Bogotá, Diciembre de 2021. Cientos de víctimas de falsos positivos, privación injusta de la libertad y lesiones a jóvenes que prestaron el servicio militar obligatorio siguen esperando el pago de sus reparaciones ordenadas por sentencias judiciales.
El Gobierno Nacional, a través del decreto 960 del 22 de agosto de 2021, solicitó una prórroga para el decreto que reglamenta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), lograr acuerdos de pago sobre sentencias y conciliaciones que se encuentren en mora hasta el 31 de octubre del presente año, con cuentas de cobro acumuladas incluso desde el 2014.
La situación, que se complicó más por las medidas adoptadas en la administración pública para enfrentar la pandemia, ya que en las entidades no se cuenta con los recursos humanos, técnicos o financieros para gestionar los acuerdos de pago conforme al PND.
“Se han generado suspicacias entorno al proceso de pago que ha determinado el PND vigente y sus Decretos subsiguientes, porque se conocen unos pocos casos de ciudadanos a los que sí se les realizó el pago de manera ágil, mientras que otros beneficiarios, con turnos de pago más antiguos, todavía siguen esperando”.
Alexa Estupiñán, abogada de ConactivosUna alternativa para muchos colombianos que adelantan demandas contra Estado es la compra de sentencias, ya a pesar de tener un fallo a su favor, tienen que esperar 7 años o más para recibir el dinero de la reparación, de esta forma Conactivos se ha convertido en una opción para muchos beneficiarios, ya que pueden recibir sus pagos en un lapso no mayor a cuatro meses.
Las entidades que más acumulan deudas por pagos de sentencias son el Ministerio de Defensa con COP$5.8 billones, Fiscalía General, $ 2.6 billones y Policía Nacional, $ 2.1 billones. Montos que siguen aumentando debido a que el presupuesto asignado cada año para el pago de este rubro, no alcanza ni a cubrir el 10% de la deuda existente.
Aumentando la difícil situación socioeconómica de la mayoría de los beneficiarios de sentencias con una grave afectación a su calidad de vida y la de sus familiares, que incluso fallecen sin que reciban el dinero al que tienen derecho.
Aunque la ley determina realizar pagos en un tiempo no mayor a 18 meses, la realidad se aleja ampliamente de esos términos, y en muchos casos, se demora hasta más de 7 años para que víctimas de privación injusta de la libertad, de malas actuaciones de entidades públicas o de falsos positivos, reciban su pago. Para 2019, la deuda acumulada por sentencias y conciliaciones sobrepasaba los $ 10 billones, según la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.
