Lo que prueban los Estados Financieros de la Nueva EPS

Tras años de absoluto silencio contable, zonas grises institucionales y repetidos requerimientos, la Nueva EPS finalmente radicó sus estados financieros correspondientes a las vigencias de 2023 y 2024. Siguen pendientes los de 2025.

La entrega formal, liderada por el actual agente especial interventor Jorge Iván Ospina Gómez quita parcialmente el velo sobre la realidad financiera de la promotora de salud más grande de Colombia, que cobija a más de 11,5 millones de afiliados.

Lo que los documentos revelan dista de ser un parte de tranquilidad. Las cifras presentadas configuran una radiografía de quiebra estructural, caracterizada por pérdidas multimillonarias, un patrimonio devastado y pasivos que duplican con creces el valor de sus activos.

1. La radiografía del desplome: Las cifras de 2024

Los estados financieros comparativos de la entidad confirman un panorama de deterioro crítico al cierre de la vigencia 2024:

• Pérdida Neta: Registró un saldo en rojo de $4,8 billones de pesos en 2024. Aunque el informe de la intervención señala que es inferior a los $6,5 billones perdidos en 2023 (cifra que debió ser reexpresada contablemente tras la intervención), la magnitud del déficit anual sigue siendo insostenible.
• Balance de Situación Financiera: Al cierre de 2024, la EPS reportó activos totales por $10,6 billones frente a un volumen de pasivos de $22,5 billones.
• Patrimonio Negativo: El desbalance contable arrojó un patrimonio negativo de $11,9 billones de pesos.

[Fotografía Financiera al Cierre de 2024]
Pasivos:    ███████████████████████ $22,5 billones
Activos:    ███████████ $10,6 billones
Patrimonio: -████████████ -$11,9 billones

El estallido de las Reservas Técnicas

Uno de los datos más alarmantes y que mayor tracción ha tenido en el debate público es el comportamiento de las reservas técnicas (el dinero que legalmente la EPS debe aprovisionar para cubrir la atención ya prestada y facturada por clínicas y hospitales). De acuerdo con análisis difundidos por figuras de la oposición, como la senadora Paloma Valencia, estas reservas alcanzaron los $21,8 billones de pesos en 2024, reflejando un incremento del 90% respecto al año anterior. Este crecimiento exponencial evidencia el enorme represamiento de deudas que ahoga a la red prestadora de servicios médicos.

2. ¿Mala gestión o insuficiencia de la UPC? El origen del hueco

La publicación de estos balances ha reavivado una de las controversias políticas más profundas del sector salud: la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el dinero que el Estado transfiere anualmente por cada usuario registrado.

Según el comunicado oficial emitido por la administración de la Nueva EPS, el origen del déficit crónico no responde a gastos operativos ni de funcionamiento, los cuales se mantuvieron controlados en $0,5 billones de pesos (apenas el 2,5% de sus ingresos ordinarios).

Explicación de la Intervención: «La pérdida no se explica principalmente por la administración de la entidad, sino por el desbalance entre los recursos que entran al sistema y el costo real de atender a los afiliados, entendiendo que los recursos de 2024 estaban asumiendo compromisos de vigencias anteriores».

En términos prácticos, por cada $100 pesos que la Nueva EPS recibió en 2024, gastó $119 pesos exclusivamente en la atención en salud de su población afiliada. El gremio de los médicos colombianos (Promédicos) y diversos analistas sectoriales señalaron que esta realidad tumba la narrativa sostenida durante meses por el saliente gobierno de Gustavo Petro, la cual insistía en que los recursos de la UPC eran técnicamente suficientes y que la crisis obedecía únicamente al desvío o mala administración de las EPS.

Por otro lado, la contabilidad oficial revela que el propio Estado actúa como su principal deudor. La EPS registra $9,51 billones en cuentas por cobrar (cerca del 90% de sus activos totales), principalmente por deudas acumuladas de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social (ADRES) bajo conceptos de recobros y presupuestos máximos no liquidados oportunamente.

3. Reacciones sectoriales: Una película incompleta

Pese a que el interventor Jorge Iván Ospina presentó la radicación como un «quirófano financiero» que aleja definitivamente el fantasma de la liquidación forzosa de la compañía, los gremios y asociaciones de pacientes recibieron el balance con profunda cautela.

La presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, enfatizó que «no está completa la película». Vesga advirtió que estos documentos solo muestran una porción del retrovisor contable (12 de los 30 meses que acumula la entidad bajo el control e intervención del Gobierno). Sin los balances de la vigencia 2025 y del primer semestre de 2026, es imposible medir el impacto real y el posible empeoramiento de la operación bajo el mando de los sucesivos agentes interventores estatales.

A su vez, voceros de redes de pacientes como Pacientes Colombia manifestaron su preocupación ante la persistencia de barreras de acceso: mientras las deudas en el papel superan los 21 billones de pesos, cientos de miles de usuarios continúan padeciendo demoras críticas en la asignación de citas médicas especiales y desabastecimiento en la entrega de medicamentos esenciales. Debido a la desconfianza generalizada en la veracidad de la transición documental, tanto Acemi como veedurías ciudadanas han solicitado formalmente la ejecución de una auditoría forense independiente sobre las cuentas de la EPS.

4. El desafío fiscal para el nuevo inquilino de la Casa de Nariño

La publicación de estos balances marca, de forma coincidente, el cierre del ciclo de empalme presidencial. El saliente mandatario Gustavo Petro propuso en sus últimas declaraciones que la Nación asuma directamente los $11 billones de pesos de deuda de la Nueva EPS, responsabilizando a administraciones previas de la debacle.

Sin embargo, la resolución de este gigantesco «chicharrón» financiero y social recaerá por completo sobre el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, quien asumirá funciones constitucionales el próximo 7 de agosto. De acuerdo con expertos del sector, como el exministro de salud Augusto Galán, una liquidación apresurada de la Nueva EPS provocaría un efecto dominó sistémico y una catástrofe humanitaria sin precedentes debido al volumen de afiliados vulnerables y dependientes de la entidad.

El cronograma fijado por el agente interventor Ospina promete radicar los estados financieros restantes de 2025 en un plazo de 15 días, y el cierre del primer semestre de 2026 antes de finalizar el mes de julio. Será con esa radiografía de término completo que el nuevo gobierno deberá estructurar un plan de reingeniería de choque para salvar el aseguramiento médico de una quinta parte de la población colombiana.