Documentos revelados, testimonios de altos oficiales y nuevos estudios académicos reabren el debate sobre la Paz Total. Más que un fracaso de política pública, las nuevas evidencias plantean interrogantes sobre el verdadero alcance de los acuerdos con organizaciones criminales.
Las revelaciones de las últimas horas obligan a replantear una de las políticas más importantes del gobierno de Gustavo Petro. Ya no se trata solamente de debatir si la Paz Total fracasó. La discusión ahora es otra: ¿qué fue realmente lo que ocurrió?
Durante casi cuatro años el Gobierno defendió la Paz Total como una apuesta para reducir la violencia mediante el diálogo con todos los actores armados. Sus críticos respondían que la estrategia estaba fortaleciendo a las organizaciones criminales, pero hasta ahora el debate descansaba principalmente en interpretaciones políticas y en los resultados visibles sobre el terreno.
Las revelaciones periodísticas conocidas en las últimas horas, sumadas a nuevos documentos académicos, introducen un elemento diferente: la aparición de evidencia que, de confirmarse plenamente, sugeriría que varias de esas decisiones no fueron simples errores de cálculo ni exceso de confianza en los grupos armados, sino parte de una estrategia deliberada de negociación con estructuras criminales.
Ese cambio de perspectiva modifica el tamaño del debate.
Cuando las sospechas empiezan a tener documentos
La investigación periodística divulgada por Noticias Caracol presentó conversaciones y documentos que apuntan a compromisos entre representantes del Gobierno y miembros del Clan del Golfo. Entre los temas mencionados aparecen la suspensión de operaciones militares, la reducción de acciones de inteligencia, el levantamiento de órdenes de captura y la reorganización de territorios bajo influencia criminal.
Al mismo tiempo, el exdirector de la Policía, general William René Salamanca Zanabria, confirmó públicamente que recibió instrucciones para retirar oficiales especializados en inteligencia e investigación criminal, una decisión que —según su versión— terminó costándole el cargo.
Mientras tanto, Daniel Mejía y los investigadores Juan Fernando Vargas y Andrés Rivera publicaron un estudio que analiza el impacto de los ceses al fuego decretados durante la Paz Total.
Sus conclusiones son contundentes: en las zonas cubiertas por esos acuerdos aumentaron significativamente la extorsión, las amenazas y el reclutamiento de menores, mientras disminuyeron las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública contra las organizaciones criminales.
El otro dato que preocupa
La conversación con Daniel Mejía deja otro dato que merece atención.
Según una investigación elaborada junto con Santiago Tobón, los ingresos derivados del narcotráfico alcanzaron en 2024 aproximadamente 16.500 millones de dólares, equivalentes al 4,4 % del PIB colombiano.
La dimensión económica del narcotráfico habría superado incluso el valor anual de las exportaciones de petróleo, convirtiéndose —según esa estimación— en una de las principales fuentes de divisas del país.
No se trata únicamente de una discusión sobre seguridad.
También es una discusión sobre economía.
Porque cuando una actividad ilegal adquiere semejante tamaño, termina afectando el consumo, el mercado inmobiliario, los precios, la circulación de dinero y buena parte de las economías regionales.
Lo que viene
Las revelaciones conocidas esta semana seguramente no serán las últimas.
Es probable que aparezcan nuevos testimonios de oficiales retirados, nuevos documentos y nuevas investigaciones judiciales.
Será la justicia la que determine responsabilidades individuales.
Pero, más allá de los procesos penales, Colombia tendrá que responder preguntas mucho más profundas.
- ¿Hasta dónde llegó realmente la política de Paz Total?
- ¿Qué capacidad perdió el Estado en inteligencia y control territorial?
- ¿Cuánto tiempo tomará reconstruir esas instituciones?
- ¿Cómo evitar que una política pública vuelva a confundirse con concesiones al crimen organizado?
Menos consignas. Más evidencia.
La historia reciente demuestra que los países no pueden construir políticas de seguridad únicamente sobre discursos.
Necesitan instituciones fuertes, controles efectivos y mecanismos de verificación.
La Paz Total nació prometiendo cerrar el conflicto.
Las revelaciones conocidas esta semana obligan ahora a responder otra pregunta mucho más incómoda:
¿Se negoció realmente la paz… o simplemente se administró el poder de las organizaciones criminales mientras estas se fortalecían?
Esa es la discusión que apenas comienza.
