En un arranque de sensatez, por parte del Gobierno de Gustavo Petro llegó a un acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) lograron destrabar momentáneamente el brazo de hierro que sostenían por el control de la joya de la corona del sector agrícola.
En una intensa jornada de negociaciones, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura y la dirigencia gremial acordaron firmar una prórroga de cinco meses para el Contrato de Administración del Fondo Nacional del Café (FoNC).
Con este movimiento, las partes desactivan la amenaza inmediata de un «salto al vacío» institucional. Sin embargo, la tregua traslada la responsabilidad final al próximo Gobierno, que será el encargado de suscribir el acuerdo definitivo bajo un panorama que promete transformar las reglas del juego cafetero.
Pragmatismo frente al abismo fiscal
El pulso, que venía escalando en intensidad debido a las ácidas críticas del presidente Petro hacia lo que considera una «oligarquía» burocrática en el gremio , encontró un cable a tierra en la realidad financiera. Un informe confidencial del Laboratorio de Inteligencia Situacional (INSILAB) ya había advertido que una no renovación del contrato resultaría fiscalmente desastrosa para la Nación.
De no haberse firmado la prórroga, el Estado colombiano habría tenido que asumir un pesado inventario de pasivos que el FoNC arrastra por decisiones históricas y coyunturas de mercado:
- El pasivo de la Flota Mercante: Una obligación judicial de la Corte Constitucional que le cuesta al Fondo cerca de $84.000 millones anuales para cubrir las pensiones de los extrabajadores de la extinta Flota Mercante Grancolombiana. Si el Estado tomaba el control directo, heredaba inmediatamente esta deuda indexada.
- El lastre de los contratos a futuro: Un agujero financiero que obligó a la FNC a cerrar posiciones en bolsa por más de US$150 millones tras los incumplimientos de entrega de varias cooperativas entre 2021 y 2024, dejando una deuda contingente de US$114 millones en el sistema.
- Bienes públicos rurales: La gigantesca infraestructura técnica que el Estado no tiene capacidad de reemplazar, compuesta por el centro de investigación Cenicafé y el «ejército de camisas amarillas» del Servicio de Extensión Rural.
Los ejes del nuevo contrato: Las reformas que vienen
A pesar de que el gerente de la Federación, Germán Bahamón, logró un respiro para las 550.000 familias caficultoras al enviar un mensaje de estabilidad , la prórroga no significa mantener el statu quo. Durante estos cinco meses, las mesas técnicas discutirán reformas estructurales exigidas por el Ejecutivo y diversos sectores productores:
- Gobernanza y Representatividad Regional: El mapa del café se movió radicalmente hacia el sur del país. Regiones como Huila, Cauca, Nariño y Tolima concentran hoy la mayoría de la producción nacional. El nuevo contrato buscará indexar los recursos bajo un criterio de equidad territorial, restando peso a la inercia histórica del Viejo Eje Cafetero.
- Democratización desde las bases: En sintonía con las alertas de organizaciones como Dignidad Cafetera, se evalúa la creación de veedurías ciudadanas independientes y cambios estatutarios para que se gobierne pensando en el número de productores y no solo en el volumen de café.
- Autonomía presupuestal y control: Una «muralla china» organizacional que separe las funciones comerciales de la Federación de su rol regulador del mercado (como el Registro de Exportadores), evitando históricos conflictos de interés sectoriales.
El tinto sigue en la mesa
Con la firma de este aplazamiento, Germán Bahamón y los ministros Germán Ávila y Martha Carvajalino compran tiempo en un escenario de precios internacionales históricamente altos y rentabilidad para el grano. El pragmatismo económico se impuso sobre la retórica de confrontación , pero la verdadera reconfiguración de la institucionalidad cafetera colombiana queda en manos de la transición política que se avecina. Las cartas están sobre la mesa y el tinto, aunque menos amargo, se servirá bajo estrictas condiciones de control estatal.
