En una movida que presagia una tormenta judicial de grandes proporciones, el gremio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (Asofondos) anunció que emprenderá acciones legales inmediatas contra el recién expedido Decreto 0415 de 2026. La medida, que ordena el traslado forzoso de cerca de $25 billones desde las AFP hacia Colpensiones, ha sido calificada por el sector como una decisión «abiertamente ilegal» y «altamente lesiva» para los trabajadores colombianos.

El eje del conflicto: ¿Legalidad vs. Decreto?

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, no ha escatimado en calificativos frente a la norma, señalando que existe una «contradicción evidente» entre el decreto y el marco legal vigente. Según el gremio, las normas actuales son tajantes: los recursos de los trabajadores deben permanecer invertidos y gestionados por las AFP hasta que se consolide el derecho a la pensión.

Más aún, el comunicado enfatiza una condición clave: si el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo del Banco de la República aún no opera, los recursos deben permanecer bajo la administración de los fondos privados.

Las advertencias del gremio

Más allá de la disputa técnica, Asofondos ha lanzado una advertencia sobre los efectos sistémicos de esta decisión, que trascienden el debate administrativo:

• Inseguridad jurídica: Se advierte que la medida afecta la confianza en las reglas del sistema pensional.
• Deber fiduciario: Velasco reafirmó que el mandato legal de las AFP es proteger el ahorro de los afiliados y que no «escatimarán esfuerzos» para defender estos recursos, al ser un deber que consideran «no opcional».
• Llamado a los entes de control: El gremio anunció que enviará una comunicación directa a las Altas Cortes y a los órganos de control, exigiendo instrucciones claras para resolver esta incertidumbre que, según denuncian, no debe recaer sobre los ahorros de los afiliados.

¿Qué viene ahora?

La postura de Asofondos es clara: no permitirán que se consolide un precedente que, a su juicio, vulnere la confianza ciudadana. El país se prepara para un pulso jurídico donde el respeto por la institucionalidad y la sostenibilidad del sistema pensional colombiano estarán en el centro del debate, mientras la incertidumbre jurídica rodea las cuentas individuales de millones de ciudadanos.