En una carta abierta dirigida a los congresistas, el ICP señaló que la iniciativa debilita las garantías procesales y la independencia judicial
Bogotá, 10 de noviembre de 2025. — El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) alertó al Congreso de la República sobre los riesgos que implica la aprobación del artículo 9 del Proyecto de Ley de Competencias de la Jurisdicción Agraria, al eliminar el control judicial automático en varios procesos agrarios y trasladar facultades judiciales a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
En una carta abierta dirigida a los congresistas, el ICP señaló que la iniciativa debilita las garantías procesales y la independencia judicial, al permitir que la ANT asuma decisiones de fondo sobre recuperación, reversión y revocatoria de baldíos, entre otros procedimientos, sin supervisión directa de los jueces.
“Si se elimina el control judicial automático, se le otorga poder desmedido a la ANT para tomar decisiones sin una supervisión judicial adecuada”, advierte el documento, al señalar que esta modificación incrementaría el riesgo de decisiones discrecionales y arbitrarias.
El Instituto recordó que la Corte Constitucional ya ha delimitado el alcance de la jurisdicción agraria en fallos como las sentencias C-073 de 2018 y SU-288 de 2022, en las cuales estableció que los procesos que crean, modifican o extinguen derechos de propiedad deben ser competencia exclusiva de los jueces. Además, recordó que el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo de 2023, que también buscaba reducir el papel de la justicia en estos casos, fue declarado inexequible por la Corte.
El ICP consideró que la propuesta constituye un retroceso institucional al pretender “revivir” mecanismos ya derogados por el Decreto Ley 902 de 2017, el cual fue diseñado como parte del Acuerdo de Paz para garantizar transparencia y control judicial en la distribución de tierras.
“Lo que se busca es debilitar a la rama judicial y concentrar poder en una entidad gubernamental”, señala la misiva, advirtiendo que la eliminación de la fase judicial agravaría la inseguridad jurídica sobre la propiedad rural y aumentaría la conflictividad social en el campo.
Finalmente, el Instituto exhortó al Congreso a no aprobar el artículo 9, al considerar que su aprobación vulneraría el principio de separación de poderes, el debido proceso y el derecho de propiedad privada, consagrados en la Constitución Política.
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