Por: Fernando Salgado MD MSc.
Lo que el país presencia hoy, tras las contundentes revelaciones periodísticas, no es un simple error procedimental ni un escándalo de corrupción menor. Es la confirmación de una pesadilla institucional, esa simbiosis operativa entre el aparato de seguridad del Estado y las estructuras criminales que juró combatir. Las pruebas de infiltración del Bloque “Jorge Suárez Briceño”, de las denominadas disidencia de las FARC, bajo el mando de alias “Calarcá” en las Fuerzas Militares y la Unidad Nacional de Protección (UNP), marca un punto de no retorno en la degradación del manejo del orden público en Colombia.
Los informes son tan evidentes como devastadores por su crudeza. Existe evidencia que expone cómo este grupo armado logró convertir los esquemas de seguridad del Estado, inicialmente destinados a propósitos humanitarios o de protección, en su propia flota logística, que bajo el paraguas de las negociaciones de la «Paz Total» que dirige el comisionado de paz, cabecillas y milicianos han utilizado transportes y personal de la UNP para moverse con absoluta impunidad por todo el territorio nacional, vehículos pagados con recursos públicos, para transportar armamento, dinero en efectivo producto del narcotráfico y elementos de intendencia para agredir a nuestras fuerzas armadas y la población civil.
La situación desdibuja la línea entre la fuerza pública y la fuerza criminal. La presunta permisividad de unidades militares, o peor aún, su coordinación con estos desplazamientos a cargo de un oficial del más alto rango de nuestras Fuerzas Armadas y extrañamente reintegrado al servicio, sugiere que el Estado no solo ha fallado en proteger a los ciudadanos, sino que, en la práctica, ha estado escoltando a sus propios verdugos. La reacción del país, de la gran mayoría de colombianos incluyendo personas afines y aliados del gobierno, no puede ser otra que la de una profunda indignación cívica y una sensación de orfandad ciudadana.
Mientras los colombianos de a pie son extorsionados, secuestrados o violentados, el país nacional, observa atónito cómo los recursos de sus impuestos, la gasolina, vehículos blindados, escoltas, celulares y computadores, terminan al servicio de quienes dinamitan la infraestructura nacional, se dedican al narcotráfico, la minería ilegal y reclutan menores. Hoy es más evidente que nunca que con la falacia de la denominada Paz Total,se le vendió al país la idea de una pacificación, cuando la realidad que conocemos, es que se permitió y cohonesto el fortalecimiento estratégico de esas bandas criminales.
La poca confianza que teníamos en las instituciones, con estos hechos se ha perdido totalmente y el delgado hilo que sostiene la democracia, se ha roto. ¿Cómo pedirle a nuestros soldados y policías en el Cauca o en Norte de Santander o en cualquier lugar del país, que combatan al enemigo si, al mismo tiempo, sus superiores militares y políticos permiten que los criminales transiten por los peajes a bordo de vehículos oficiales
La infiltración a este nivel no tiene antecedentes en la historia del país y exige la asunción de responsabilidades en las altas esferas del estado, ya que esto no ocurre sin una ceguera voluntaria o una incompetencia suprema y la pregunta es ineludible: ¿Dónde estaban la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Contrainteligencia Militar? y tristemente solo existen dos opciones ambas aterradoras para la seguridad nacional, ocurrió una omisión Política o la inteligencia del Estado sabía lo que ocurría y se le ordenó mirar hacia otro lado para no «torpedear» los diálogos de paz y la segunda tan grave como la anterior una Incapacidad Operativa en la que la agencias de inteligencia del estado perdieron por completo la capacidad de monitorear las amenazas internas, facilitando el actuar de grupos al margen de la Ley también en delitos transnacionales que por supuesto preocupan a otros países del mundo.
Algo que preocupa aún más a los colombianos, es que la responsabilidad también recae sobre la fiscalía general de la Nación, pues de acuerdo con los informes periodísticos, el ente acusador tenía pleno conocimiento de estos movimientos, poseía las interceptaciones y reportes, y, sin embargo, hasta hoy su actuación ha brillado por su ausencia. Esta parálisis judicial no puede interpretarse como una simple casualidad, más pareciera un cálculo político ya que nadie puede entender la falta de celeridad para judicializar a los funcionarios de la UNP y a los militares cómplices, una situación que genera enorme desconfianza ciudadana, inestabilidad económica, y vulneración de derechos fundamentales, que ponen a prueba el respeto a la ley y que constituye una verdadera afrenta al Estado de Derecho.
Cuando los entes de control actúan con «tiempos políticos» en lugar de “tiempos o términos judiciales” se convierte en un engranaje más de la corrupción, el delito y la impunidad. Dicho en otras palabras, saber y no actuar es cohonestar con el delito. Este es un tema que apenas comienza, pero la gravedad de los hechos ya trasciende nuestras fronteras. El país hoy se juega su reputación ante la comunidad internacional y para agencias como la DEA o los gobiernos europeos, ver que disidencias narcotraficantes se mueven en vehículos oficiales es la validación de sus peores temores la cooptación del Estado por parte del narcotráfico, afectando la cooperación internacional, la ayuda militar y la legitimidad de la diplomacia del país, también en riesgo al eliminarse adicionalmente los requisitos para la carrera diplomática. Ya no seremos vistos como una democracia asediada que lucha valientemente contra el narcotráfico, sino como un socio poco fiable, infiltrado y coqueteando peligrosamente con la etiqueta de Estadofallido en materia de seguridad.
Colombia hoy camina sobre el filo de la navaja. Lo revelado por Noticias Caracol, no puede minimizarse ni considerarse un hecho aislado; es como decimos los médicos el signo y síntoma, de un colapso institucional provocado por la priorización de la ideología sobre la seguridad y la ley. Los colombianos de bien sin importar su condición o filiación política no podemos permitir que el crimen organizado tenga carné oficial y placa gubernamental, si a esta situación no le ponemos freno de inmediato; nuestra democracia quedará reducida a una fachada operada por mafias. Esto no es retórica de oposición, es sencillamente una verdadera amenaza para el futuro de nuestro país.
