Colgas desafía la Ley de Plazos Justos

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Mientras el ecosistema empresarial colombiano aún lucha por digerir la Ley de Plazos Justos, que establece un máximo de 45 días para el cumplimiento de obligaciones con proveedores, la multinacional Colgas ha decidido romper el molde. En una movida que redefine la responsabilidad corporativa en el país, la compañía anunció que durante 2025 logró reducir sus tiempos de pago a tan solo 7 días para sus proveedores Mipyme.

Liquidez: El oxígeno para el tejido empresarial

La iniciativa no es menor si se tiene en cuenta el panorama actual. Según datos de Fedesarrollo, más del 56% de las empresas encuestadas perciben que los tiempos de pago no han mejorado tras la implementación de la ley vigente. Para una pequeña empresa, esperar 60 o 90 días por un pago equivale a financiar la operación de su cliente con capital propio, asumiendo costos financieros que muchas veces asfixian su crecimiento.

Luis Felipe Ocampo, gerente legal y de asuntos corporativos de Colgas, sostiene que esta decisión nace de una convicción operativa: «Al acelerar los pagos, buscamos reducir la dependencia de financiamiento de corto plazo y construir relaciones comerciales más justas».

Los números detrás de la estrategia

Para aterrizar este modelo, Colgas tuvo que rediseñar su arquitectura administrativa y tecnológica:

  • Alcance: 1.419 pequeñas y medianas empresas beneficiadas en todo el territorio nacional.
  • Volumen: Gestión de 24.337 facturas emitidas por proveedores Mipyme durante el último año.
  • Infraestructura: Optimización de plataformas de recepción y seguimiento continuo para eliminar cuellos de botella en la cadena de facturación.

Un llamado a la gran empresa

El impacto de esta política trasciende las cifras internas de la compañía. Las Mipymes representan cerca del 95% del tejido empresarial en Colombia y aportan aproximadamente el 35% del PIB.

Desde la perspectiva editorial de este portal, el caso de Colgas —que opera bajo marcas como Norgas, Gasan y Gases de Antioquia— se presenta como un referente de cómo la gran empresa puede fortalecer la economía nacional sin necesidad de presiones regulatorias adicionales, simplemente apostando por la sostenibilidad de su propia cadena de suministro.

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