En estos días cuando a todas las entidades del Estado les están pidiendo recortar sus gastos y liberar recursos para enfrentar al Coronavirus, que requiere de miles de camas hospitalarias adicionales, mas Unidades de Cuidados Intensivos, miles de respiradores y millones de batas, tapabocas y elementos para proteger a nuestros médicos y trabajadores de la Salud, la Corte Constitucional no parece darse por enterada. Consiguió que le aprobaran en tiempo récord la creación de 39 nuevos puestos burocráticos que nos costarán $ 8.400 millones solo este año.

Esos miles de millones que se podrían haberse destinado a la compra de batas o tapabocas para los médicos y enfermeras del Amazonas o del Chocó a donde aún no llegan los elementos de protección se gastarán, por cuenta de la Corte Constitucional en unos funcionarios que a juicio de magistrados consultados no van a tener mucho que hacer en esta época de trabajo en casa.

¿Qué pasó?

Que, mientras en el país sólo se habla del Covid-19 y sus desastrosas consecuencias para la salud y la economía la Corte Constitucional decidió crear 39 nuevos cargos burocráticos que repito según magistrados, no se necesitan en estos momentos.

Hoy cada magistrados de nuestra flamante Corte tiene 17 funcionarios a su servicio que al parecer no les alcanzan porque pasarán a tener 19 personas dedicadas a hacer exactamente lo mismo o tal vez menos que antes de la pandemia.

La Presidencia de la Corte es caso aparte. Allá “llegarán” 8 nuevos empleados que no tendrán mucho qué hacer porque, también en opinión de magistrados, la Presidencia solo ejerce funciones administrativas y para eso con lo que tiene le basta y le sobra.

De lo que se trata, según explicaron, es de revivir y convertir en permanentes cargos que durante el gobierno de Juan Manuel Santos crearon para atender las necesidades del llamado Fastrack del proceso de paz con las Farc. Proceso que en lo que a la Corte Constitucional compete ya terminó.

Cuestión de velocidad

La asignación del presupuesto para la creación de los nuevos cargos fue solicitada por el Consejo Superior de la Judicatura al Ministerio de Hacienda el 12 de febrero de 2020…

Y allí se mantuvo quieta hasta el pasado viernes 17 de abril, cuando en medio de la crisis del Coronavirus y de una evidente escasez de fondos para financiar la emergencia, la directora general del presupuesto apropio los recursos necesarios. A partir de ahí el trámite cobró una extraordinaria velocidad. El Consejo de la Judicatura trabajó sábado y domingo y el lunes 20 de abril creó los nuevos 39 cargos.

¿Qué pudo haber influido para que el Ministerio de Hacienda haya aceptado aumentar en $ 8.400 millones los gastos de la Corte en plena crisis de recursos cuando uno creería que se deberían concentrar en la atención de la crisis del Covid-19?

Que como la Corte debe revisar la declaratoria de la Emergencia Sanitaria y las normas expedidas a su amparo aprovechó para enviarle “un mensaje subliminal al gobierno” o me aprueba los nuevos cargos o les convertimos en un infierno la aprobación de la Emergencia Sanitaria.

Resulta que mediante auto del 24 de marzo de 2020 la Corte exigió al gobierno probar dos cosas hechos completamente contradictorios.

Primero demostrar que no sabía qué venía una pandemia como la del Coronavirus, pero que tenía un detallado plan para enfrentarla. Incluido un presupuesto al que la Corte le acaba de arrebatar $ 8.400 millones.

El afán de la Corte es tal por proveer los cargos es tan evidente y desesperado que el Presidente pidió que le envíen las hojas de vida de los futuros empleados por WhatsApp y que se preparen posesionarse vía Skype para que, lo más pronto posible y saltándose todos los procedimientos que se deben llenar previamente empiecen a devengar sus altos salarios OnLine, así no tengan mucho qué hacer.

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