El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026 mediante el cual ordena la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, una de las principales apuestas institucionales de la administración del presidente Gustavo Petro.
La decisión se produce después de que la Corte Constitucional declarara inexequible la Ley 2281 de 2023, norma que había creado esta cartera ministerial. Aunque la Corte encontró vicios de trámite en la aprobación de la ley, decidió aplazar los efectos de su decisión hasta el final de la legislatura 2025-2026 para permitir una transición ordenada.
Con el nuevo decreto, el Ministerio dejará de existir como entidad permanente y pasará a denominarse “Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación”, proceso que tendrá una duración inicial de un año, prorrogable por decisión del Gobierno Nacional.
Un ministerio de corta vida
El Ministerio de Igualdad y Equidad fue creado en 2023 con el propósito de diseñar y coordinar políticas orientadas a reducir desigualdades económicas, sociales y políticas, así como proteger a poblaciones vulnerables y grupos históricamente discriminados. Entre sus responsabilidades estaban programas dirigidos a mujeres, comunidades étnicas, personas con discapacidad, jóvenes y otros sectores considerados sujetos de especial protección constitucional.
La cartera también encabezaba el Sector Administrativo de Igualdad y Equidad, del cual hacían parte entidades adscritas como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) y el Instituto Nacional para Ciegos (INCI).
Las funciones no desaparecen
Aunque el ministerio será liquidado, el Gobierno sostiene que los programas y políticas públicas a su cargo continuarán operando. El decreto establece que las competencias serán redistribuidas entre diferentes entidades estatales para garantizar la continuidad de los programas sociales y de protección de derechos.
Entre las entidades llamadas a asumir funciones del ministerio aparecen el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que deberán recibir competencias, recursos y programas durante el proceso de transición.
La norma también ordena preservar fondos especiales administrados por el ministerio, entre ellos el Fondo “No es Hora de Callar”, destinado a la protección de mujeres víctimas de violencia, y otros mecanismos orientados al cierre de brechas sociales y territoriales.
Qué pasará con los funcionarios
El decreto establece que un liquidador, designado por el Presidente de la República, asumirá la dirección del proceso. Durante los primeros 30 días deberá elaborar un programa de supresión de cargos para determinar qué personal acompañará la liquidación.
Una vez concluya el proceso, los cargos existentes serán eliminados y las relaciones laborales terminarán conforme a la legislación vigente. Sin embargo, el Gobierno señala que deberán respetarse las garantías constitucionales de los trabajadores con estabilidad laboral reforzada y de los servidores próximos a pensionarse.
Un revés político para el Gobierno
La liquidación representa uno de los mayores reveses institucionales para el gobierno Petro. El Ejecutivo intentó salvar la entidad mediante un nuevo proyecto de ley presentado ante el Congreso. Según el propio decreto, la iniciativa alcanzó a superar buena parte de su primer debate y tenía 15 de sus 17 artículos aprobados, pero no logró completar el trámite legislativo antes de que venciera el plazo fijado por la Corte Constitucional.
