El candidato presidencial Abelardo de la Espriella hizo pública una carta dirigida al vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, junto con un documento de soporte jurídico y estadístico en el que denuncia una presunta intervención de grupos armados ilegales en la primera vuelta presidencial y advierte sobre posibles riesgos para la transparencia de la segunda vuelta electoral.
En la comunicación enviada a Washington, De la Espriella sostiene que en amplias zonas del Pacífico colombiano la votación habría estado influenciada por estructuras armadas ilegales, particularmente en municipios de Cauca, Nariño y Chocó. El candidato afirma que la concentración de votos obtenida por su contendor en esas regiones coincide con territorios donde la Defensoría del Pueblo ha identificado altos niveles de riesgo electoral por presencia de grupos armados.
Como respaldo de sus afirmaciones, la campaña divulgó un documento de seis páginas que recopila información pública proveniente de la Registraduría Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral (MOE), centros de pensamiento y decisiones judiciales relacionadas con fenómenos de interferencia armada en procesos electorales.
El argumento central
Según el documento, en 109 municipios de Cauca, Nariño y Chocó el denominado «candidato oficial» obtuvo más del 70 % de la votación válida entre los dos aspirantes que avanzaron a la segunda vuelta. La campaña asegura que una alta proporción de esos municipios coincide con territorios clasificados por la Defensoría del Pueblo como zonas de riesgo electoral debido a la presencia de grupos armados ilegales.
Un documento adicional presentado por la campaña muestra el cruce entre los resultados electorales y la Alerta Temprana Electoral 013 de 2025 de la Defensoría. Según ese análisis, 94 de los 109 municipios identificados aparecen confirmados dentro de las alertas por riesgo electoral, mientras que otros 15 municipios del Chocó requerirían verificación adicional.
La campaña argumenta que la coincidencia entre altas concentraciones de voto y presencia de estructuras armadas amerita investigaciones por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, el mismo documento aclara que no constituye una denuncia formal ni una prueba concluyente de responsabilidad penal de persona alguna y que corresponde a los organismos de control verificar los hechos.
Referencias a grupos armados y denuncias regionales
El informe también relaciona municipios con votaciones superiores al 90 % para el candidato oficial con zonas donde, según organizaciones como Indepaz, Pares y la propia Defensoría del Pueblo, operan estructuras como el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y la llamada Segunda Marquetalia.
Además, recopila declaraciones públicas de autoridades regionales sobre presuntas presiones electorales en territorios bajo influencia de grupos armados y menciona reportes de la MOE relacionados con restricciones a la movilidad de votantes en algunas zonas del país.
Llamado a las autoridades
En su carta al Gobierno de Estados Unidos, De la Espriella afirma que no está acusando directamente a su rival de dirigir acciones ilegales, pero sí sostiene que existen indicios que justificarían una investigación profunda sobre posibles mecanismos de coacción electoral en regiones afectadas por el conflicto armado.
El candidato pidió que la información sea conocida por las autoridades estadounidenses en el contexto de sus recientes pronunciamientos sobre la importancia de garantizar elecciones libres y transparentes en Colombia. También anunció que pondrá a disposición de las autoridades nacionales toda la documentación recopilada por su campaña.
Lo que sigue
Hasta el momento, las afirmaciones presentadas por la campaña corresponden a una denuncia política sustentada en cruces estadísticos, documentos públicos y declaraciones de autoridades y exfuncionarios. La verificación de si existieron o no delitos electorales, así como la eventual determinación de responsabilidades, corresponde a organismos como la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría y las demás autoridades de control competentes.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.