Por: José Obdulio Espejo Muñoz

La firma del cese al fuego bilateral entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Gustavo Petro   –en el marco de la llamada Paz Total– podría estar cerrando el capítulo de la novela que narra la cesión paulatina y sistemática que ha venido haciendo el Ejecutivo de la obligación constitucional del Estado de velar por la seguridad de los colombianos.

Esta no es una afirmación guerrerista y proveniente de una posición anti-paz. Bienvenidas todas las iniciativas que puedan hacer realidad el artículo 22 de la Constitución Nacional, pero sin hacer concesiones peligrosas y en desmedro de los derechos y las libertades del grueso de colombianos.

Lo que pasa es que quienes hemos empuñado de manera legítima las armas de la República, tenemos una mirada más holística de los procesos de esta naturaleza.

Dicho en otras palabras, vemos estos asuntos de manera práctica y no nos dejamos llevar por las ideas romanticistas e idealistas, normales tras anuncios como el que se conoció el viernes desde La Habana, Cuba.

Este acuerdo es en esencia vinculante entre las partes, es decir limita la confrontación armada entre los frentes de esta guerrilla y el Estado y sus aparatos de seguridad y de inteligencia  (interprétese, fuerza pública). 

Para mí es claro que el Gobierno expidió una patente de corso para que las cuadrillas elenas se muevan con absoluta libertad en aquellos territorios que dominan de facto  (y en general en todo el territorio nacional), impidiendo que sean objeto de ataque por parte de soldados y policías y viceversa.

Es una verdad de Perogrullo que este cese bilateral no generará un alivio humanitario en las gentes de aquellos municipios donde el ELN hace presencia, como viene repitiendo el Gobierno hasta el cansancio. 

A menos de un par de horas de ser anunciado este cese al fuego bilateral, que muchos calificaron de histórico, el mismo jefe de la delegación del ELN que negocia con el Gobierno, Pablo Beltrán, bajó a todos de la nube al asegurar a la prensa que en el acuerdo no fueron incluidas las operaciones de finanzas de su organización.

Beltrán hacía referencia a delitos como el secuestro y la extorsión, fuente primaria e inagotable de las finanzas del ELN. 

El acuerdo también posibilita a la organización armada ilegal a ejercer control territorial y social ilimitado durante los seis meses que dure el cese en cualquier lugar de Colombia.

En ningún caso, la fuerza pública podrá actuar para prevenir estas conductas criminales, so pena de incumplir el cese bilateral de hostilidades.

De igual manera, la población civil sufrirá los rigores que resulten de las disputas que, en el futuro mediato, tendrían los frentes elenos con las disidencias de las Farc y otros grupos criminales por la hegemonía sobre las economías ilícitas.

Me refiero a la minería ilegal y al tráfico de armas y de personas, entre otras conductas típicas y antijurídicas.

En este orden de ideas, comparto las mismas preocupaciones de analistas como Rafael Nieto Loaiza, quien cree que el cese será aprovechado por el ELN para fortalecer su aparato armado y logístico. 

El reclutamiento forzado de menores de edad será quizá una de las actividades de crecimiento del grupo armado ilegal con tendencia al alza en el próximo semestre.

Si a este obscuro panorama le sumamos la validación desde el Ejecutivo de ejércitos privados bajo la figura de guardias indígenas, campesinas, palenqueras y cimarronas, el margen de maniobra de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se reduce de manera ostensible.  

Al final del día y dada la multicriminalidad que azota a la Colombia urbana y rural, franquiciar la seguridad y ceder el monopolio de las armas a terceros, allana el camino para la confirmación de feudos y lugares vedados para los organismos de seguridad del Estado.

El tiempo dirá si tengo o no la razón, mas no soy tan optimista al respecto.