Por: Javier Mozzo Peña
Recurrente y hasta cansón, pero es necesario volver a hablar de la deuda pública. Recientes pronunciamientos, tristes indicadores y el deterioro de las condiciones internacionales, obligan a martillar nuevamente sobre el tema.
Ya se tenía contemplado y muchos analistas lo habían advertido en 2021: las condiciones de pago de las deudas de los países iban a ser más complicadas en un horizonte de 5 a 10 años, especialmente para los emergentes y en vías de desarrollo.
Además, resultaba obligatorio fortalecer las economías para afrontar los costos derivados de las medidas para contener un mayor contagio de la pandemia de COVID-19. Combatir la inflación, ser austeros en el gasto público de funcionamiento y aumentar la inversión privada, entre muchas otras, siguen estando en el recetario.
También, que las condiciones para bajar las tasas de interés en las economías desarrolladas iban a enfrentar contratiempos.
Hoy, la Reserva Federal de Estados Unidos -de facto, el banco central de todos los países que comercian con dólares desde Europa hasta América Latina- sopesa si subir su tasa de interés o al menos no efectuar recortes adicionales, ante la persistente tendencia de la inflación a mantenerse en algo más de 3 por ciento, en la parte alta de la meta.
Con todo eso, Colombia y los demás países debían estar listos. Entre muchas otras medidas era imperativo fortalecer los esquemas de asociación público-privados, de tal manera que la inversión no fuera a deteriorarse y, por el contrario, se constituyera en buen sustrato para la reactivación futura.
Pues bien, como era de esperarse, nada de eso se hizo. Al contrario, los países, entre ellos Colombia, fueron aumentando su endeudamiento, al tiempo que se deterioraron las demás variables y fueron aumentando el tamaño del Estado.
Hoy, nuestro país está creciendo a tasas cercanas a cero, con la inversión privada cayendo, un recaudo tributario también a la baja, la inflación y el desempleo estancados en elevados niveles y los compromisos de la deuda aumentando. Un coctel explosivo.
Colombia tiene un grave deterioro del indicador de inversión privada, que no garantiza que la economía vaya a recuperar, ni a corto ni a mediano plazo, una senda sostenida de crecimiento que permita, al menos, lidiar con los problemas. Uno de ellos, el pago de sus elevados compromisos financieros.
Y con los ilógicos anuncios del presidente Gustavo Petro, que han tratado de ser aclarados por su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la situación de nuestro país se encamina a empeorar. Para Petro resultó desapacible anunciar la refinanciación de la Línea de Crédito Flexible (LCF) del FMI, en un acto político-público que recibió aplausos de la concurrencia y dejó boquiabiertos a inversionistas y analistas.
Más desparpajado aún resultó su comentario sobre una posible cesación de pagos, algo que no había estado en boca de un mandatario colombiano en la historia reciente.
Como bien lo advirtió ANIF, la refinanciación podría tener serias implicaciones, como un aumento en el costo de la deuda. Y ni hablar de lo que pueda pasar con una cesación de pagos.
Emitir nueva deuda luego de hacer una refinanciación como la que aún sigue sobre la mesa (pues Petro personalmente no ha rectificado lo que dijo en su discurso), implica condiciones adversas para el país con un mayor pago de intereses hacia futuro.
Dado que Colombia es el tercer país de América Latina que ha presentado aumento en el pago de estas obligaciones, la situación se vuelve compleja para quienes salen a buscar deuda fresca, sea el propio gobierno, las empresas públicas o las firmas privadas.
Los indicadores no causan sino preocupación: el propio gobierno estima que el pago de intereses ascienda a 4,5% del PIB este año, lo que sería el mayor monto observado desde 2010. Pese a que los intereses de la deuda interna presentan la mayor porción de ese pago, los de la externa se situarían este año en su nivel más alto, de 1,1% del PIB, de acuerdo con ANIF.
No es que el problema no trascienda, como parece hacer ver el Gobierno cuando no sale a explicar al público la evolución de las cifras y su efecto en la economía. Si esa labor no la cumple el Ejecutivo, sí lo hacen los bancos de inversión y las agencias calificadoras de riesgo.
A un día de finalizar mayo, el poderoso JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos -asesor por muchos años de Colombia en canalizar inversiones de capital- advirtió de la coyuntura. Sólo el título de su informe del 30 de mayo despierta temores: “Es hora de ajustar el rumbo fiscal: reducir los gastos para lograr la estabilidad”.
A sus clientes, el banco estadounidense les cuenta los enormes problemas de ingresos del estado colombiano, las expectativas de que el Gobierno deba reducir su tren de gasto y el deterioro fiscal del país. Lo que llamó la atención de analistas, como Julio César Iglesias, es que el lenguaje generalmente muy diplomático del JP Morgan en sus informes sobre el país, se vuelve radical en este informe.
“Como se dijo, la virulencia del deficiente desempeño de la recaudación tributaria no fue una sorpresa. De hecho, la mejor métrica para rastrear la liquidez del tesoro a través de los depósitos del Banco de la República ya señaló las dificultades, con los depósitos alcanzando niveles tan bajos como 3,1 billones de pesos en la primera semana de mayo, aunque luego aumentaron la cobertura a 16,2 billones al 24 de mayo”, explicó JP Morgan.
Parece que la hora de “saltar matones” le llegó al país para enfrentar sus obligaciones. Algo a lo que muchas familias y empresas han estado obligadas en los últimos años.
@javimozzo
