En un fallo histórico que redefine el equilibrio de poderes en el comercio internacional, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que el Presidente de dicho país no tiene la facultad constitucional para imponer aranceles de manera unilateral bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Con una votación de 6 contra 3, el alto tribunal sentenció que un arancel es, en su esencia, un impuesto. Bajo la Constitución estadounidense, la potestad tributaria reside exclusivamente en el Congreso. Según el criterio de la mayoría, si el legislativo hubiera querido delegar la capacidad de fijar tarifas o duties, lo habría hecho de forma explícita y no bajo la figura general de «regular importaciones» que contempla la IEEPA.

El alcance de la decisión: Luz y sombras para el comercio

Aunque el fallo es un golpe a la discrecionalidad del Ejecutivo en Washington, AmCham Colombia advierte que la implementación no será automática ni generalizada. Aquí los puntos clave para entender el impacto real:

• Foco limitado: La sentencia invalida únicamente los aranceles basados en la IEEPA. Otros gravámenes vigentes bajo las Secciones 232 (Seguridad Nacional), 301 (Prácticas desleales) o 201, permanecen intactos.
• Tiempos burocráticos: Si bien el efecto jurídico es inmediato, existe un periodo de 25 días para solicitudes de reconsideración. Además, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) podría tardar semanas en actualizar sus sistemas operativos.
• El dilema de los reembolsos: La Corte no estableció un mecanismo automático de devolución para los aranceles ya pagados. Las empresas deberán esperar a que la CBP defina el trámite de reclamaciones o, en su defecto, acudir a la Corte de Comercio Internacional (CIT).

¿Cómo afecta a los exportadores colombianos?

Para el empresariado colombiano, esta noticia genera un alivio en el marco jurídico, pero no una eliminación total de barreras. Sectores críticos para Colombia, como el acero, aluminio y autopartes, siguen bajo la lupa de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, la cual no ha sido afectada por este fallo.

«No se deben asumir modificaciones automáticas. Es imperativo esperar las guías formales de las autoridades estadounidenses antes de ajustar proyecciones de costos», señaló AmCham Colombia en su análisis técnico.

La recomendación para los exportadores nacionales es mantener una vigilancia estrecha sobre las declaraciones aduaneras y consultar con asesores legales antes de dar por sentada una reducción de costos en frontera.