Por: Javier Mozzo Peña
La principal vía entre Medellín y Manizales en Colombia, está aún en reparación y es sometida a mantenimiento. Constantes “pare y siga” para levantar derrumbes, fallas en la calzada o simplemente pintarla, hacen que los 132 kilómetros que separan a estas dos muy importantes capitales se recorran entre 10 y hasta 12 horas.
Un viacrucis para miles de turistas, comerciantes e industriales que intentaron movilizarse el fin de año, que derivó en enormes costos y frustraciones. Algún alivio en el incómodo recorrido por el cañón del rio Cauca -que registra temperaturas de entre 34 y 37 grados- lo llevaron las decenas de vendedores informales que ofrecen agua, papitas fritas y hasta café bien caliente y dulce.
Sirva la anterior anécdota de viaje para pensar acerca de los “pare y siga” que enfrenta el país en este 2024. Lleno de retos y amenazas en lo económico y social, se percibe que son más los factores que detendrán aún más su economía, con una inflación que ronda los dos dígitos y que espera decisiones contundentes del gobierno. Veamos solo seis factores del “pare”.
Lo primero: la ejecución del presupuesto más abultado de la historia, en la que el gobierno ha dado más muestras de ineptitud que de eficiencia. En ese frente, arrancamos mal el 2024, tras una deficiente ejecución en el 2023, pues a Barranquilla le quitaron la sede de los Juegos Panamericanos del 2027 por pura falta de pago.
En algún lado, por activa o por pasiva, se embolataron los trámites presupuestales y no se giraron los recursos comprometidos a la organización de las justas. Fue una constante en el 2023 la ineficiente ejecución y lo de los Panamericanos fue una muestra de ello, sin que haya señales que mejorará este año.
El segundo está ligado con el bochornoso incidente anterior y es algo que muchos analistas temen: la radicalización del discurso ideológico de Petro. Desde la estruendosa derrota de su partido en las elecciones regionales del 2023, el presidente se ha mostrado más cercano a mandatarios electos que considera de su corriente, quienes esperan que eso se refleje en más recursos.
No es secreto que la familia Char, que gobierna Barranquilla, no está en su radar político, así como tampoco Federico Gutiérrez en Medellín y Alejandro Éder en Cali. Las tres ciudades están entre las más habitadas del país.
Cada día hay más muestras de un fin revanchista en las acciones de Petro, que también ha aplicado con Antioquia, en manos de un partido político de oposición, en este momento urgida por recibir apoyo del gobierno para terminar los proyectos de carreteras -sin que haya respuestas- y al que el presidente le quitó también la delegación minera.
El tercero es el aumento de un 12 por ciento en el salario mínimo, que le impone una dura carga en sus costos a empleadores. Con una economía casi detenida, no hay una estrategia clara del gobierno en reducir otros lastres a quienes generan empleo o dependen de un salario mínimo, como por ejemplo las tarifas de servicios públicos. El incremento deja en vilo la continuidad de miles de trabajos formales, por ejemplo, empleadas de servicio, así como a quienes quieren entrar a la fuerza laboral.
Muy en contra de lo que afirman quienes consideran que el consumo privado y la economía se reactivan con más plata en el bolsillo de los trabajadores, la ciencia económica está llena de evidencia en el sentido que, sin una estrategia clara de flexibilización laboral y salarial en medio de un estancamiento económico, la imposición por decreto de un salario fijo con incrementos por encima de la inflación causada desemboca en desórdenes mayores.
Cuarto, y atado al anterior: El recorte de la tasa de interés a la que el Banco de la República le presta a los bancos comerciales, de apenas un cuarto de punto porcentual ordenado a finales del 2023, apenas se verá reflejado en los costos financieros para empresas y familias, en el mejor de los casos, en año y medio y no en la misma proporción. Hay evidencia de sobra de que la transmisión al público de una decisión en ese sentido no es inmediata.
Un quinto factor es el aumento de los precios de los combustibles para el transporte de carga, vehículos agrícolas y maquinaria pesada, luego de que dueños de carros particulares han soportado el incremento de más de un 50 por ciento en el valor del galón de gasolina, uno de los más altos aplicados en el continente americano.
Tras meter mano políticamente al tema para un objetivo que no se consiguió en las elecciones regionales de octubre pasado, el gobierno aumentará el precio del diésel este año, lo cual se transmitirá, ese sí muy rápido, a todos los bienes de consumo básico de las familias.
Y un sexto factor son los ajustes aplicados en la reglamentación aduanera, que, en vez de facilitar el comercio, lo hacen más complejo y le quita competitividad al país, en opinión de analistas. Aparte del contrabando que tienen que soportar las empresas y una crítica situación generada por un sistema informático deficiente, ahora se imponen demoras en el proceso logístico de exportaciones e importaciones, las cuales completan más de un año deprimidas.
Los “pare” del 2024, sin algo que los alivie, serán incapacitantes para la economía, pero eso parece no ser objeto de atención urgente por la actual administración.
