El presidente Gustavo Petro ha vuelto a sorprender con un decreto inesperado. El Decreto 0302 de 2025, expedido el 17 de marzo, declara el 18 de marzo como «Día Cívico para la Participación Ciudadana». Su justificación: garantizar el derecho de la ciudadanía a manifestarse en favor de las reformas sociales del gobierno. Sin embargo, el decreto deja claro que las entidades territoriales pueden decidir si lo adoptan o no, lo que ha generado reacciones mixtas a lo largo del país.
En una entrevista con el constitucionalista Juan Manuel Charry, analizamos la legalidad y el trasfondo político de esta medida y de la convocatoria a una consulta popular anunciada por Petro.
¿Día cívico o herramienta política?
Según Charry, no existe una norma que autorice al presidente o a los alcaldes a decretar días cívicos de manera arbitraria. Aunque el decreto menciona la preservación del orden público, no hay un sustento legal específico que faculte al gobierno a suspender actividades laborales en pro de una manifestación política. “Parece más un acto simbólico que una acción con efectos jurídicos vinculantes”, comentó Charry.
La reacción de los alcaldes ha sido diversa. Mientras que en ciudades como Arauca el día cívico no será acatado, en otras regiones los mandatarios han preferido esperar lineamientos adicionales. La Justicia, por su parte, ya dejó claro que operará con normalidad: el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación anunciaron que no interrumpirán sus labores.
Consulta popular: ¿un mecanismo válido o un truco político?
El otro gran tema es la consulta popular que Petro quiere impulsar para presionar al Congreso en la aprobación de sus reformas sociales. Charry explicó que el presidente sí tiene la facultad de convocar consultas nacionales, pero el proceso es engorroso y altamente improbable que tenga éxito.
Para que la consulta tenga validez, debe superar un umbral del 33% del censo electoral, lo que equivale a más de 13 millones de votos. Adicionalmente, el Congreso debe dar su aval a la convocatoria, lo que introduce una barrera política significativa. “El mecanismo parece estar diseñado más para generar un hecho político que para obtener un resultado válido”, afirmó Charry.
La estrategia del gobierno es clara: movilizar a sus bases, agitar el debate público y convertir la consulta en una plataforma de campaña para las elecciones de 2026. Sin embargo, el riesgo es alto. Si la consulta fracasa en reunir el número suficiente de votos, podría interpretarse como un revés electoral para Petro y debilitar su imagen de cara a los comicios.
¿Un ensayo para la campaña presidencial?
La oposición ya califica la consulta como un intento de Petro por medir su popularidad antes de las elecciones. Según diversos analistas, el presidente podría estar usando este mecanismo como un pretexto para recorrer el país en una campaña disfrazada de consulta ciudadana. Si el gobierno alinea la fecha de la consulta con las elecciones internas de los partidos, podría generar un escenario político favorable a sus intereses.
Mientras tanto, el debate continúa. ¿Es la consulta una herramienta genuina de participación ciudadana o simplemente una estrategia electoral? Lo cierto es que Petro ha vuelto a poner en el centro de la discusión el papel de la democracia participativa en Colombia, con un alto riesgo de que el intento termine en un desgaste político sin precedentes.
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