La administración de justicia en Colombia, ¿Hora de cambiar?

Al confesar haber cometido el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y de otras cinco personas las Farc pusieron a la Justicia colombiana contra las cuerdas.

Si las FARC logran probar que están diciendo la verdad, la justicia penal de los últimos 25 años en Colombia quedará en tela de juicio por su incapacidad de encontrar a los verdaderos responsables del magnifico pero, y por sobre todo, por haber condenado a un inocente a 40 años de cárcel por un delito que no cometió.

Sería interesante que quienes enviaron a Héctor Paul Flórez a prisión, incluida la Corte Suprema de Justicia, le muestren al país las pruebas que usaron para condenarlo.

Si las FARC y la JEP no son capaces de probar los seis asesinatos “confesados por carta” entonces el proceso de paz quedará herido de gravedad.

Pero la carga de profundidad que las FARC le acaban de poner a la Justicia Colombiana es apenas el último episodio de años y décadas de incapacidad y corrupción. De ausencia de esa pronta y cumplida justicia que ordena la Constitución.

Repasemos algunos hechos recientes para no seguir enumerando los magnicidios sin resolver en la historia judicial del país.

Dos magistrados del Consejo de la Judicatura elegidos para un periodo de 8 años que se quedan 12 años aprovechando los resquicios de una norma redactada a las patadas.

Magistrados que pasan de Corte en Corte aprovechando una larga cadena de favores tejida con mucho cuidado durante años. Cortes cuyos puestos se heredan a familiares, amigos, alumnos o subalternos que se “portaron” bien.

Otros magistrados que están en la cárcel sospechosos de redactar sentencias a destajo y sobre medidas o huyendo del país para eludir la acción de la Justicia que decían representar.

Un Fiscal anticorrupción que termina negociando con la justicia de los Estados Unidos como un vulgar narcotraficante porque no confía en la Justicia colombiana.

Fiscales y Procuradores que anuncian con bombos y platillos la apertura de grandes, severas y exhaustivas investigaciones que nunca terminan mientras la corrupción se pasea campante por despachos atiborrados de expedientes y funcionarios que no avanzan. Los primeros terminan olvidados y los segundos pensionados.

Un sistema de justicia en donde lo rentable es dilatar, dilatar y dilatar en lugar de absolver o condenar.

Un sistema de justicia en donde los Jefes de Prensa y Relaciones Públicas parecen ser más importantes de los abogados y los jueces.

Un sistema de justicia en donde sus altas cortes legislan y gobiernan violando a veces sutilmente, a veces descaradamente, la separación de poderes.

Un sistema de Justicia que le da más valor a confundir que aclarar.

Un sistema de justicia cojo, enfermo, desacreditado en el que los ciudadanos no sentimos que podemos confiar, pero que se resiste a aceptar su desprestigio y sigue actuando de manera omnipotente.

¿Será que esa bomba de tiempo que le acaba de poner las FARC hará que dé una buena vez abogados, fiscales, procuradores, jueces y magistrados acepten de una buena vez que llegó la hora de cambiar?

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