Por Javier Mozzo Peña
El más reciente pronóstico mensual del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no puede ser más elocuente y triste: las víctimas civiles por atrocidades de los conflictos en el mundo, desde Ucrania, pasando por Palestina, Colombia y Myanmar, claman por una tutela judicial efectiva, pero muy pocos las escuchan.
En países separados por miles de kilómetros, las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cada vez se están volviendo más paisaje y se acumulan sin que se vea una real acción por parte de la comunidad internacional para detenerlas y castigarlas.
Lo peor, esa violación a las normas y la ausencia de una aplicación clara de justicia y su correspondiente castigo también se están convirtiendo en gasolina que alienta a cometer más crímenes contra la población civil, con lo que estamos en presencia de una espiral a la que no se le ve fin.
La “tutela judicial efectiva” se ha entendido generalmente como el derecho de toda persona a acceder a los tribunales de justicia para plantear sus pretensiones y defender sus derechos e intereses legítimos; a obtener una solución motivada y fundamentada en el derecho por parte de un órgano competente e imparcial; a contar con un proceso con todas las garantías como el debido proceso y el derecho a la defensa; y que la resolución judicial sea ejecutada, garantizando así la efectividad de lo decidido por el juez o los tribunales.
De acuerdo con la ONU, el aumento de las víctimas civiles por los conflictos en el mundo fue de más de 33.000 únicamente en 2023 en comparación con 2022, equivalente a un 72 por ciento. La proporción de mujeres y niños asesinados se duplicó y triplicó, respectivamente, mientras que los índices de violencia sexual subieron en un 50 por ciento.
La situación no amainó en el 2024 así como tampoco en lo que va del 2025.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres ha calificado como “sombrío y abrumadoramente trágico” el panorama de la población civil en las zonas de conflicto. La comunidad internacional que representa la ONU se queda presenciando las atrocidades cometidas en conflictos armados internacionales y no internacionales, sin que pueda hacer mucho para contenerlos.
El Consejo de Seguridad señala que la impunidad generalizada de las violaciones del derecho internacional humanitario (DIH) parece ser uno de los principales factores de los ataques cada vez más frecuentes y flagrantes contra la población civil en los conflictos armados.
Si bien las estructuras jurídicas e institucionales internacionales que rigen la conducción de la guerra se han vuelto cada vez más sólidas, “la implementación de estos marcos se ha vuelto inconsistente, selectiva y politizada a medida que las tensiones geopolíticas se han intensificado en los últimos años”, indica el documento.
No hay mecanismos efectivos de rendición de cuentas, hay una brecha cada día más amplia entre el marco normativo y las realidades que experimentan los civiles en conflictos en donde se usa armamento de todo tipo y, lo peor, las exigencias contempladas en las resoluciones del Consejo de Seguridad de los últimos 25 años han sido en gran medida desatendidas.
El derecho penal internacional (DPI), principalmente a través de la Corte Penal Internacional (CPI) se ha visto sobrepasado por los acontecimientos que agobian a muchas regiones del planeta, caracterizados por particularidades políticas y jurídicas.
En los casos de Ucrania y Palestina, por ejemplo, se ha impedido un abordaje exhaustivo en las facetas de investigación, castigo y prevención de las conductas delictivas, el establecimiento de responsabilidades y la reconciliación de las sociedades, las cuales son, en últimas, los objetivos principales del DPI.
En ambos casos no ha habido una tutela judicial efectiva. Pese a que se emitieron órdenes de arresto, estas no han sido aplicadas, por razones que van desde la falta de poder de ejecución de la CPI, el rechazo de Rusia e Israel a su jurisdicción y el complejo panorama político.
Las vulnerabilidades son evidentes en los mecanismos de aplicación. Aparte de que no cuenta con una fuerza de policía propia, la CPI depende de la cooperación de sus estados miembros para ejecutar sus órdenes.
Para Guterres “estamos viendo una epidemia de impunidad en el mundo, donde cualquier país o grupo armado cree que puede hacer lo que quiera”. La impunidad hace que la humanidad pierda la fe en sus gobiernos, instituciones, sistemas económicos y políticos. Cuando eso ocurre, la maldad, el abuso, la guerra y las matanzas están[ALM1] al acecho.
Los organismos internacionales no han estado a la altura de las circunstancias. La percepción de impunidad está latente sobre los conflictos donde cada día caen civiles indefensos, también, por un Consejo de Seguridad paralizado frente al veto sistemático de los miembros permanentes; una CPI desobedecida; un principio de complementariedad que exige que solo intervenga cuando los estados no puedan o no quieran investigar y enjuiciar los crímenes; y desafíos logísticos y de seguridad que impiden recopilar y preservar pruebas en entornos peligrosos.
El reto es enorme.
@javimozzo
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