El espejo de la Patria Boba

Por: Fernando Salgado Quintero MD

Ad portas de una nueva conmemoración nacional, el ambiente de las fiestas patrias se ve trastocado por un fenómeno que desvirtúa su esencia republicana. La decisión del gobierno de promover marchas oficiales para el 20 de julio, concebidas no como un acto de cohesión ciudadana sino como una demostración de fuerza y una respuesta directa ante la pérdida de espacios de poder, desborda los canales del ejercicio auténticamente democrático.

Esta dinámica refleja una preocupante estolidez, la ligereza de usar una fecha que pertenece a todos los colombianos para agudizar las divisiones, alimentando un clima de malestar, polarización y desorden en las calles. Intentar medir la legitimidad institucional a través del choque de masas no es un síntoma de fortaleza, sino el reflejo de una ceguera política que repite, con alarmante fidelidad, los peores vicios del pasado.

La historia de las naciones suele ensañarse con sus propios orígenes, pero en el caso de Colombia, el pecado original de la República quedó bautizado con una ironía trágica: la Patria Boba. Aquel periodo comprendido entre 1810 y 1816 no estuvo marcado por la simple ingenuidad o la carencia de luces, al contrario, fue el escenario de una de las generaciones más brillantes, cultas e ilustradas que haya parido el continente.

El equívoco histórico que encierra el término popularizado más tarde por el agudo ingenio de Antonio Nariño, no reside en una falta de inteligencia colectiva, sino en algo mucho más peligroso y perenne, la soberbia del sectarismo y la incapacidad absoluta de algunos gobernantes y sus élites para subordinar sus agendas ideológicas al interés supremo de la estabilidad del Estado.

Para entender la magnitud de aquella fractura, es imperativo desarmar las verdades de manual escolar. La emancipación neogranadina no nació de una epifanía monolítica de identidad nacional, sino de un vacío geopolítico global catalizado por las Abdicaciones de Bayona en 1808 y la audaz resistencia de la Junta de Quito en 1809.

Cuando llegó el celebrado 20 de julio de 1810, lo que se ejecutó en Santa Fe no fue la proclamación de una república madura, sino un libreto político fríamente calculado para deponer al virrey Amar y Borbón bajo la paradójica fórmula de jurar fidelidad al cautivo Fernando VII. Fue una revolución ambigua, un nacimiento institucionalmente difuso que, en lugar de unificar voluntades, desató los demonios de la vanidad intelectual y el faccionalismo.

Apenas se replegó el enemigo común, la primera generación de nuestra vida pública convirtió la diferencia de opinión en una declaración de guerra. El enfrentamiento entre el modelo federalista de las Provincias Unidas, liderado por Camilo Torres desde Tunja, y el centralismo de Cundinamarca, encarnado por Nariño, no se tramitó a través de la concertación o la deliberación racional, sino en el fango de la guerra civil.

Las facciones prefirieron ver las provincias ensangrentadas y las arcas públicas vacías antes que ceder un solo ápice en la pureza dogmática de sus respectivos modelos de país. Es ahí donde la historia deja de ser un archivo inerte y se transforma en una dolorosa analogía de nuestro presente, cuando la política se reduce a la movilización defensiva, a la destrucción del contradictor interno y a la validación de trincheras ideológicas, el aparato institucional se desgasta y la periferia de la sociedad queda en el abandono crónico, desprotegida ante las verdaderas tormentas que se gestan en el horizonte.

El precio de aquella intransigencia fue implacable. Mientras los criollos se desgastaban en debates bizantinos sobre la geografía del poder y la pureza de sus causas, España reorganizaba su maquinaria bélica. El desembarco en 1815 de la expedición punitiva de Pablo Morillo (el «Pacificador»), expuso con crudeza la fragilidad de una república que se creía consolidada solo por su retórica.

El Sitio de Cartagena permanece en la memoria como el monumento más atroz de ese aislamiento, ciento cinco días de hambre, peste y desesperación donde una ciudad abandonada a su suerte por las disputas del interior prefirió consumirse antes que claudicar.

La subsiguiente reconquista no trajo justicia, sino el escarmiento frío del Régimen del Terror. La Corona comprendió que para extirpar la rebelión debía decapitar la inteligencia de la Nueva Granada. Así desfilaron hacia el patíbulo las mentes que debieron construir los cimientos del Estado: Camilo Torres, cuyo verbo fue pagado con la horca y el descuartizamiento; Francisco José de Caldas, el sabio de América, fusilado por la espalda bajo la lapidaria máxima de que «España no necesita de sabios»; y la joven Policarpa Salavarrieta, cuyo coraje civil en el cadalso avergonzó a sus propios verdugos.

Esta eliminación selectiva de la lucidez y el liderazgo no es un hecho aislado del pasado; es una constante violenta que trágicamente se repitió en nuestra historia contemporánea con los magnicidios de Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez Hurtado y, más recientemente, el sacrificio de líderes jóvenes como Miguel Uribe Turbay, demostrando que el sectarismo y la barbarie siempre buscan silenciar las voces llamadas a orientar el destino de la nación.

Junto a ellos, cayó una multitud anónima de artesanos, campesinos y arrieros, las víctimas olvidadas que la historia oficial suele relegar al pie de página, quienes pusieron el cuerpo para sostener una guerra que los líderes declararon, pero no supieron gestionar. Casi perdimos el país antes de haber aprendido a gobernarlo.

La lección que nos hereda 1816 es de una vigencia escalofriante. La desunión radical, la confrontación azuzada desde el poder y la polarización sistemática no son ejercicios inofensivos de retórica política; son invitaciones abiertas al colapso institucional. Un Estado cuyas fuerzas vivas se dedican a deslegitimarse mutuamente y a fracturar la calle termina por vaciar sus propias instituciones, volviéndose vulnerable a la anarquía o al autoritarismo.

La mirada de estadista exige entender que la viabilidad de la República no depende de la victoria absoluta de una facción sobre otra, ni de la imposición de una narrativa mediante la presión social, sino de la capacidad para pactar consensos mínimos sobre los cuales construir el porvenir.

Para edificar el país que queremos, es indispensable mirar el espejo de la Patria Boba, un recordatorio brutal de que la soberbia del dogma y el desprecio por el orden republicano siempre los termina pagando la libertad de los ciudadanos.