Cinco pilares de seguridad en gobierno de Abelardo de la Espriella

La seguridad será, probablemente, el sello más visible del gobierno de Abelardo de la Espriella. Durante la campaña prometió «recuperar el país» y, desde su elección, ha reiterado que Colombia necesita un Estado que vuelva a ejercer control sobre el territorio, enfrente con decisión a los grupos armados y reduzca los niveles de violencia que hoy afectan a amplias zonas del país.

Su propuesta parte de un diagnóstico: la estrategia de Paz Total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro debilitó la capacidad del Estado para combatir a las organizaciones criminales y permitió que varias de ellas ampliaran su presencia territorial.

Eso no significa que la nueva política consista únicamente en aumentar las operaciones militares. Lo que hasta ahora se conoce muestra una estrategia con cinco grandes ejes.

1. Del diálogo al sometimiento

El cambio más importante será la relación del Estado con los grupos armados ilegales.

Mientras el gobierno saliente privilegió la negociación simultánea con guerrillas, disidencias y bandas criminales, De la Espriella anunció que esa política terminará. 

Su intención es que quienes quieran abandonar las armas puedan acogerse a mecanismos de sometimiento a la justicia, pero no mantener negociaciones indefinidas mientras continúan delinquiendo.

Ese cambio ya comenzó a reflejarse con el ultimátum que el presidente electo dirigió a los principales cabecillas del ELN y del Frente 33 de las FARC en el Catatumbo esta semana. Esa región se perfila como el primer gran desafío de su gobierno.

2. Recuperar el control del territorio

La segunda apuesta consiste en aumentar la presencia del Estado en las zonas donde hoy predominan las economías ilegales y los grupos armados.

La idea no es únicamente desplegar más soldados. También busca fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública mediante inteligencia, coordinación entre instituciones y recuperación del mando militar.

Por esa razón, una de las primeras decisiones del presidente electo fue designar como ministro de Defensa al general (r) Jorge Eduardo Mora López, quien deberá liderar la reorganización del sector.

3. Inteligencia antes que reacción

Uno de los aspectos menos visibles, pero posiblemente de los más importantes, será el rescate de la inteligencia.

La estrategia plantea integrar mejor la información de las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía y los organismos de investigación para anticipar movimientos de las organizaciones criminales, identificar redes financieras y realizar operaciones más precisas en su contra.

El objetivo es pasar de reaccionar después de los ataques a prevenirlos mediante información oportuna y el uso de nuevas tecnologías.

4. Golpear las finanzas del crimen

El nuevo gobierno considera que combatir a los integrantes de los grupos ilegales no es suficiente.

Por eso propone atacar los negocios ilícitos que huy financian a esas organizaciones, como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y el lavado de activos. La sensación que tenemos los colombianos es que el gobierno de Petro en vez de atacarlos los estimuló.

Su planteamiento busca combinar operaciones contra cultivos ilícitos y laboratorios con una mayor persecución del dinero que sostiene esas estructuras criminales.

5. Más seguridad en las ciudades

La política de seguridad del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá un fuerte componente urbano. Frente el cual poco y nada se ha hecho en los últimos gobiernos.

Entre las primeras medidas anunciadas figura la creación, mediante decreto, del llamado Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una estrategia con la que el Gobierno pretende apoyar a las autoridades locales en la lucha contra delitos como la extorsión, el homicidio y el hurto principalmente.

Ese anuncio ha generado respaldo en algunos sectores, interrogantes y rechazo en otros especialmente de la izquierda que amenaza casi todos los días con sacar sus “primeras líneas a la calles”. 

Aún no se conocen detalles sobre su estructura, sus funciones y el marco jurídico bajo el cual operaría el nuevo esquema ni los mecanismos de control para evitar abusos.

¿Qué diferencia esta estrategia de la Seguridad Democrática?

Analistas encuentran similitudes con la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe.

Ambas parten de la idea de fortalecer la autoridad del Estado, aumentar la capacidad ofensiva de la Fuerza Pública y recuperar territorios dominados por organizaciones ilegales.

Sin embargo, el contexto es diferente. Hace veinte años el principal desafío eran las guerrillas y los grupos paramilitares. Hoy el panorama incluye estructuras criminales más fragmentadas que combinan narcotráfico, minería ilegal, extorsión y control de economías locales. 

Hace 20 años el predominio de esas organizaciones estaba en las áreas rurales y en regiones especificas. Hoy la percepción ciudadana es que también están en las periferias de las grandes ciudades y viven de negocios ilícitos como la extorsión, el secuestro express, la trata de personas y la venta al por menor de narcóticos por bandas organizadas sin más ideología que el negocio.

Eso obliga a complementar la acción militar con inteligencia, investigación judicial y persecución financiera.

Los grandes desafíos

La propuesta ha despertado expectativas entre quienes consideran que el país necesita recuperar el control del orden público. Pero también enfrenta preguntas importantes.

La primera es si contará con los recursos suficientes para fortalecer las Fuerzas Militares y la Policía.

La segunda es cómo garantizar que el incremento de las operaciones se realice dentro del respeto por los derechos humanos y bajo controles institucionales.

Y la tercera consiste en evitar que los territorios recuperados vuelvan a ser ocupados por otras organizaciones criminales, un fenómeno que Colombia ha vivido una y otra vez durante las últimas décadas.

En pocas palabras

La política de seguridad de Abelardo de la Espriella representa un cambio profundo frente al gobierno anterior.

Su apuesta combina mayor autoridad del Estado, fortalecimiento de la Fuerza Pública, uso intensivo de inteligencia, combate a las economías ilegales y una estrategia más ofensiva contra los grupos armados.

El reto será demostrar que esa combinación puede traducirse en una reducción sostenida de la violencia sin sacrificar las garantías democráticas ni los derechos fundamentales.

Ahí comenzará la verdadera prueba de su gobierno.