos públicos en espectáculos pirotécnicos durante las fiestas de fin de año, pero fuera de las noticias que esto genera, estas medidas carecen de todo sustento legal.

La pirotecnia está regulada en Colombia por la Ley 670 de 2001, el Decreto 4481 de 2006 y el Código de Policía Nacional de 2016, estableciendo parámetros para definir productos legales e ilegales y obligando a estas autoridades a que si establecen castigos para lo ilegal, deben hacer referencia explícita a lo LEGAL. Sin embargo, cada Diciembre se habla de una prohibición absoluta de la pirotecnia en el país y se evita reconocer que en el Colombia, existen empresarios que ofrecen productos legales y seguros.

En la actualidad también cursa nuevamente en el Congreso de la República un proyecto para prohibir por completo la actividad pirotécnica en el país, reduciéndola a espectáculos masivos realizados por expertos, impulsado por la Representante a la Cámara Katherine Miranda. Los argumentos son los mismos que se han expuesto en 3 ocasiones previas en las que, sin éxito, se ha presentado un proyecto similar en el congreso.

Hay que proteger la vida y reducir los lesionados, la piel de nuestros niños es más importante que el negocio de algunos cuantos, y no hay pirotecnia segura, por lo que hay que prohibirla.

Estamos por completo de acuerdo con la Representante Miranda, así como con otros opositores como el señor Mauricio Tobón, aspirante a la Gobernación de Antioquia o el Concejal de Bogotá Jorge Torres, pero estos argumentos poseen un fuerte fundamento moral que no permiten profundizar el debate y alimentan una comprensión incompleta del problema. Son argumentos que ganan votos y simpatías desde lo político, pero que no retratan una análisis de fondo sobre las realidades socio económicas de la industria en el país, así como tampoco las soluciones que han implementado otros países, más avanzados que Colombia, al respecto.

Como líder de la industria de la pirotecnia a lo largo de una década, he visto varios cambios de gobierno y estoy seguro que la simplificación de la realidad de la industria a buenos y malos, será la razón por la cual este nuevo proyecto de la Alianza Verde, como ya es costumbre, no avanzará. Se atribuirá la culpa al lobby de los polvoreros en el congreso, sin olvidar que hay victorias políticas más importantes que lograr en el corto plazo, hasta que llegue el siguiente diciembre, en donde se retomará la lucha contra el flagelo de la pólvora.

Desde esta falta de compromiso de largo plazo hacia la problemática, la cual trasciende el tema de los lesionados, se volverá a olvidar que el 85% de la industria del país es artesanal e informal, es decir, no son grandes empresarios los que hacen lobby en el congreso. Será fácil olvidar también que en otras latitudes los adelantos en productos pirotécnicos siguen ocurriendo, como cualquier otra industria, dejando a nuestros polvoreros aún más rezagados, limitándose a productos antiguos, obsoletos y peligrosos, que incumplen normas técnicas de seguridad. Se olvidará que el debate es socio económico y no moral y se seguirán haciendo reclamos desde los “buenos” ciudadanos que no usan pólvora hacia los “poco educados” que se lesionan con estos y que “no aprenden”; sin embargo  el problema va más allá de la idiosincracia Colombiana.

Los niños lesionados por pirotecnia son consecuencia de la informalidad económica y la cultura de celebración en el país. Ya que muchos adultos no pueden encontrar espacios autorizados por ley en donde les enseñen prácticas mínimas de buen uso y accedan a productos más modernos, estos compran lo que encuentren en la calle, exponiéndose a artefactos peligrosos que carecen de instrucciones y que están por fuera de norma técnica, aunque sean tradicionales, populares y conocidos.

El vendedor informal no le importa si el que le compra está borracho, así como tampoco si le permitirá usar estos productos a sus hijos, pues de entrada no opera dentro la Ley 670 de 2001, que de manera explícita prohibe la participación de adultos alicorados y menores en la compra y uso de productos pirotécnicos, incluidas las conocidas luces de bengala. La dinámica es totalmente distinta si el vendedor es formal, autorizado por ley,  contribuyente de impuestos y comprometido con el crecimiento de su empresa, en tanto hará todo lo posible para educar y sensibilizar sobre los posibles riesgos de seguridad para que ese cliente no sufra un percance y por ende LE VUELVA A COMPRAR.

Esto es una lógica esencial de negocios que es ignorada en los ataques de políticos a la pirotecnia como los de Miranda, Tobón y Torres. Cualquier empresario busca generar valor a la sociedad para que su empresa sea sostenible en el tiempo. En esa medida, si la pirotecnia no avanza hacia ofrecer productos seguros y de bajo riesgo, el consumidor finalmente la dejará de comprar. Es un falso dilema poner en un extremo los intereses económicos y en otro la vida de las personas, como atribuyen los autores del proyecto de ley. En esta industria, la seguridad y el cuidado de la vida ES EL valor agregado esencial que genera una sostenibilidad financiera en el largo plazo.

En otros países la tecnología ha avanzado para que haya productos luminosos que no lesionan, no queman y tampoco hacen grandes explosiones ni estallidos, en parte para reducir los riesgos hacia la integridad física, en parte para reducir la afectación sonora de aquellos que no comparten el gusto por la pirotecnia. Así mismo, existen fuertes contextos educativos para sensibilizar a las personas particulares que se consideran entusiastas de estos productos y que desean celebrar con estos de manera privada. En Colombia la estigmatización moral de la pólvora ha prevenido que estos adelantos se materialicen y han invitado a que la gente siga comprando la misma pirotecnia que compraba hace 30 o 40 años, de manera clandestina.

Esta es la pólvora que ataca la Representante Miranda, porque con seguridad es la que recuerda de sus celebraciones familiares, pero es una totalmente alejada de las realidades de la industria a nivel mundial y refleja su desconocimiento. Existe pirotecnia segura, así como alcohol consumido responsablemente y automóviles que han sido regulados en su diseño para reducir los riesgos al conductor.  En estas industrias el riesgo asociado a estos productos se manejó elevando niveles de calidad, identificando los productos más riesgosos y estableciendo constantes esfuerzos de educación por parte de un trabajo conjunto entre sector público y sector privado, más que obstaculizando el desarrollo de tales sectores.

La solución de prohibir parece la más efectiva porque es la más sencilla, pero desafortunadamente ha probado ser por completo inefectiva en el caso de la pirotecnia. A pesar de que en el imaginario de los colombianos la pólvora está prohibida y existe un total desconocimiento sobre la legalidad de muchos productos, la gente sigue comprando en la calle, sin educación ni responsabilidad hacia sí misma o sus familiares. En otras palabras, es cuestionable pensar que una prohibición total prevenga que la gente siga comprando la pólvora que ya compra, aquella que es informal, que se encuentra en la calle y se usa de cualquier manera.

Este año, Bogotá ha roto récords en reducir el número de lesionados por pirotecnia, el cual bajó un 85% la noche de año nuevo y 62% para el mes de diciembre. La alcaldía realizó una campaña agresiva de estigmatización y recientemente afirmó que esta fue efectiva. Sin embargo, es de anotar que la fábrica más grande de pirotecnia legal en el país, ubicada en Soacha Cundinamarca, también rompió récords de ventas y la Policía Nacional no cerró tiendas legales, como hacía hace unos años, sino que se concentró en realizar fuertes operativos contra la pólvora informal, aquella que se vende en calles, espacio público y casas de familia.

En el resto del país, campañas similares a las de Bogotá no han tenido efectos similares como los que se presentaron en la capital pero sí alimentan un imaginario de que la pólvora es mala en sí misma, afectando el desarrollo necesario de una industria y previniendo un debate técnico. Las campañas son en el fondo un camino fácil, en tanto delegan TODA la responsabilidad al sector privado, pero le ahorran el trabajo al Estado de regular de manera precisa y al usuario de ser un usuario responsable. En este sentido, para que estos esfuerzos sean exitosos, deben realizarse durante mucho más que uno o dos periodos legislativos y generalmente, no ofrecen victorias políticas tan visibles de cara a la opinión pública.

En este nuevo año, invitamos a todos los sectores a que cambiemos el debate sobre la pirotecnia. A que exploremos los productos más peligrosos y estos se prohiban por ley; a que existan incentivos económicos para convertirse en un pirotécnico profesional, dejando atrás la pólvora casera y a que la ciudadanía sólo acuda a comprar en sitios autorizados donde se ofrecen los mejores productos. A que de manera más importante, se impongan castigos fuertes a los padres que permitan que sus hijos manipulen cualquier tipo de artefacto pirotécnico, sobre todo las luces de bengala; y a que combatamos la producción y comercialización de pólvora que no opera dentro de normas nacionales y internacionales.

En resumen, a que tengamos un debate moderno y técnico sobre pirotecnia, en vez de quedarnos en los argumentos de siempre, que sólo abordamos cada diciembre, cuando se reducen marginalmente, el número de lesionados.

  • Presidente de la Federación Nacional de Pirotécnicos, FENALPI
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