Bogotá D.C., 23 de enero de 2026. En un movimiento que ha encendido las alarmas de todo el sector energético, el Gobierno Nacional, bajo el paraguas del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, ha expedido el Decreto Legislativo 0044 de 2026. Lo que se presenta como una «solución» a la crisis de liquidez de las comercializadoras, especialmente por la millonaria deuda de la intervenida Air-e, es visto por expertos y gremios como una maniobra que traslada el costo del problema a quienes precisamente son los acreedores.
El análisis técnico es claro: el decreto no es fiscalmente neutro. Al contrario, introduce distorsiones que afectan la rentabilidad y disparan el riesgo regulatorio en un momento crítico para la seguridad energética del país.
Las dos nuevas cargas para los generadores
El Decreto 0044 no se anda con rodeos e impone dos obligaciones extraordinarias que golpean directamente la caja y la operación de las empresas de generación:
- Contribución Parafiscal del 2,5%: Se aplicará sobre la Utilidad Antes de Impuestos (UAI) de la vigencia 2025. Las empresas deberán realizar un pago anticipado del 1,25% el próximo 2 de febrero y el saldo en mayo.
- Aporte en especie del 12%: Los generadores hidráulicos deberán entregar obligatoriamente el 12% de la energía vendida en bolsa durante todo el 2026. A cambio, recibirán un descuento tributario del 50% en el impuesto de renta, pero valorado al precio más bajo entre la bolsa y el promedio de contratos.
Un mecanismo de «autopago» forzado
La mayor crítica radica en el destino de estos recursos. Según el documento, la contribución del 2,5% irá al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos para pagar las deudas que la empresa Air-e (bajo control estatal desde septiembre de 2023) tiene con los mismos generadores.
«El esquema implica que los generadores financian, vía impuesto, el pago de obligaciones que el propio Estado y las empresas bajo su intervención mantienen con ellos».
Esta arquitectura fiscal ha sido calificada por diversos actores como un mecanismo expropiatorio, pues básicamente se le cobra al acreedor para pagarle su propia deuda con su propio dinero.
| Medida | Impacto Principal | Riesgo Asociado |
| Contribución 2,5% UAI | Reducción directa de rentabilidad y presión de caja inmediata. | Desincentivo a la inversión en nuevos proyectos. |
| Entrega 12% Energía | Alteración de la formación de precios en bolsa. | Ineficiencia en el mercado mayorista y señales de escasez. |
Reacciones: «Al filo del abismo»
Los líderes gremiales no han ocultado su indignación ante lo que consideran una «zancadilla» a la estabilidad del sistema.
- Alejandro Castañeda (ANDEG): Afirmó que el decreto es «totalmente inconveniente y raya en lo expropiatorio», cuestionando además la falta de «hechos sobrevinientes» que justifiquen una medida de emergencia de este calibre.
- Acolgen: El gremio manifestó que estas decisiones alteran de forma «intempestiva e injustificada» el marco jurídico, lo que podría frenar las inversiones necesarias para la transición energética y las próximas subastas de cargo por confiabilidad.
- Camilo Sánchez (Andesco): Fue enfático al señalar la irresponsabilidad del Gobierno por no resolver de fondo el problema de Air-e. «Nos están diciendo que nosotros tendremos que hacerle una donación a esas empresas que están en manos de la Superintendencia», advirtió.
Lo que viene: El pulso en la Corte
El futuro de este decreto está ahora en manos de la Corte Constitucional. Los gremios ya han anunciado que solicitarán medidas cautelares para suspender su aplicación. La gran pregunta es si este «parche» financiero para salvar a las comercializadoras intervenidas terminará rompiendo la confianza de un mercado que ha garantizado el suministro eléctrico del país por más de tres décadas.
Por ahora, la señal es de incertidumbre. Mientras el Gobierno busca liquidez inmediata, el sector advierte que el costo a mediano plazo podría verse reflejado en las tarifas de los usuarios y en una menor confiabilidad del sistema.
