Por Javier Mozzo Peña
Pocos pensaban que Estados Unidos iba a arriesgar activos navales y militares en aguas internacionales para combatir el tráfico de drogas ilícitas. Se percibía que tanto poder militar, altamente costoso de mover y mantener, estaba reservado para conflictos de mayor envergadura y con mejores réditos en la consolidación de su hegemonía mundial como los de Iraq, Irán y Afganistán.
Por eso fue sorpresivo el anuncio de la administración de Donald Trump de enviar barcos, pertrechos y activar bases militares en el sur del Mar Caribe con el propósito de perseguir en aguas internacionales a los traficantes de drogas. Y mucho más, la manera en que, sin miramientos y contra toda crítica, ha mostrado cómo aplica toda la fuerza de la que dispone en la zona.
Es difícil, pero pensemos por un momento que tanto despliegue de poder naval solo busca destruir cargamentos de estupefacientes y disuadir su tráfico. Al fin y al cabo, es el único motivo que el Pentágono ha reconocido abiertamente para justificar el posicionamiento de tantos activos militares. Las posibles intenciones de sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela se pueden quedar para otra columna.
Primero que todo, se trata de un mensaje claro a los países productores y comercializadores que, como Colombia, han llevado por el mundo la escarapela de ser socio principal en esa lucha.
Segundo, desde Washington se percibe, tras enviar por décadas enormes sumas de dinero en asistencia, que Colombia ya no combate como antes los cultivos de hoja de coca y los laboratorios de procesamiento, capaces de producir casi 3.000 toneladas de cocaína al año.
Es más: que su propio presidente, Gustavo Petro, colabora con el narcotráfico, por lo que mereció ser incluido en la lista Clinton.
Lo que grita Trump retumba: “Si no pueden hacerse cargo del problema, nosotros lo haremos y no será pacífico”. Tan poco lo es, que su ofensiva, la cual se extiende también al Océano Pacífico, deja más de 40 muertos.
Los informes de la propia administración estadounidense dan cuenta de ello y se emiten constantemente. Los reportes son los únicos de los que se dispone acerca del avance de la nueva estrategia.
Uno de los más recientes ataques letales ocurrió en el Océano Pacífico Oriental, con la destrucción de cuatro lanchas que traficaban narcóticos. El secretario de Guerra, Peter Hegseth confirmó e Twitter la muerte de 14 “narcoterroristas”. «Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos y, luego, los cazaremos y los eliminaremos».
Ni siquiera los gobiernos de Colombia, Venezuela o Ecuador -países que deberían controlar militarmente y asegurar las aguas donde se desplazan las lanchas- han podido decir a sus ciudadanos exactamente qué está sucediendo, con su propia información.
Genuinamente, no tienen idea de lo que está pasando y lucen como si no tuvieran los medios para recabar sus propios datos. Pareciera que simplemente se limitaran a esperar los reportes por redes sociales que hacen Trump, el Pentágono y las fuerzas desplegadas.
Han pasado 50 años después de que Estados Unidos declaró la guerra contra las drogas, aceitada con miles de millones de dólares en asistencia, armamento y pie de fuerza, para esperar que esos países se hicieran cargo ellos mismos del problema.
Colombia afrontó la guerra con valentía y puso una elevada cuota de muertos, especialmente en la década de 1990 y la primera del 2000. Pero el legado de esa lucha no se ve hoy.
Desde las negociaciones de paz del 2016, Colombia dejó de combatir. Eligió afrontar el problema de una manera “pacífica”, mediante programas de sustitución de cultivos de hoja de coca, reforma agraria, prohibición de fumigaciones aéreas y la terminación del plan de eliminación forzada de matas.
En el 2026 completará 10 años de esa estrategia, la cual, muy al contrario de lo que esperaba Estados Unidos, ha disparado las siembras y la producción potencial de cocaína.
Miles de campesinos siguen trabajando día y noche en el único negocio con el cual pueden sobrevivir. Más que en otras épocas, las guerrillas izquierdistas y grupos armados ilegales están nutriéndose del tráfico de estupefacientes, lo que les deja rentas suficientes para comprar armas y amenazar al Estado.
El experto y doctor en economía, Daniel Mejía señaló con preocupación que la expedición del informe de narco cultivos de la ONU correspondiente a 2024, uno de los medidores del éxito o fracaso de los países en la lucha contra las drogas, está en vilo en medio de la nueva situación que ha generado Estados Unidos con su estrategia.
También advirtió que el actual gobierno colombiano de Gustavo Petro solo pretende censurar esa medición de la ONU, que es crucial para enfocar, ajustar y reconducir la estrategia contra las drogas. Todo apunta a que siguieron creciendo las áreas cultivadas y la producción potencial.
Estados Unidos ve a Petro como un cercano colaborador del narcotráfico, según el ex ministro de Defensa y ex embajador colombiano en ese país, Juan Carlos Pinzón. “El presidente colombiano lo ha justificado, la coca ha crecido como nunca, se alía con el dictador venezolano Maduro y su estrategia de ‘paz total’ favorece a los narcos”, escribió recientemente.
El futuro de Colombia está en entredicho y no es porque haya fuerzas extranjeras mar adentro haciéndose cargo de un problema que no queremos solucionar. Ojalá el rumbo cambie muy pronto.
@javimozzo
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