Por: Fernando Salgado – MD

Durante los últimos días se ha mencionado que Colombia enfrenta una “crisis institucional” término que se refiere a la disfuncionalidad existente entre los órganos del poder público para brindar soluciones reales, eficaces, oportunas y satisfactorias, en un contexto de libertades públicas, pluralismo político, bienestar colectivo y de seguridad ciudadana, jurídica y financiera

De las crisis institucionales, tal vez la más recordada ocurrió en Francia a finales del siglo XVIII, cuando cayeron las estructuras feudales que condujo a la descomposición del absolutismo, en el que el poder del gobernante no estaba sujeto a ninguna limitación institucional fuera de la ley divina.

Existía un poder único desde el punto de vista formal, indivisible, e inalienable, algo que han querido revivir sin éxito algunos gobernantes de la extrema derecha e izquierda.

Países emergentes como el nuestro, si bien tienen un rápido crecimiento económico en comparación con las tasas de las economías desarrolladas, no entran en la categoría de estos países por tener una renta per cápita baja y aunque tienen características de un mercado desarrollado, tampoco cumplen con los estándares para serlo.  

En estos países, las crisis institucionales tienen que ver más con la falta de idoneidad en las instituciones y sus funcionarios, en donde parecen no saber o no entender, cómo utilizar los instrumentos democráticos para prevenir  y resolver los principales problemas, al tiempo de no responder por los actos, eso que algunos denominan “NO asumir la responsabilidad política” y que hoy día se diluye aduciendo cometer estos actos porque alguien más los cometía en el pasado.

En una crisis institucional como la de Colombia, el poder no ofrece continuidad entre los objetivos anunciados y los resultados alcanzados, lo que genera una gran incertidumbre, inseguridad,  insatisfacción e inquietudes entre los ciudadanos, un  desajuste que sólo tiene una salida y es la necesidad de introducir reformas profundas a las entidades del Estado y en primera instancia al poder y el sistema judicial, Columna vertebral de la democracia y del estado.

Adicionalmente, garantizar la total independencia de poderes, facilitando espacios de consenso y concertación política.

Fundamental preservar intacta la independencia del Banco de la Republica y desarrollar de una vez y por todas un estatuto anticorrupción verdaderamente eficaz, que castigue ejemplarmente a quienes manejen mal el erario  y por supuesto, introducir reformas a muchas instituciones públicas afectadas por la ineficiencia y la corrupción, cuyos directores deben tener cualidades y calidades técnicas y gerenciales del más alto nivel.  

Pero tal vez lo más importante y es la principal causa de la crisis institucional actual en nuestro país, es actuar en el factor humano, para lo cual es indispensable ahondar en la responsabilidad personal, la responsabilidad jerárquica y la responsabilidad colectiva. 

Sin estas reformas será casi que imposible modificar las costumbres políticas, la corrupción y la polarización, que cada día causa más incertidumbre y la pérdida de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y sus gobernantes y claro, la desconfianza de la comunidad internacional hoy asombrada frente a los graves y bochornosos hechos que ocurren en nuestro país. 

Recuerdo y las palabras de Rosa Luxemburg esa gran mujer y filosofa polaca de comienzos del siglo XX, que decía que “sin libertad de prensa, sin libertad de expresión y reunión, sin la lucha libre de opiniones, la vida en todas las instituciones públicas se extingue, se convierte en una caricatura de si misma en la que solo queda la burocracia como elemento activo”.