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!Más que justo el pedido de perdón en Ocaña!

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Por: José Obdulio Espejo Muñoz

En la mañana del 16 de marzo de 1968, el teniente William Calley y los hombres bajo su mando ‒integrantes de la compañía Charlie del ejército de los Estados Unidos‒ llegaron en helicóptero a las cercanías de la aldea vietnamita de My Lai, entraron en el asentamiento campesino y asesinaron a sangre fría a al menos 500 de sus pobladores. El minuto a minuto de estas cuatro horas de terror está ampliamente documentado.

Durante su juicio, Calley, al mejor estilo de los criminales de guerra nazi en Núremberg, justificó su comportamiento en el cumplimiento de órdenes emanadas de sus superiores. De nada le valió esta estrategia de defensa, toda vez que una corte marcial lo condenó a cadena perpetua, si bien luego fue indultado por la administración Nixon.

Conocí esta historia cuando era teniente del Ejército y recibía mis primeros cursos sobre derechos humanos y derecho de los conflictos armados. Al ver las fotografías de la masacre que tomó el sargento Ron Haeberle, quien era reportero gráfico militar de la compañía Charlie, pensé ‒como pienso ahora‒ que un soldado no puede caer tan bajo y que esta historia estaba lejos de repetirse.

Esta percepción cambió cuando estando aún en servicio activo se empezaron a conocer los primeros casos de los mal llamados “falsos positivos” (el asesinato de los jóvenes de Soacha), tipificados en nuestro ordenamiento interno como homicidios en persona protegida, al tenor del Código Penal. Como bien lo dijo en aquel momento el comandante general de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, atestiguábamos el mayor golpe al centro de gravedad estratégico de las instituciones castrenses: su legitimidad. Para nada estaba equivocado.

Catorce años después, en Ocaña, Norte de Santander, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó este martes y miércoles la primera audiencia de reconocimiento en el marco del macrocaso 03, en la que diez uniformados aceptaron su responsabilidad en 120 episodios de “falsos positivos” en la subregión del Catatumbo, con repercusiones catastróficas para el Ejército y su imagen y reputación, máxime cuando este hecho coincidió con la moción de censura al MinDefensa en el Congreso por cuenta de una cuestionada operación militar en Putumayo.

Con un profundo dolor en mi alma y corazón de soldado del Ejército Nacional en el retiro, debo admitir que la realización de esta audiencia constituía per se una obligación moral de los responsables de estos oprobiosos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Si después de la comisión de estas atrocidades aún existe en ellos una pizca de humanidad y de humanismo, era lo mínimo que podían y pueden hacer los autores materiales e intelectuales de esta conducta típica y antijurídica.

Lo que no comparto y jamás compartiré es que ellos ‒como los condenados en Núremberg y el teniente Calley‒ escuden su responsabilidad individual en el cumplimiento de órdenes superiores. Que la JEP y la comunidad nacional e internacional se traguen o le apuesten a este cuento es una cosa, pero otra es aquella perversa realidad que se esconde tras bastidores y que he denunciado en otros escritos. Estamos en presencia de abyectos asesinos, que, además, se graduaron de traidores para con su familia, la sociedad, el juramento que hicieron, la institución y la patria. 

De hecho, en el dosier que en su momento presentó el mayor general Carlos Arturo Suárez Bustamante, quien para la época fungía como Inspector General de las Fuerzas Militares, queda claro que los autores de estos inhumanos crímenes actuaron en conciencia plena de sus actos, guiados por mezquinos intereses personales ‒ascensos, condecoraciones y comisiones en el exterior, entre otros‒. 

Lo sé y lo escribo porque fui testigo de excepción de este y otros hechos relacionados con algunos detalles escabrosos de estas fechorías, en mi condición de integrante del estado mayor del comando general de las Fuerzas Militares, llegando incluso a confrontaciones ideológicas con superiores, compañeros y subalternos partidarios del negacionismo.

En este punto, es menester reiterar que en las escuelas de formación o de capacitación del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, no se imparten instrucciones de esta naturaleza. Ni siquiera existen documentos formales, doctrinales o de carácter administrativo ‒manuales, directivas, planes, órdenes de operaciones, programas de radio y otros‒ que contengan políticas en este sentido.

Por eso no me trago el cuento y la puesta en escena del teniente coronel Rubén Darío Castro Gómez, del sargento Sandro Pérez, del cabo Nelson Gutiérrez Salazar y de los demás comparecientes en la sesión de Ocaña, quienes en su afán de obtener los beneficios de la JEP ‒condenas entre cinco y ocho años en el peor de los casos‒ excusan su responsabilidad en terceros. ¡Vaya desfachatez!

Tengo claro, además, que el Tribunal para la Paz, en su intención de obtener la respuesta a la pregunta del publicitado mural de los “falsos positivos” ‒¿quién dio la orden?‒, se inclina a creer ciegamente en estas versiones o siempre buscó este resultado. En esta incesantemente cacería de brujas para dar con los máximos responsables, su mirada está enfocada exclusivamente en el presidente de turno y en aquellos oficiales que fungían como comandantes de fuerza, división o brigada en el Ejército y su equivalente en las demás fuerzas. Claro, hasta ahora no cuenta con la prueba reina y basa sus hipótesis en meras «acusaciones de oídas».

Por este motivo, en la necesaria sesión de reconocimiento de responsabilidad en Ocaña, el plato fuerte o trofeo era el brigadier general Paulino Coronado Gámez. Lo que ni la JEP, los colectivos de víctimas o la prensa dicen con absoluta precisión es que él se declaró culpable a título de omisión, toda vez que los imputados por estos “falsos positivos” no estaban bajo su mando y control operacional, a tal grado que la Trigésima Brigada, de la que era su comandante, ni siquiera suplía los requerimientos administrativos de los uniformados de la Brigada Móvil 15. Como escribí en otro medio, “ante tan pobre acervo probatorio, la omisión se ajustó como anillo al dedo a los intereses del sesgado y espurio tribunal»

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