Los ceses al fuego suelen presentarse como una buena noticia: menos disparos, menos combates, menos muertos, más espacio para negociar. En teoría, son una pausa en la guerra para abrir una puerta a la paz.
Pero un nuevo estudio académico sobre la política de Paz Total en Colombia plantea una advertencia de fondo: cuando esos ceses se decretan sin reglas claras, sin mecanismos fuertes de verificación y sin capacidad estatal para proteger a la población, pueden producir el efecto contrario al buscado.
¿El documento “Paz Total? How Ceasefires Backfire”, publicado en junio de 2026 como Documento CEDE-CESED #32 por la Universidad de los Andes, fue elaborado por los investigadores Daniel Mejía, Andrés F. Rivera y Juan F. Vargas.
Su conclusión central es incómoda para el debate público: los ceses al fuego decretados en 2023 bajo la política de Paz Total no redujeron de manera significativa las formas más visibles de violencia, como homicidios, masacres o ataques terroristas, pero sí estuvieron asociados con un aumento considerable de violencias menos visibles contra la población civil.
La diferencia es clave. Una cosa es la violencia que aparece en titulares nacionales —una masacre, un atentado, un combate— y otra la que se vive en silencio en los territorios: la llamada extorsiva, la amenaza al líder comunitario, el reclutamiento de menores, el confinamiento, el retén ilegal o la imposición de normas por parte de un grupo armado.
Esa segunda violencia no siempre genera una crisis política inmediata, pero puede ser más efectiva para que una organización criminal controle una comunidad.
Qué estudiaron los investigadores
El estudio analiza los ceses al fuego anunciados por el gobierno colombiano a comienzos de 2023 con varios grupos armados y organizaciones criminales dentro de la política de Paz Total. Entre ellos estuvieron disidencias de las Farc, como el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo.
La investigación compara la evolución de distintos tipos de violencia en municipios con presencia de estos grupos frente a municipios sin esa presencia. Para hacerlo, los autores construyeron una base de datos mensual, municipio por municipio, entre junio de 2022 y junio de 2023, con información de la Jurisdicción Especial para la Paz y otras fuentes complementarias.
El tamaño de la política analizada no fue menor. Según el documento, los ceses al fuego cobijaron cerca del 39% de los municipios del país, el 65% del territorio nacional y aproximadamente el 29% de la población colombiana.
Es decir, no se trató de una medida marginal, sino de una apuesta con efectos potenciales sobre buena parte del país.
El hallazgo central: la violencia no desapareció, se desplazó
La principal conclusión del estudio es que los grupos armados habrían cambiado su forma de ejercer violencia durante el cese al fuego. No necesariamente dejaron de ejercer control. Más bien, habrían sustituido acciones visibles y costosas políticamente por otras menos visibles, más difíciles de detectar y más útiles para consolidar poder territorial.
Los autores llaman a esto “sustitución estratégica de la violencia”.
En palabras sencillas: si un grupo armado sabe que una masacre, un atentado o un combate puede poner en riesgo su permanencia en una negociación, puede reducir ese tipo de acciones.
Pero si al mismo tiempo percibe menor presión militar o menor vigilancia institucional, puede aumentar otras prácticas menos escandalosas, como la extorsión, las amenazas o el reclutamiento.
Eso fue lo que encontraron los investigadores. Mientras los homicidios, masacres y ataques terroristas no mostraron cambios significativos, las violencias menos visibles sí aumentaron en los municipios donde operaban grupos cobijados por los ceses.
Los datos más fuertes del estudio
- La extorsión aumentó 337%.
- Las amenazas aumentaron 70%.
- El reclutamiento forzado de menores aumentó 168%.
- La gobernanza criminal —una categoría que incluye retenes ilegales, confinamientos, extorsión, amenazas, reclutamiento y desplazamiento forzado— aumentó 32%.
El estudio también encontró que los enfrentamientos entre fuerza pública y grupos armados se redujeron, así como la letalidad estatal contra combatientes ilegales.
Sin embargo, las operaciones contra economías ilegales no se redujeron de manera significativa. Esto sugiere que el problema no fue simplemente “más o menos Estado”, sino la forma concreta en que se diseñó y ejecutó el cese.
La Paz Total y su problema de diseño
La política de Paz Total buscaba abrir conversaciones simultáneas con organizaciones de naturaleza muy distinta: guerrillas con discurso político, disidencias armadas y grupos criminales con estructuras ligadas a rentas ilegales.
Esa decisión marcó una diferencia frente a procesos anteriores, en los que las negociaciones se concentraban principalmente en organizaciones insurgentes con agenda política reconocible.
El problema, según el estudio, es que la política avanzó sin una arquitectura suficientemente clara. Los autores señalan que los decretos de cese al fuego no tuvieron protocolos robustos, reglas operativas precisas ni mecanismos creíbles de monitoreo y verificación.
En varios territorios, esto pudo generar confusión sobre qué podía hacer la Fuerza Pública, qué estaba prohibido para los grupos armados y cómo se protegía realmente a la población civil.
Ese vacío abrió una ventana de oportunidad para los actores ilegales. Si el Estado reduce la presión militar directa, pero no aumenta al mismo tiempo la vigilancia sobre las formas menos visibles de coerción, los grupos armados pueden aprovechar el margen para fortalecer su control local.
Ahí está el punto más importante del estudio: un cese al fuego no es bueno o malo por sí mismo. Su resultado depende de cómo se diseñe, cómo se verifique y qué capacidad tenga el Estado para impedir que los grupos armados conviertan la pausa militar en una ventaja territorial.
El riesgo de medir la paz solo por los muertos
Uno de los aportes más relevantes del documento es que cuestiona la forma tradicional de evaluar los ceses al fuego. Muchas veces, gobiernos, organismos internacionales y medios de comunicación miden el éxito de estas medidas por el número de homicidios, combates o ataques armados. Si bajan los muertos, se asume que la situación mejoró.
Pero el estudio advierte que esa mirada puede ser incompleta e incluso engañosa.
En muchas zonas del país, el control armado no siempre se expresa en grandes hechos de violencia. A veces se expresa en el cobro mensual a comerciantes, transportadores o mineros; en la orden de no salir después de cierta hora; en la prohibición de hablar con la Fuerza Pública; en la amenaza a un líder social; en el reclutamiento de adolescentes; o en la imposición de reglas de convivencia por parte de una estructura ilegal.
Esa violencia puede no aparecer en las cifras de homicidios, pero transforma la vida diaria de las comunidades. Y, sobre todo, consolida autoridad criminal.
Por eso, el estudio plantea que una política de paz no puede evaluarse únicamente por el silencio de los fusiles. También debe medirse por la libertad real de los ciudadanos en los territorios.
Qué debió hacerse distinto
Los autores no concluyen que los ceses al fuego deban descartarse como herramienta de negociación. La conclusión es más precisa: los ceses al fuego mal diseñados pueden ser contraproducentes.
El documento propone tres escenarios de política pública.
El primero, cese al fuego con monitoreo reforzado.
Según el modelo de los investigadores, para neutralizar los efectos perversos del cese habría sido necesario aumentar en aproximadamente 50% la capacidad de detección de las violencias menos visibles. Eso significa mejores sistemas de denuncia comunitaria, misiones independientes de verificación, presencia territorial y capacidad para identificar extorsiones, amenazas, reclutamiento y confinamientos.
El segundo, cese al fuego con mantenimiento de la capacidad de aplicación de la ley.
En este caso, el Estado no renuncia a perseguir conductas criminales ni reduce sustancialmente su capacidad de reacción. Según este modelo, se podría reducir la violencia visible sin aumentar la violencia menos visible. El problema es político: un grupo sentado en una mesa puede interpretar la acción estatal como una señal de mala fe y levantarse de la negociación.
El tercer escenario, es lo que los autores llaman un diseño óptimo
Se trata de una combinación de presión reputacional sobre los grupos armados y muy poca reducción de la capacidad estatal de imposición. En ese escenario, el estudio estima que la violencia total podría reducirse cerca de 19% frente a los niveles previos al cese. En contraste, el diseño observado habría estado asociado con un aumento de la violencia total.
La lección para Colombia
El estudio llega en un momento clave para Colombia. Después de años de debates sobre seguridad, negociación, sometimiento, justicia y presencia estatal, la Paz Total deja una pregunta de fondo: ¿cómo negociar con grupos armados sin entregarles tiempo, territorio y capacidad de control social?
La respuesta del documento es clara: la paz no se decreta. Se diseña, se verifica y se hace cumplir.
Un cese al fuego puede ser útil si protege a la población, reduce la violencia y abre camino a una negociación seria. Pero puede ser riesgoso si se convierte en una pausa para que los grupos armados reorganicen sus economías ilegales, amplíen su control territorial y sometan a las comunidades con métodos menos visibles.
La discusión, entonces, no debería reducirse a estar a favor o en contra de los ceses al fuego. El verdadero debate es en qué condiciones se pueden pactar, con quiénes, con qué reglas, con qué verificación, con qué consecuencias por incumplimiento y con qué presencia efectiva del Estado en los territorios.
Una advertencia para el próximo gobierno
La principal advertencia del estudio es que no basta con reducir la confrontación armada si al mismo tiempo aumenta la coerción cotidiana contra la población civil. Una política de paz puede mostrar menos combates y, aun así, dejar más indefensas a las comunidades.
El dilema que Colombia debe enfrentar
Si los ceses al fuego no tienen verificación independiente, reglas claras, sanciones creíbles y monitoreo de las violencias menos visibles, pueden terminar sirviendo más a la gobernanza criminal que a la paz.
La paz necesita diálogo, pero también necesita Estado. Necesita negociación, pero también protección. Necesita voluntad política, pero también evidencia.
El estudio de Mejía, Rivera y Vargas deja una conclusión difícil de ignorar: cuando el silencio de los fusiles oculta el aumento de la extorsión, las amenazas y el reclutamiento, no hay paz total.
Hay una violencia que cambió de forma.
