El presidente Gustavo Petro ha decretado un día cívico para que los trabajadores apoyen sus reformas sociales, una medida que, aunque legal, plantea serios interrogantes sobre su verdadero propósito y sus beneficiarios reales.
Según la Ley 51 de 1983, los gobiernos nacional, departamental y local pueden declarar días cívicos por razones como elecciones, visitas de mandatarios, tragedias o actividades cívicas. Sin embargo, en este caso, la declaratoria parece estar más alineada con un movimiento político que con un beneficio colectivo.
¿Quiénes se benefician realmente?
El día cívico solo aplica a trabajadores del sector público y no es obligatorio. En el sector privado, las empresas pueden operar con normalidad.
El presidente Petro argumenta que busca evitar sanciones a quienes decidan asistir a la marcha en favor de sus reformas, especialmente la laboral y la de salud. Sin embargo, un análisis detallado muestra que la reforma laboral sólo favorece a una minoría: los sindicatos más poderosos del país, CUT, FECODE y la USO, que apoyaron la campaña del mandatario con millonarios aportes.
Por ejemplo, FECODE maneja el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAC), que administra 17.5 billones de pesos, de los cuales 3.5 billones están destinados a la salud de los docentes y sus familias. Con ese poder económico, no es sorprendente que sus miembros salgan a marchar para proteger su influencia y beneficios.
Las cifras del mercado laboral
Los datos del DANE revelan una realidad diferente a la que plantea el gobierno:
- Tasa de desempleo en enero de 2025: 11.6%
- Tasa de ocupación: 56.1% (incluye trabajadores formales e informales)
- Tasa de informalidad: 56.1% en ciudades y 85% en zonas rurales
- Tasa de sindicalización: 6%
La reforma laboral no beneficia al 56% de los trabajadores informales, que no tienen seguridad social ni prestaciones. Tampoco ayuda a los 10 millones de colombianos en subempleo o a los más de 900 mil contratistas del Estado, quienes continúan en la precariedad laboral.
¿Para qué realmente se declara el día cívico?
Petro lo ha definido como «el primer día de la campaña para la consulta popular» con la que pretende impulsar sus reformas. Sin embargo, con menos del 6% de trabajadores beneficiados directamente, la consulta parece condenada al fracaso.
A eso se suma que el costo de la consulta oscilaría entre 350 mil y 500 mil millones de pesos, dinero que podría destinarse a pensiones o a la atención en salud en vez de financiar una estrategia política.
Conclusión
La declaración del día cívico parece responder más a una estrategia para medir el apoyo popular que a un verdadero incentivo laboral. Mientras los sindicatos mayoritarios se movilizan para proteger sus privilegios, millones de colombianos informales, subempleados y desempleados seguirán sin beneficiarse de una reforma laboral que no los incluye.
Cada ciudadano decidirá si vale la pena salir a marchar. Pero ante las cifras, queda claro que esta reforma no es para todos, sino solo para una élite sindical privilegiada.
