Gobierno ordena traslado de ahorro privado a Colpensiones

En un movimiento que busca poner orden a un complejo rompecabezas financiero, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 0415 del 20 de abril de 2026, ha establecido nuevas reglas de juego para el traslado de recursos desde los fondos privados de pensiones (RAIS) hacia Colpensiones.

La medida reglamenta la exigibilidad de transferir los ahorros de aquellos afiliados que se acogieron a la oportunidad de traslado prevista en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, una norma que, aunque está bajo la lupa de la Corte Constitucional, mantiene vigentes sus disposiciones sobre traslados pensionales.

El fondo del asunto: Sostenibilidad frente a descalce financiero

El Gobierno sustenta esta decisión en el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional. Según los considerandos del decreto, el sistema actual enfrenta un desequilibrio: mientras Colpensiones asume las obligaciones pensionales de quienes se trasladaron, los recursos para financiarlas permanecían, en muchos casos, en las AFP.

Este «descalce» no solo afecta la planeación actuarial, sino que pone en riesgo la capacidad de respuesta del fondo común ante contingencias como invalidez o muerte, al no contar con los activos líquidos correspondientes para respaldar sus obligaciones presentes y futuras.

Las cifras justifican, según el ejecutivo, la urgencia de la medida: para 2024, la nómina pensional de Colpensiones alcanzó los $55.5 billones, de los cuales $15.3 billones correspondieron a recursos derivados de traslados desde el régimen privado.

¿Qué deben hacer las AFP?

El Decreto 0415 divide la obligación de traslado en dos escenarios claramente definidos:

1. Afiliados que no han consolidado pensión: Las AFP deberán trasladar la totalidad de los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual, incluyendo capital y rendimientos financieros.
   • Plazos: El 50% de los recursos debe transferirse en un término no superior a 20 días tras la entrada en vigencia del decreto, y el 50% restante en los 10 días siguientes.
2. Afiliados que ya consolidaron su derecho pensional: Deben trasladar la totalidad de los valores en un término no superior a 15 días tras la entrada en vigencia del decreto.

Puntos clave sobre la transferencia:

• Los recursos se trasladarán en dinero en efectivo, Títulos de Tesorería (TES) clase B y títulos de deuda de emisores vigilados por la Superintendencia Financiera, siempre que se ajusten al régimen de inversiones de Colpensiones.
• Los títulos se entregarán valorados a precios de mercado.
• Para quienes ya consolidaron pensión, se deberá dar prioridad al dinero en efectivo y a inversiones con fechas de redención menores a seis meses.

Advertencia final

La Superintendencia Financiera será la encargada de vigilar la estricta aplicación de estos términos. Con la publicación de este decreto, que rige a partir de la fecha, el Gobierno intenta poner fin a la incertidumbre financiera sobre los recursos de más de 100.000 afiliados que, al corte de febrero de 2026, ya habían ejercido su derecho de traslado.

Aquí presento el informe actualizado, integrando la visión técnica y las advertencias realizadas por la dirigencia de Asofondos tras la expedición del Decreto 0415.

Asofondos advierte sobre riesgos de sostenibilidad y falta de claridad legal

La expedición del Decreto 0415 del 20 de abril de 2026 ha generado una respuesta inmediata y crítica por parte de Asofondos, el gremio que agrupa a los fondos de pensiones privados. En una rueda de prensa liderada por Andrés Velasco, presidente de Asofondos, y Santiago García, presidente del Consejo Directivo, la industria calificó la medida como una «orden forzada» que pone en riesgo el ahorro de largo plazo de los colombianos y cuestionó la solidez técnica de la decisión gubernamental.

La postura del gremio: Un activo en riesgo

Para Asofondos, el ahorro pensional, que asciende a más de 540 billones de pesos, es el activo más importante para el futuro del país. Durante la intervención, los directivos hicieron énfasis en los siguientes puntos:

• Desnaturalización del ahorro: El gremio sostiene que el sistema de ahorro individual es el único mecanismo pensional sostenible a largo plazo en Colombia. Critican que el Gobierno busque desacumular estos recursos para cubrir necesidades fiscales de corto plazo, en lugar de permitir que los fondos sigan creciendo para garantizar las mesadas futuras.
• Desequilibrio financiero: Andrés Velasco argumentó que el argumento del Gobierno sobre la necesidad de recursos para pagar pensiones es «inválido», ya que Colpensiones, según sus datos, recibe actualmente cotizaciones suficientes para cubrir sus obligaciones actuales sin necesidad de recurrir a los saldos de los fondos privados.
• Impacto en la mutualidad: Santiago García destacó con preocupación el efecto sobre el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Advirtió que, al desacumular esta «mutualidad» (donde todos los afiliados aportan), se está agotando un recurso diseñado para durar hasta 2070, lo que acelerará su fin y obligará a la Nación a cubrir los faltantes mediante mayores impuestos en el futuro.

Inquietudes operativas y legales

El gremio expresó que el decreto fue expedido sin un análisis técnico adecuado sobre el impacto en los portafolios de los afiliados. Algunas de sus principales dudas son:

• Dificultad de liquidación: «Rara vez tenemos un peso en efectivo», señaló Velasco, explicando que el mandato legal es invertir los recursos para obtener rentabilidad, no mantenerlos líquidos. Liquidar 25 billones de pesos en los plazos exigidos (15 a 30 días) genera una presión innecesaria sobre el mercado.
• Limbo jurídico: Asofondos señaló que, dado que la Ley 2381 de 2024 está suspendida por la Corte Constitucional, existen serias dudas sobre las bases legales para solicitar estos traslados. Además, cuestionaron las instrucciones de trasladar títulos a una entidad como Colpensiones, la cual, según el gremio, no opera como un fondo de ahorro sino como un sistema de reparto simple.

El compromiso con el afiliado

Frente a la preocupación de los ahorradores, los presidentes de Asofondos fueron enfáticos en que el gremio no busca beneficios propios, ya que administrar menos recursos solo disminuye los costos operativos de las administradoras. «El efecto de este decreto no es sobre el patrimonio de las AFP, es sobre la nación colombiana», sentenció Velasco.

El gremio confirmó que se encuentran evaluando acciones constitucionales y administrativas para proteger el ahorro que les ha sido confiado, reiterando que la prioridad debe ser el «interés del afiliado» por encima de la urgencia fiscal del Gobierno.