Por: Juan Camilo Restrepo.
Una de las fantasías fiscales más socorridas consiste en creer que contratar es equivalente a ejecutar un presupuesto. Nada más alejado de la realidad.
El afán frenético por contratar- que se ha tornado en pulsión epiléptica por el gobierno agónico de Petro- a la hora de la verdad solo ha servido para acumular una pesada masa de reservas que pasan de una vigencia a otra. Reservas que no se traducen en ejecución efectiva de gasto público sino en inejecución de éste.
Es una expresión más- de la que poco se habla- de la profunda crisis que viven las finanzas públicas del país.
Una vez que se firma un contrato por la administración pública las cosas apenas comienzan: si no hay caja para pagarle al contratista los bienes o servicios a que se comprometió, el acuerdo de voluntades entre el estado contratista y el particular queda a mitad de camino. Y si no se ha perfeccionado al finalizar el año, pasa como una “reserva” para ser atendida en el ejercicio presupuestal siguiente.
En la medida en que por consideraciones políticas (como viene sucediendo con el gobierno Petro) se abusa de la facultad de contratar, sin contar con recursos suficientes de caja para cancelar oportunamente las obligaciones con los contratistas, se va formando una bola de nieve infernal de reservas que se jinetean de un año a otro. Que es precisamente lo que viene sucediendo.
Es la otra cara del déficit fiscal que se ha agudizado y que no resulta descabellado estimar que terminará este año bordeando el 8% del PIB. Del 2024 al 2025 pasaron cerca de $48 billones como reservas. Y es de suponer que como consecuencia de la febril e irresponsable contratitis que ha invadido al gobierno Petro, el monto de las reservas que pasarán del 2026 al 2027 será mucho mayor.
Según “Transparencia por Colombia” en informe que recoge El Tiempo del 18 de julio, desde que terminó la segunda vuelta el 10 de julio y la ley de garantías dejó de tener vigencia, se han firmado por el Estado 43. 094 contratos por valor de $7.6 billones y existen otros 50.000 contratos en vía de perfeccionarse. Es decir, cerca de 100.00 contratos. Casi la mitad de esta cifra corresponde al gobierno central y el resto a entidades territoriales. Dos de cada tres contratos se hicieron a dedo, es decir, sin competencia alguna entre oferentes.
Un impresionante carnaval contractual que aumentará el enorme monto de reservas que pasará del 2026 al 2027.
Las reservas que pasan de una vigencia a otra deben cancelarse el año subsiguiente. Y lo que es muy importante tener en cuenta: desplazan espacio fiscal para gasto nuevo en el presupuesto donde aterrizan dichas reservas. Con lo cual recomienza el permanente jineteo del gasto público que se contrata pero que no se ejecuta.
No sería impensable que las reservas presupuestales del 2026 que pasarán al 2027 estarán alrededor de $60 o $70 billones. La cifra exacta la conoceremos al finalizar este año, año en el que todas las barreras de moderación y sindéresis de la contratación pública se rompieron. Como lo indican las cifras de transparencia por Colombia que hemos señalado arriba.
¿Qué va a hacer el nuevo gobierno con este fardo de reservas comprometidas, pero no ejecutadas que recibe? Y que se comen el ya magro espacio que quedaba para nuevos programas de gasto que reflejarían las prioridades del nuevo gobierno.
Lo sabremos cuando la administración ADLE revele las cartas de su programa financiero cuyos detalles aún no se conocen. Pero lo que sí sabemos desde ahora es que se trata de una de las cargas más pesadas que ha recibido gobierno alguno en la historia fiscal del país.
Y queda en claro, también, que el afán epiléptico por contratar que ha caracterizado el tramo final de la administración Petro no habrá servido para nada: fuera de amarrarle las manos al nuevo gobierno y enredar aún más la caótica situación fiscal que entrega.
¿Por qué puede calificarse este aumento inusitado de las reservas presupuestales como una estafa? Porque al aterrizar en el año siguiente como apropiaciones prioritarias deben ejecutarse primero que las apropiaciones frescas que el nuevo gobierno tenga en mente. Y como las cifras no son nada despreciables, significa que una inmensa mayoría del gasto público que ejecutará el nuevo gobierno en el año 2027 no será el que corresponda a sus prioridades, sino a las que el gobierno Petro consideró que eran las suyas durante el atropellado festival contractual del 2026.
