El gremio de las AFP reitera que, según la Ley 2381 de 2024, los recursos de quienes se trasladan de régimen deben permanecer bajo administración privada hasta que se consolide la pensión. El Decreto 415 de 2026 del Gobierno Petro enfrenta una lluvia de críticas y frenos judiciales.
La puja por el control de los ahorros pensionales en Colombia ha escalado a un nuevo nivel de tensión institucional. Asofondos ha denunciado que el intento del Gobierno Nacional por trasladar de forma anticipada los recursos de los afiliados que se acogieron a la «ventana de oportunidad» hacia Colpensiones contraviene el marco legal vigente.
Puntos clave del conflicto:
- El blindaje del Artículo 76: La Ley 2381 de 2024 establece que los recursos no se trasladan automáticamente; su destino final es el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo administrado por el Banco de la República, no el gasto corriente de Colpensiones.
- Advertencias de organismos de control: La Procuraduría y la Contraloría han coincidido en que el Ejecutivo no puede redefinir el alcance de la ley mediante decretos (como el 415 de 2026), advirtiendo riesgos de convertir ahorros de largo plazo en «alivio fiscal de corto plazo».
- Riesgo Macroeconómico: El Banco de la República alertó que un traslado masivo y acelerado afectaría la estabilidad de los mercados locales, especialmente los títulos de deuda pública (TES).
Actualmente, unos 120.000 colombianos ya han hecho uso de esta oportunidad de traslado, moviendo aportes anuales estimados en $690.000 millones.
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