El diagnóstico de la ONU ante la era De la Espriella
La publicación del más reciente informe trimestral del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia no parece un trámite diplomático más.
La publicación del más reciente informe trimestral del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia no parece un trámite diplomático más.
Llega en momentos de máxima tensión e inflexión histórica para el país. Con los resultados aún frescos de la segunda vuelta presidencial, el documento de la ONU traza un mapa de ruta crítico para un gobierno electo que ha prometido «mano dura» y un enfoque centrado en la seguridad privada y la lucha contra la corrupción.
Desglosa las alarmas, los vacíos institucionales y las realidades del territorio que a juicio de la ONU tendrá que enfrentar el nuevo ejecutivo a partir del 7 de agosto.
1. La paradoja de las urnas: participación récord y violencia selectiva
El informe de la ONU saluda el carácter democrático de las elecciones: una participación récord del 63 % de los 41 millones de colombianos aptos para votar y el hecho de que ninguno de los más de 13.800 puestos de votación tuviera que ser trasladado por razones de orden público.
Sin embargo, tras la fachada de ese éxito procedimental se esconde una campaña electoral profundamente violenta y polarizada:
- Atentados directos: En Cubarral (Meta), el coordinador de campaña de De la Espriella fue asesinado a mediados de mayo. Dos días antes de la segunda vuelta, una congresista electa del Pacto Histórico y miembros del equipo de campaña del hoy presidente electo sufrieron ataques armados en Antioquia y Cundinamarca.
- Riesgo extremo en las regiones: De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), 386 municipios presentaban riesgos electorales activos, siendo calificados 139 de ellos bajo «riesgo extremo», en particular en el Cauca y Antioquia.
La oposición, liderada ahora por Iván Cepeda desde el Senado destaca el informe, ha insistido en que el estrecho margen electoral (apenas 250.000 votos de diferencia) obliga a un diálogo nacional, mientras que la retórica del gobierno entrante ya genera enorme eco en las redes sociales.
2. Seguridad en los territorios: la descentralización del horror
El diagnóstico de la ONU sobre el conflicto es crudo: la situación en las zonas periféricas sigue siendo sumamente frágil. Los grupos armados ya no solo se disputan rutas tradicionales de narcotráfico, sino el control de la minería ilegal y el dominio de economías ilícitas locales.
El informe resalta tragedias de impacto humanitario profundo ocurridas durante el periodo:
- Masacres civiles: El ataque perpetrado por el Estado Mayor Central (EMC) el 25 de abril en el Cauca, donde la activación de un artefacto explosivo en una carretera mató a 21 civiles e hirió a 35 que viajaban en un autobús.
- Guerra interna entre facciones: Los brutales combates a finales de mayo en el Guaviare entre el EMC y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). La ONU acompañó la recuperación de 50 cadáveres (presuntos combatientes) en la zona; entre las víctimas mortales se identificaron tres niñas y ocho niños, evidenciando que el reclutamiento forzado infantil sigue desangrando al país.
Radiografía del peligro para líderes y firmantes
El gran termómetro del Acuerdo de Paz es la vida de quienes lo firmaron y de quienes lo defienden en las juntas comunales. Aquí las cifras revelan dinámicas contradictorias:
| Grupo Afectado | Cifra Clave en el Periodo / Histórico | Tendencia / Alarma Principal |
| Firmantes de paz asesinados | 5 en lo que va de 2026 (1 en este periodo). 493 desde la firma del Acuerdo. | A la baja en muertes directas, pero aumentan las amenazas, extorsiones a proyectos productivos y presiones de reclutamiento por grupos armados. |
| Líderes sociales asesinados | 33 denuncias recibidas por la ONU entre el 27 de marzo y el 1 de junio de 2026. | Crítica. Siguen sin aprobarse ni implementarse políticas públicas clave de garantías de seguridad y protección territorial. |
| Población confinada o desplazada | 9.553 personas confinadas y 5.272 desplazadas. | Étnica. El 58% de los afectados pertenece a comunidades indígenas o afrocolombianas. |
3. Avances desiguales y el «limbo» institucional de la Paz
El secretario general, António Guterres, insiste en que las zonas donde la violencia es más aguda coinciden exactamente con los territorios donde la reforma rural integral y la reincorporación han sido insuficientes.
El freno de mano en la Reforma Rural
La entrega y formalización de tierras —columna vertebral del Acuerdo de Paz— avanza a cuentagotas.
De los 3 millones de hectáreas prometidas para entrega, el Ministerio de Agricultura reporta apenas 370.000 hectáreas entregadas (y de estas, solo 114.000 cuentan con títulos definitivos). La formalización alcanza 4 millones de hectáreas frente a la meta de 7 millones.
A esto se suma un retroceso legislativo: aunque Gustavo Petro sancionó el 27 de marzo la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, el Congreso saliente clausuró sus sesiones el 20 de junio sin aprobar la ley ordinaria de procedimientos. Esto deja la esperada jurisdicción en el limbo y obliga al nuevo Congreso a reiniciar el proceso desde cero.
Reincorporación sin red de seguridad para el 85 %
Aunque, según la ONU, más de 11.000 excombatientes siguen firmes en su transición a la vida civil, la reincorporación enfrenta retos financieros complejos.
La decisión de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) de suspender en febrero la asignación mensual a 2.600 excombatientes con empleo formal debido a limitaciones fiscales ha despertado gran incertidumbre en los firmantes.
A esto se suma que el 85 % de los excombatientes vive fuera de los antiguos ETCR, lo que los excluye de los programas estándar de vivienda y entrega de tierras, obligándolos a buscar alternativas de subsistencia bajo su propia cuenta y riesgo.
El fin del Ministerio de la Igualdad
Una de las mayores preocupaciones del informe en materia de enfoque de género es el fin del Ministerio de Igualdad y Equidad. Al no lograrse la aprobación del marco legal antes de la fecha límite del 20 de junio de 2026 fijada por la Corte Constitucional, esta cartera dejará de existir, fragmentando las funciones de implementación de las disposiciones de género y del Plan de Acción de la Resolución 1325 en diversas entidades existentes, lo que genera dudas sobre la coherencia de estas políticas a futuro.
4. Reacciones en la esfera pública y redes sociales
El triunfo de De la Espriella ha generado un terremoto político en Colombia y América Latina, y el informe de la ONU cae directamente en este debate:
- La derecha y los partidarios de De la Espriella: En redes sociales como X, simpatizantes del presidente electo celebran la postura de «ley y orden». Han utilizado el informe de la ONU —especialmente las alarmas sobre el reclutamiento forzado, el ataque al autobús en el Cauca y la ineficacia del cese al fuego de las negociaciones actuales— como justificación para suspender los diálogos de paz y pasar a una ofensiva militar total. Figuras internacionales de la derecha, como el presidente argentino Javier Milei, felicitaron efusivamente a De la Espriella tras su triunfo. Lo interpreta como un freno definitivo al socialismo del siglo XXI en la región.
- La oposición y defensores del Acuerdo: Desde sectores del Pacto Histórico y organizaciones de derechos humanos se lee el informe con suma preocupación. Advierten que el desmantelamiento institucional (como la caída del Ministerio de Igualdad) y un eventual desinterés del nuevo gobierno por financiar los PDET o formalizar tierras podría desatar una crisis humanitaria aún peor. Hacen eco de la advertencia directa de Guterres: «Las políticas de seguridad y las iniciativas de paz pueden reforzarse mutuamente de forma armoniosa».
El reto existencial del Acuerdo
El informe de la ONU envía un mensaje sutil pero contundente al nuevo gobierno: la paz no es la antítesis de la seguridad; de hecho, la seguridad es imposible de alcanzar en Colombia sin cumplir el Acuerdo de Paz.
El plan de gobierno de De la Espriella, enfocado en el crecimiento impulsado por el sector privado y el fortalecimiento de las fuerzas militares, chocará inevitablemente con la cruda realidad del abandono estatal en las regiones rurales.
Los esfuerzos por combatir el narcotráfico y la minería ilegal serán estériles si el nuevo Congreso no aprueba la Jurisdicción Agraria y si el Estado no garantiza la tenencia legal de la tierra para los campesinos, quienes hoy siguen desprotegidos ante las mafias locales.
La Misión de Verificación de la ONU, cuyo mandato expira en octubre, ya se está moviendo para entablar diálogos de transición con el equipo de De la Espriella.
La gran pregunta para el segundo semestre de 2026 es si el nuevo presidente optará por la vía del pragmatismo institucional y mantendrá el apoyo internacional para la paz, o si Colombia se encamina hacia una nueva era de confrontación ideológica que ponga en riesgo una década de esfuerzos de reconciliación.
Aquí el Informe de la ONU:
