Por Fernado Salgado MD
Colombia asiste hoy a una farsa institucional sin precedentes. Resulta inadmisible que el Ejecutivo, mientras presume ante la OCDE un supuesto éxito económico y un crecimiento del PIB del 3,4%, pretenda imponer una Emergencia Económica para gobernar por decreto.
Esta contradicción no es un error de cálculo, es un engaño cínico que los colombianos debemos rechazar, no hay un choque externo imprevisto, hay una quiebra de gestión provocada por la soberbia política.
La «bomba fiscal» que hoy asfixia al país no cayó del cielo, fue construida ladrillo a ladrillo con un gasto público desbocado y una burocracia expandida para alimentar el clientelismo.
Ante el fracaso de su Ley de Financiamiento en el Congreso, el Gobierno busca ahora un atajo autoritario. Pretenden saltarse el debate democrático para tapar, mediante decretos de emergencia, los huecos de una caja que ellos mismos vaciaron en su afán proselitista.
Es urgente que la ciudadanía comprenda la gravedad de este zarpazo, convertir el 4×1000 en 5×1000 o asaltar el patrimonio privado mediante decretos legislativos es un acto ilegal y antijurídico.
La facultad de imponer tributos es exclusiva del Congreso. Permitir que el Gobierno legisle a su antojo bajo el disfraz de una «tragedia inesperada» es validar un fraude a la Constitución y destruir la ya poca seguridad jurídica y financiera que sostiene nuestra economía.
La firma de este decreto por el Consejo de Ministros sería una capitulación histórica ante la arbitrariedad. No se trata de una «razón de Estado», sino de la instrumentalización del caos para evadir el control político. Hoy, la Corte Constitucional es el último dique de contención para evitar que la improvisación y el hambre de poder de unos pocos terminen por sepultar la estabilidad de todos los colombianos.
