La narrativa política y el desmantelamiento del estado de derecho

Por: Fernando Salgado Quintero MD MSc

 “Facta non verba” (hechos, no palabras) era el principio rector con el que la Roma clásica medía el temple de sus magistrados. Cuando la inconsistencia dialéctica y el artilugio retórico se superponen a la realidad empírica, no solo se desdibuja el valor de la palabra empeñada, sino que se vacían de contenido los compromisos sagrados de quien ostenta la primacía de la magistratura estatal.

La máxima según la cual “la patria es el pueblo” que mencionara en su discurso el presidente Petro el pasado 20 de julio, pretende evocar un principio republicano indiscutible; sin embargo, en la praxis del mandatario, se ha trocado en el epicentro de un discurso divisivo.

La verdadera estatura de un estadista no se calibra en la elocuencia efectista de la plaza pública ni en la destreza para condensar agravios históricos en consignas melifluas, sino por su capacidad para concertar las voluntades de la nación, pacificar los ánimos e impartir una bonhomía administrativa sobre la cosa pública. A la luz de los hechos, la presente gestión dista dramáticamente de esa condición de trascendencia.

Para comprender esta deriva y advertir el espejismo del mesías y cómo la narrativa política desmantela el Estado de derecho, resulta imprescindible desentrañar la anatomía discursiva del poder contemporáneo.

En el léxico político, un relato es la construcción de una anécdota, un hecho o un fragmento de la realidad interpretado bajo una carga emocional e ideológica intencionada; no busca describir lo que ocurre, sino asignar un sentido dogmático e incontestable a los acontecimientos.

Cuando diversos relatos fragmentarios se articulan de manera sistemática alrededor de un mito fundador (la lucha entre el «pueblo puro» y las «élites corruptas»), el relato cobra cuerpo y se transforma en una narrativa. La narrativa política opera como una mega trama interpretativa que simplifica la complejidad social en una lucha maniquea de buenos contra malos, ofreciendo explicaciones absolutas y soluciones mesiánicas.

En el tono populista, esta narrativa adquiere una fuerza magnética sobre las masas. Su atractivo no radica en la solidez técnica ni en la veracidad empírica de sus postulados, sino en su capacidad de interpelación afectiva: valida los agravios históricos, encauza la frustración colectiva y otorga un sentido de pertenencia moral a una multitud indivisa.

Al identificarse con un líder que se autoproclama encarnación única de la voluntad popular, la masa encuentra un refugio psicológico y político donde la crítica es vista como traición y la ley como un obstáculo burocrático. Es así como la retórica sustituye a la realidad y el mesianismo desmantela paulatinamente las garantías del Estado de derecho.

En una patente desatención hacia la liturgia institucional y el principio de separación de poderes, la instalación de las sesiones del Congreso mediante una alocución audiovisual pregrabada supuso la elusión de un deber constitucional.

Aquel acto, lejos de encarnar la figura unificadora descrita por Alberto Lleras Camargo cuando advertía que el poder republicano debe ser arbitrio imparcial y no facción, prefirió profundizar las fracturas existentes. Es precisamente entre el mito y el caos: la narrativa divisiva como sustituto del buen gobierno, donde se profundiza esta patología del discurso en la parálisis de la nación. Se ha sembrado la sospecha sobre los sectores productivos, erosionando el entramado social bajo la premisa maniquea de que la bonanza de unos exige la postergación de otros.

La propaganda y el populismo, concebido, en la caracterización conceptual de Norberto Bobbio, como la apelación directa a una masa indivisa para deslegitimar los contrapesos institucionales, se han erigido en los instrumentos de una gestión que sustituye la eficacia operativa por la agitación ideológica. Un estadista sintetiza las contradicciones de una sociedad en un horizonte común; la demagogia, en cambio, precisa fragmentar la comunidad política para justificar su propia vigencia.

Bajo la figura del demiurgo de la retórica (entendido como aquel poder que pretende moldear una nueva realidad social a partir de las palabras y no de los hechos), asistimos a una desatención técnica y fractura de la patria donde la fascinación por el dogma y la tendencia a la mitificación se han extendido al ámbito de la técnica y la ciencia.

El imperio de la posverdad impone una quimera retórica frente al rigor de la república; prueba de ello fue la alocución del 20 de julio, en la que el Ejecutivo pretendió validar la eficacia de su modelo de salud preventiva sosteniendo que la disminución absoluta en las cifras de mortalidad infantil demostraba la superioridad de su gestión y la salvación de miles de vidas.

No obstante, como lo ha advertido con rigor la Asociación Colombiana de Epidemiología, pretender fundar atribuciones causales sobre variaciones absolutas sin considerar la dinámica demográfica, las tasas ajustadas y el denominador poblacional constituye una falacia metodológica.

Además, presentar datos desprovistos de contexto científico y acompañados de gráficos inconsistentes no es solo una ligereza comunicativa: es la sustitución deliberada de la evidencia por el relato, pues cuando la estadística se instrumentaliza para construir una épica oficial, la ciencia pierde su rigor y la política su orientación ética.

Sorprende que, frente a los señalamientos por desatención de la seguridad territorial, parálisis legislativa o dilemas de ejecución presupuestal, la respuesta oficial recurra de forma sistemática a la victimización, denunciando supuestos arcanos conspirativos. En un exceso de radicalización, se ha llegado a convocar a la resistencia popular, invocando huelgas y vaticinando el retorno a estadios virreinales de sometimiento si se cuestiona el rumbo gubernamental; es aquí donde se evidencia la fascinación por el dogma: de la elocuencia populista a la parálisis estatal. Reclamar la movilización de las calles desde la cúspide del Poder Ejecutivo entraña una paradoja trágica: la admisión implícita de una incapacidad para traducir la suma de las facultades estatales en resultados palpables.

Como bien anotaba Álvaro Gómez Hurtado, el acuerdo sobre lo fundamental exige someter la pasión sectaria a la majestad de la ley y a la claridad de los hechos. Los cuestionamientos éticos que han rodeado este periodo no hacen más que tensionar la pretendida superioridad moral del discurso oficial, pues cuando la administración de los recursos colectivos pierde su acendrada transparencia, el recurso a la soberanía popular se despoja de sustancia. La patria es su gente, pero también es su arquitectura institucional, la solidez de sus datos y el imperio de su ordenamiento jurídico.

El liderazgo que el país requiere no puede agotarse en el espejismo de las palabras ni en la apropiación mesiánica de la verdad; exige una conducción capaz de construir sobre lo construido, de respetar la rigurosidad técnica y de entender que gobernar es, ante todo, una responsabilidad cívica al servicio de la concordia nacional.

Resulta lamentable que, entre ocurrencias, giros delirantes y una retórica inútil, el presidente Petro haya desperdiciado la oportunidad histórica de demostrar que la izquierda representaba una verdadera alternativa de gobierno, enterrando con ello los anhelos de tantos progresistas genuinos que hoy observan frustrados cómo la elocuencia populista terminó por paralizar y deteriorar las bases del Estado. La patria no se erige sobre la vorágine de la proclama incendiaria, sino en la acendrada devoción por la ley, la verdad incuestionable y la serena continuidad de sus instituciones.